Marcos Silva Martínez

El modelo económico-político colombiano, manejado por sectores políticos de derecha,  extrema derecha,  empresarial y oportunistas de la politiquería, por su orientación y objetivos, hacen imposible un crecimiento y desarrollo socioeconómico integral y equitativo. Es lo que ha prevalecido durante más de 200 años.

Esa estructura de poder, cohabita con la corrupción, la inmoralidad, la inoperancia  y laxitud institucional. La estructura institucional se  instrumenta desde los órganos del poder público y la codicia de los gobernantes y cuenta  con complicidad de la sociedad.

La corrupción es  más dañina y criminal,  que el accionar de las organizaciones guerrilleras, organizaciones criminales y de delincuencia común, juntas. Sus efectos castigan gravemente a todos los ciudadanos, garantizan el despilfarro del presupuesto y el incumplimiento de las obligaciones político-sociales del Estado.

El  origen y existencia de las organizaciones criminales de cuello blanco, tienen relación directa con la irresponsabilidad y debilidad institucional, con el poder legal y el modelo socioeconómico.

La inequidad socioeconómica e injusticia social, son crecientes, como  la corrupción.

Organizaciones no gubernamentales, señalan cifras billonarias  robadas del presupuesto público, cada año. Investigaciones  comprueban algunas.  Pero el poder institucional, no entiende la gravedad del crimen,  ni quiere  articular procedimientos, para derrotar  el flagelo.

La  corrupción y la descomposición moral y ética del poder, han alcanzado dinámicas que se tornan  incontenibles. La corrupción  propició  el  colapso de los partidos políticos y  descomposición moral generalizada del poder público.

Los resultados del ejercicio del poder en general, en todos los niveles, son exponencialmente nefastos y se refleja en el desorden social, la pobreza y la miseria, el desempleo y subempleo, la inseguridad ciudadana y el subdesarrollo económico industrial, la impunidad, inoperancia, laxitud y corrupción del aparato judicial

De ese caldo de cultivo se nutren los Carteles de la Toga, del Soat, de la compra y venta de fallos judiciales entre exmagistrados y jueces corruptos, carteles de la contratación y de pensiones, de los medicamentos e Invima, del papel higiénico, de la salud, de la hemofilia, de Comfamiliar del Huila y Medilacer, de los alimentos escolares etc., etc.  Se pudrió la sal.

Los resultados de las investigaciones  son cosméticos o ridículos. Lo robado, robado se queda.

¿La institucionalidad y el poder al servicio de los delincuentes?

Muchos hechos que investiga la Fiscalía, sobre asaltos a los recursos público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la mayoría duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción ha torpedeado los procesos y evita resultados   en derecho.  Esos  delincuentes, han gozado de la impunidad en la justicia y complicidad social, al convertirlos en personajes admirados, mientras se apropiaban de lo que legítimamente le correspondía y corresponde a miles de ciudadanos necesitados y excluidos.

Los criminales de cuello blanco, cómplices,  cerebros y asociados, deben ser condenados a penas que correspondan a la gravedad del delito y excluidos por ley y sumariamente, de todo lo oficial y del ejercicio profesional. Pero eso no ocurre. Quienes deben tomar esas decisiones, protegen intereses y prefieren la anarquía del poder. Ese tipo de decisiones  nunca las aprueba el Congreso, ni el gobierno lo exige.

Pues esas son las condiciones, hechos y resultados del ejercicio del poder, que generan el justo descontento social,  la protesta y la crisis socioeconómica y moral, del estado y la sociedad, condiciones que  tipifican un  estado fallido. A protestar todos los ciudadanos, el 21 de noviembre de 2019. Cada gobernante resulta peor que el anterior.

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