RICARDO AREIZA

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La recomposición de los representantes de los trabajadores en el consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Huila, terminó generando un verdadero cisma en la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Argumentando una intromisión de su presidente Julio Roberto Gómez, las más representativas y tradicionales organizaciones sindicales de trabajadores estatales  anunciaron oficialmente la masiva desafiliación de la confederación.

La decisión la firmaron la Federación de Trabajadores del Huila (Fegtrahuila), el Sindicato de servidores públicos trabajadores oficiales y empleados públicos del Huila (Sintradepartamental) y la Asociación de Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Pensionados (Asodemh).

La misma posición la asumió el Sndicato de Trabajadores Oficiales y empresas de Servicios Públicos (Sintraempresas).

Las cuatro agremiaciones congregan a 14 sindicatos con unos 6.000 afiliados aproximadamente con representación en la mayoría de los municipios del Huila.

El cisma

“La agremiación prácticamente por unanimidad aprobó la desvinculación como filial porque a pesar de que la asamblea general había descartado la postulación de Miller Silva Castañeda para representar a los trabajadores de la administración departamental ante la Comfamiliar del Huila, el representante legal de la CGT, Julio Roberto Gómez en contravía de la democracia sindical, vulnerando la autonomía y soberanía de la organización sindical con muy discutibles pretextos postuló a Silva Castañeda, quien apoyado con las intrigas de políticos de la región logró ser reelegido por el Ministerio de Trabajo en esa investidura”, explicó la presidenta Amparo Montes.

La decisión fue comunicada por la junta directiva de la organización sindical, en cumplimiento de lo ordenado por la asamblea general extraordinaria realizada en junio pasado.

Con el paso del tiempo la confianza depositada en la CGT no ha sido honrada en toda su extensión y por el contrario se ha vulnerado nuestra autonomía sindical por la indebida intromisión de Julio Roberto Gómez.

“El presidente de la CGT en una clara extralimitación de sus funciones presidenciales subrepticiamente, a nuestras espaldas postuló a Miller Silva Castañeda a pesar de que la asamblea general había descartado esta posibilidad”, argumentaron las otras organizaciones sindicales.

El veto

Silva Castañeda, fue vetado por múltiples cuestionamientos éticos y disciplinarios en el ejercicio de su actividad sindical. Aun así, el presidente de la CGT lo impuso contra viento y marea, desconociendo la autonomía de las organizaciones sindicales. Silva es uno de los consejeros más antiguos de la entidad, y aliado del ex director Armando Ariza.

Silva, además, “ha venido incumpliendo sus deberes como consejero de Comfamiliar y ahora, ha llegado al extremo de demandar a la propia organización sindical, para desestabilizarla pues pretende un enriquecimiento sin causa alegando los supuestos perjuicios que pasa en cerca de cien millones de pesos”, precisó el pronunciamiento.

“En este contexto, añadió, la desafiliación que hoy le comunicamos no es el fruto de un capricho y de una animadversión personal sino que es un clamor por el respeto a la dignidad y autonomía sindical”, reiteró el documento suscrito por su presidenta, Amparo Montes; Rosa Perdomo, vicepresidenta; Juan Carlos Berjan, fiscal y Sandor Ramírez, tesorero.

Adicionalmente, la dirigente sindical Amparo Montes, renunció como secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional. “Así las cosas, reitero que ante la desafiliación de Sintradepartamental de la CGT necesariamente debo presentar renuncia irrevocable como secretaria adjunta del Comité Ejecutivo Nacional de esta confederación siendo de esta manera consecuente, congruente y coherente con las directrices de la asamblea general del sindicato regional”.

Las cuatro agremiaciones con 6.000 afiliados se salieron de la CGT

Tráfico de influencias

Después de sortear indebidas influencias, el Ministerio del Trabajo designó a los cinco delegados de los trabajadores al consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Huila. Igual ocurrió con el resto de entidades del país.

Los cinco representantes de los trabajadores ante el consejo directivo de Comfamiliar fueron designados por la ministra  de Trabajo Alicia Arango según Resolución  3632, también en vilo.

La CGT logró dos escaños principales y cuatro de los cinco suplentes. Los principales: Oscar Mauricio Cerquera (funcionario de la Fiscalía) y Miller Silva, funcionario de la Gobernación, impuesto por el presidente de la CGT.

El tercer escaño lo mantuvo el actual secretario de Educación del Huila, José Luis Castellanos, en representación de la CUT, cuya designación fue impugnada y se encuentra en suspenso. El cuarto escaño, también de la CUT lo obtuvo Blanca Eliana Ramírez Silva (funcionaria de la Dian). El quinto renglón  le correspondió al delegado de los trabajadores no sindicalizados Aníbal Andrés Charry Bressan.

La tormenta

Como lo había anticipado LA NACIÓN, la polémica designación de los delegados de las organizaciones sindicales, desató una tormenta en las centrales obreras que no amaina. Por el contrario, se avivó no solo con la masiva desafiliación de las agremiaciones sindicales.

La CUT, se apartó del nombramiento de José Luis Castellanos, actual secretario de Educación del Huila y le pidieron al Ministerio del Trabajo la revocatoria directa. La misma reclamación fue elevada ante la Superintendencia del Subsidio Familiar.

De hecho, Castellanos, actual secretario de Educación, renunció desde el 29 de agosto mientras ejerce dicho cargo oficial y en su reemplazo asiste su suplente Eliana Peña. Sin embargo, Castellanos anunció que asumirá el cargo a partir del primero de enero próximo, para un nuevo periodo.

Las centrales obreras indicaron además, que tanto Silva como Castellanos, ambos empleados de la Gobernación, estarían impedidos para ser miembros del consejo directivo. Esa doble representación, configuraría una “comunidad de oficina”, que obligaría a renunciar a uno de los dos.

Según la reglamentación interna, los estatutos y el Código de Ética, aprobados por la Superintendencia de Subsidio Familiar,  esta situación generaría una clara incompatibilidad.

Según esa normatividad, entre los miembros del Consejo Directivo no podrán existir, entre otros, vínculos de asociación profesional, “comunidad de oficina” o sociedad comercial.

Directivos del Consejo Directivo de Comfamiliar, entre ellos Miller Silva y Jose Luis Castellanos.

En el limbo

A la puja interna que libra el sindicalismo regional, se sumó otra demanda instaurada por la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, reclamando los cupos que le corresponde en los consejos directivos de las cajas de compensación familiar del país.

El presidente de la agremiación, Fraydique Alexander Gaitán solicitó a través de una tutela que ordenen al Ministerio del Trabajo, recomponer los cupos asignados en esas entidades, incluyendo a Comfamiliar del Huila.

La tutela fue admitida por el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá atendiendo una orden impartida por el Tribunal Superior de Bogotá.

El despacho judicial vinculó a la Ministra del Trabajo, Alicia Arango, al viceministro de Empleo y a las cajas de compensación del Huila, Barranquilla, Nariño, Cesar, Chocó, Cajamac, entre otras.

Entre otros aspectos reclama que se le de participación como a las demás organizaciones.

Y para rematar, otra acción judicial en marcha, exige que en esta designación deben tenerse en cuenta la equidad de género y por lo tanto, la representación de la mujer  es también otra obligación que se desconoció.

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