Amylkar D. Acosta M.

Amylkar D. Acosta M[1]

Como es bien sabido, ya está en la recta final el trámite y aprobación por parte del Congreso de la República de la reforma al régimen de regalías, con miras a redistribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), oportunidad propicia para introducirle ajustes al funcionamiento y operación del mismo. Desde luego, no necesariamente este ajuste deberá quedar en la Constitución, dado que justamente uno de los objetivos del proyecto de acto legislativo que sometió el Gobierno a la consideración del legislativo fue desconstitucionalizar aspectos que se pueden contemplar en la Ley que lo desarrolle, sin caer en el reglamentarismo.

En cuanto al funcionamiento y operatividad del SGR, así como lo relativo a los trámites para la aprobación de los proyectos de inversión susceptibles de financiar con recursos del SGR, luego de hacer borrón y cuenta nueva del mismo, como lo hace este proyecto de reforma del régimen de regalías, considero que deben repensarse los procedimientos a seguir, pues el sistema de los órganos colegiados de administración y decisión ( OCAD) han sido un fiasco total. A la vista está, que allí se quedaron atorados en los meandros de dicho sistema más de $6 del bienio anterior (2017 – 2018) sin poderse ejecutar. Esto no puede continuar, además debe de ser revisado todo el proceso desde la gestación misma de los proyectos que se financian con recursos provenientes del SGR hasta la ejecución de los mismos, pasando por su correcta priorización, formulación y estructuración, para lo cual se requiere desarrollar capacidades en las regiones.

Una de las razones que se invocaron para la reforma del 2011, por ejemplo, fue impedir la atomización de los recursos y se siguió dando. Así lo pudo establecer la Contraloría General de la República, según esta “los riesgos de dispersión de los recursos de regalías persisten. El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso de los OCAD municipales $1.030 millones y en los OCAD departamentales $3.170 millones”. Por lo tanto, es menester que se establezcan unos parámetros muy exigentes y de obligatorio cumplimiento para que los recursos del SGR se inviertan en proyectos de mayor impacto en la competitividad regional.

Esta es la ocasión, además, para reivindicar la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución Política, transgredida groseramente por la norma que le permite al Gobierno Nacional tener poder de veto en las decisiones sobre la aprobación de los proyectos a los cuales se les asigne recursos del SGR. Así mismo, debe evitarse que, como lo permite la norma vigente, el Gobierno Nacional pueda tener la prerrogativa de entrar a competir por los recursos del SGR con sus propios proyectos frente a los que presenten las entidades territoriales. En este último caso, el Gobierno nacional es juez y parte, porque al tiempo que viabiliza los proyectos tiene la última palabra a la hora de aprobar los proyectos y asignarles los recursos. Esto es absurdo.

También nos parece peligroso que haga carrera la propuesta planteada por la Ministra de Minas y Energía, en el sentido que ella espera que “del presupuesto de regalías de 2020 por lo menos el 10% o 15% se hiciera a través de este mecanismo de obras por regalías”, pues las empresas privadas estarían desplazando a los entes territoriales como ejecutores de sus propios recursos. Ello, con base en lo establecido en la Ley del Presupuesto bienal 2019 – 2020 del SGR. Y, algo muy importante, que no se debe dejar pasar, es lo que se establece en la ponencia, según el cual “el SGR tendrá un sistema presupuestal propio, de iniciativa del Gobierno Nacional”, lo cual viola flagrantemente el principio constitucional de la autonomía territorial. Ello, a todas luces, es inadmisible.

Bogotá, noviembre 22 de 2019

www.amylkaracosta.net

[1] Miembro de Número de la ACCE

Comentarios

comentarios