La Fiscalía tiene lista la acusación contra los cuatro militares que participaron en la muerte de Juan Carlos Aguirre Macías. Todos solicitaron ir a la JEP.

“Montaron una escena, para simular un combate, dejándolo además sin documentos de identificación…”, señala la Fiscalía en la acusación contra un teniente y tres soldados profesionales que estarían comprometidos en el asesinato de Juan Carlos Aguirre Macías en zona rural del municipio de Íquira.

Se trata del teniente Felipe Andrés Ramírez Gómez y los soldados James Horacio Garrica Muñoz, Luis Esper Charry Solano y Wilfredo Villamizar Bautista, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida agravado.

El llamado a juicio contra los militares quedó ‘congelado’ mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), define si el proceso es conocido por ella o continúa su proceso ante el Juez Primero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento.

El aplazamiento fue acogido por el togado al enterarse que los procesados habían solicitado acogerse a la JEP y se encuentran a la espera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les defina la petición. “Como es un caso relacionado con el conflicto armado quien debe definir la situación debe ser la JEP y por ello se ordena remitir el expediente a la sala situaciones jurídicas para que se pronuncie”, manifestó el juez.

 

Discapacitado 

El asesinato de Aguirre Macías, quien sufría lesiones en las manos que le impedían moverlas al igual que los brazos tras un ataque a machete en 1998, ocurrió en la vereda Potreritos en el municipio de Íquira a las 8:30 de la noche del primero de febrero de 2008.

El hombre, ese día hacía las 11:00 de la mañana, con engaños de un trabajo fue llevado a la vereda por un militar, cuando se encontraba sentado en la Calle 28 del barrio Santa Inés de Neiva. “El militar iba con camuflado, con sus botas, con camisa, todo completo, yo lo vi…”, dijo un testigo presencial y amigo de Aguirre.

El uniformado al parecer era conocido de la víctima. “Ya lo habíamos visto varias veces, cuando estábamos sentados tomando una vez llegó ese mismo militar y lo llamó, él salió, hablaron y yo le pregunte qué es lo que quiere ese man y me dijo no es un negocio. Lo vi como dos, tres veces con él”.

 

“Montaron una escena”

La muerte de Aguirre Macías, quien se dedicaba a la comercialización de monturas de gafas, ocurrió a manos de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas número 11 de la Novena Brigada del Ejército.

En la acusación la Fiscalía señala que el teniente Ramírez Gómez señaló en el informe militar que a las 2:00 de la tarde del primero de febrero se adelantó un movimiento motorizado hacia Íquira con el fin de “localizar un grupo de sujetos encargados de cobrar extorsiones realizadas por la guerrilla…”.

Agrega que hacía las 7:50 de la noche se aproximó una motocicleta, le hicieron la señal de alto, el conductor apagó la luz de la motocicleta, “mientras que el parrillero se bajó abriendo fuego, mientras que el conductor aprovechando la sorpresa del ataque dio vuelta a la moto y emprendió la huida…el pasajero cae abatido”, dijo en el informe el teniente Ramírez Gómez.

El fiscal en el escrito de acusación manifestó que los soldados Garrica Muñoz, Charry Solano y Villamizar Bautista, “accionaron sus armas contra la humanidad de Aguirre Macías”

Indica que según lo informado por los militares que participaron en el operativo, al occiso le encontraron un arma corta calibre 38 “señalando además de ser miliciano de la cuadrilla 66 Joselo Lozada de las Farc…”.

Sostuvieron además que el hombre “pretendía realizar un atentado terrorista en los municipios de Nátaga, Íquira y Tesalia.

Mientras que los militares aseguraron que el hombre disparó, la prueba de necrodactilia concluyó que “el hoy occiso ni estaba en capacidad física de disparar un arma de fuego (revólver) ni disparó arma de fuego la noche de su muerte, como lo señalan los militares”, sostuvo la Fiscalía.

En la acusación, el fiscal del caso señaló que demostrará que la afirmación delos militares de haber sido atacados “no corresponde a la realidad, que la reacción no fue en legítima defensa ante la necesidad de salvaguardar sus vidas, que no hubo contacto armado con la víctima…”.

Precisó que la víctima fue ultimada en forma arbitraria amparándose en una misión militar por miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No11, quienes luego de haberle dado muerte “montaron una escena, para simular un combate, dejándolo además sin documentos de identificación para que pasara como una persona no identificada, pues son las personas que se encuentran vinculadas a grupos al margen de la ley…las imágenes que realizaron en la inspección, dejan ver que la escena de los hechos no es una escena real de combate, pues siendo el occiso diestro (derecho), el revólver aparece al lado de su mano izquierda”.

Además lo ultimaron en un sitio retirado de su lugar de residencia…impedía que sus familiares o amigos tuvieran conocimiento de su ejecución, quedando para estos como desaparecido.

 

Excusas públicas

El Estado fue condenado por el asesinato Juan Carlos Aguirre Macías en el municipio de Íquira, luego de que la jueza Novena Administrativa de Neiva, María Nancy Trujillo Áviles, lo hallara responsables de los daños morales y materiales a la familia de la víctima. “No han tenido  claridad respecto de los hechos que rodearon la muerte de su familiar…”.

La jueza señaló que los testimonios de los militares presentan “discordancia y callan en aspectos importantes”, cómo quien fue la persona que les entregó la información que los llevó a adelantar el operativo.

Agregó además que los uniformados no explicaron cuáles fueron las razones para que la persona que conducía la motocicleta no resultara lesionada “ni dada de baja, cuando dispararon hacia quienes ocupaban la motocicleta”.

Sostuvo la togada que surgen “serios” indicios que los miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales  Antiterroristas Urbanas número 11 “simularon la existencia de la hostigación y el enfrentamiento armado, para borrar prueba o indicio sobre la forma y los motivos  que realmente llevaron a los uniformados a acabar con la vida de Aguirre Macías y así direccionar el curso de las investigaciones penales y disciplinarias y lograr que el asunto fuera conocido por la justicia penal militar y el archivo de la actuación disciplinaria”.

La jueza además de condenar pecuniariamente a la Nación-El Ministerio de Defensa y el Ejército, ordenó que en un acto público realizar una petición de excusas a la familia de Juan Carlos Aguirre Macías “deberá contar con la autorización previa de las víctimas…”.

 

Comentarios

comentarios