RICARDO AREIZA

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El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y el ingeniero Elkin Trujillo, gerente del proyecto, se salvaron de la sanción monetaria impuesta por demoras en la reubicación del corregimiento de Vegalarga, ubicado en zona de alto riesgo.

El Tribunal Administrativo del Huila dejó sin piso la sanción impuesta en el trámite de un incidente de desacato y advirtió que pese a las demoras, otros factores ajenos a su propia diligencia contribuyeron a dilatar en el tiempo las medidas para ejecutar las obras de mitigación en Vegalarga. Según el mapa de riesgo, los  corregimientos de Vegalarga y Anacleto García en Tello registran un alto riesgo por flujos de lodo y descomposición de material rocoso. Igualmente están en alto riesgo por las crecientes descomunales del río Fortalecillas, las fuertes inundaciones que asociados con las remociones en masa que podrían generar una catástrofe de imprevisibles, reconfirmadas por técnicos de la Cam.

Además, se suma la amenaza sísmica potencial y la temporada invernal que se constituye en otro detonante. En estas condiciones,  las pendientes de alta montaña pueden precipitarse impactando las viviendas pegadas a la ladera en los dos corregimientos”, reiteró la Cam.

La sanción por desacato fue impuesta por el juez Séptimo Administrativo de Neiva Tito Alejandro Rubiano Herrera, estimando que los dos funcionarios no cumplieron la totalidad de los compromisos adquiridos en los 22 meses de plazo que se pactaron.

En su opinión, esa demora impidió enfrentar en oportunidad las amenazas a los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y la seguridad pública a los que se hallan expuestos sus habitantes.

Los dos funcionarios fueron sancionados con una multa equivalente a 25 salarios mínimos mensuales (aproximados 20,70 millones de pesos cada uno) convertibles en arresto.

La providencia fue anunciada en la última audiencia de verificación verbal celebrada en el 7 de noviembre de 2019.

El pacto de cumplimiento fue aprobado el 25 de abril de 2017 con un plazo de 22 meses. El plazo concertado para su ejecución venció el 9 de abril de 2019 sin lograr los resultados programados.

“De este modo- dijo- se inobservó el plazo a que se sometió el actuar de la administración, pues no satisfizo en su totalidad ninguna de las líneas de acción que fijó como parámetro para cumplir la sentencia aprobatoria y superar la vulneración de los derechos colectivos bajo amenaza”.

En su criterio porcentajes totales de ejecución, sumados en su totalidad como un solo proyecto, no alcanzan a mostrar un avance superior al 50%, según la evaluación del despacho judicial. Sin embargo, otra cosa encontró el Tribunal Administrativo del Huila, al revocar la sanción.

Aunque el plazo inicial está vencido, “no se tiene acreditado el incumplimiento de los hoy funcionarios sancionados, pues como se indicó, estos cuentan con un término de 27 meses contados a partir del 24 de septiembre de 2019 para culminar lo acordado en el pacto de cumplimiento, por lo que la condición temporal no se ha cumplido para tener por desacatada la sentencia”, explicó el magistrado Enrique Dussán Cabrera al resolver la medida en grado de consulta.

Metas y avances

El plan de acción, contemplaba la reubicación por lo menos a 70 familias ubicadas en alto riesgo no mitigable. Además, obras de bioingeniería para mitigación en los sectores que se encuentran en zona de riesgo alto y medio mitigable. Aun así, los magistrados verificaron los avances.

En vivienda, se identificó el predio de propiedad del Municipio de Neiva en la vereda Palacio,  5 kilómetros del poblado, como una posible alternativa para la reubicación de las primeras 16 familias. Este predio que cuenta con los estudios de AVR, los cuales indican que el predio es favorable para reubicación.

Actualmente, está en proceso de elaboración de los estudios de AVR a nivel de detalle en los predios de la zona alta y piedemonte de la ladera aledaña al casco urbano del corregimiento. Además, están pendientes los estudios de AVR en detalle en nuevos predios.

A pesar de los avances, los estudios  han evidenciado que por las condiciones montañosas del terreno y las  amenazas geológicas dificultan la selección del lote para la reubicación de las viviendas.

El plan contempló la reubicación del colegio Roberto Durán, actualmente cerrado por amenaza sísmica.

El nuevo colegio se construirá en un lote de terreno cercano, cuya ubicación y negociación dilató los tiempos previstos, lo mismo que la realización delos estudios de vulnerabilidad. La construcción de la sede central costará alrededor de 3.500 millones de pesos que tendrán que gestionarse con el Ministerio de Educación. El porcentaje de cumplimiento es del 40% en este componente.

El lote para la sede del colegio deberá entregarse adecuado en el 2020 y la construcción de la construcción en el 2022.

En salud, se adelantaron acciones necesarias para la dotación y remodelación del centro médico. El centro de salud, no se ubica en la zona de riesgo.

En la realización del censo y caracterización, implementación del plan de contingencia y otras actividades, el nivel de cumplimiento corresponde al 80%, según el examen de los magistrados.

El Sistema de Alertas Tempranas está siendo instalado en la cuenca del río Fortalecillas, costó 104 millones, se ubicaron las dos primeras estaciones y entrará en operación en los próximos días, conforme lo estableció el Ideam.

“Las descritas actuaciones administrativas acreditan el interés de los funcionarios por acatar la orden impartida y desvirtúan la actitud negligente”, expresó el magistrado Dussán Cabrera, ponente.

Sin dolo

Del recuento de las actuaciones realizadas por los sancionados para cumplir con el plan de acción, en criterio de la Sala integrada por tres magistrados no se demuestra la existencia de dolo o culpa por parte de ellos, para no cumplir lo dispuesto en la sentencia respectiva.

De las pruebas aportadas se evidencia que si bien no se ha llegado al 100 % de los compromisos adquiridos, han desplegado actividades administrativas encaminadas al cumplimiento de la sentencia, de tal suerte que no puede imponerse sanción por desacato argumentando el vencimiento del plazo.

Y más si se tiene en cuenta que se trata de un proyecto de reubicación de 72 familias, en 22 meses, según el plazo inicial en un proceso que no ha sido fácil.

La oposición de las familias,  el duelo que con lleva el desarraigo y la reubicación, generan otros factores que se salen de control de las autoridades.

La corporación judicial examinó además,  los informes presentados por la administración municipal, las actividades adelantadas para cumplir el pacto, y los reportes del comité auditor avalando los avance y la justificación de los retrasos en la ejecución de las metas.  Igualmente resaltó el ajuste del cronograma ante la imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos, incluso avalada por el propio despacho judicial.

El juez Tito Rubiano durante las audiencias de
verificación.

Requerimientos

Aunque el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura han tenido a disposición los recursos económicos para el otorgamiento de subsidios a las familias que van a ser sujetos de reubicación, el Municipio debía cumplir con las nuevas exigencias presentadas por las dos entidades oficiales, entre otros el avalúo catastral y los respectivos censos, circunstancias que también dilataron los tiempos.

“No se puede señalar que los funcionarios han actuado con negligencia pues precisamente se vieron avocados a realizar un nuevo cronograma para poder cumplir con este compromiso”, precisó Dussán Cabrera.

Si bien el juez estimó que el mandatario municipal escudó su responsabilidad en distintas y numerosas circulares, requerimientos y directrices sin que ello estuviese acompañado de un seguimiento o control, lo que impidió avanzar en el logro de las líneas de acción dentro de los plazos, en criterio de los tres magistrados, las numerosas actividades, permiten inferir han impedido el avance para atender los compromisos adquiridos, en el pacto de cumplimiento.

En estas condiciones, “el Tribunal descarta que estos funcionarios hayan actuado con negligencia, y mucho menos se rehúsen a cumplir la orden judicial”.

“Así las cosas, de existir el vencimiento del plazo establecido sin que se hubiere acatado la decisión (primer elemento de la responsabilidad), no se configuró el segundo presupuesto (elemento subjetivo) necesario para que haya lugar a la sanción por desacato”, afirmó el magistrado Dussán Cabrera

En su criterio, se acreditó que los funcionarios emprendieron las actuaciones administrativas para dar cumplimiento al pacto, pero a su vez se han presentado dificultades tanto de índole administrativo como con la comunidad objeto de protección, que impidió en el plazo calculado y pactado, que se llegue al 100 % de los compromisos adquiridos.

Con estas consideraciones revocó el incidente de desacato  y declaró que no hay lugar para imponer la sanción por el juzgado de primera instancia.

La decisión fue respaldada por los magistrados Ramiro Aponte Pino y Jorge Alirio Cortés.

 

El plan de acción

Las obras  de mitigación fueron acordadas en el trámite de una acción popular propuesta por la Defensoría del Pueblo.

El plan de acción tenía un costo calculado inicialmente en 24.938 millones de pesos y debía ejecutarse en 22 meses  a partir del primero de junio de 2018.

Las acciones para Vegalarga, tendría un costo de 14.370 millones de pesos, según el presupuesto inicialmente estimativo por la administración municipal. Para el centro poblado de Anacleto García costará 10.568 millones de pesos.

La primera fase costaba 1.350 millones de pesos. De estos, la Alcaldía de Neiva se comprometió a girar los primeros 750 millones de pesos, 100 millones la Alcaldía de Tello y 500 millones la Gobernación del Huila. Sólo la Gobernación cumplió con 600 millones de pesos, girados en febrero de 2018.

La comunidad de Vegalarga ha criticado las demoras
de la Alcaldía y se resisten a la reubicación.

Amenaza latente

El juez administrativo consideró que los habitantes de los dos caseríos se encuentran en zona de alto riesgo no mitigable con ocasión a las distintas amenazas a las que se encuentran expuestos, se cierne a diario la posibilidad de perder la vida.

“No se pueden desconocer las numerosas acciones que se han adelantado, y las buenas intenciones que han sido expresadas por los incidentados, pero ello no es suficiente a la luz de los principios de responsabilidad y legalidad para superar la amenaza comprobada científicamente, alta y latente, de la población en su vida”.

“La comunidad en lugar de esperar eficiencia en sus servidores, debe es esperar con temor a que no se materialice el riesgo, precisamente por la pública e ineficiente ejecución del compromiso que adquirió la administración municipal.

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