Cecilia López Montaño

Es imposible pensar que puedan darse marchas multitudinarias sin que se generen daños y por consiguiente grandes costos. Como era de esperarse, sin decir que eso era lo deseable, se han generado grandes pérdidas y los empresarios han salido a afirmar que con las marchas han perdido 1,4 billones de pesos representados por daños físicos, freno a la producción y reducción de la demanda de numerosos servicios y bienes. Ni en los países más desarrollados se evitan estos hechos que tienen muchísimos orígenes frente a los cuales muy pocas veces las autoridades logran frenar sus impactos negativos. Lo ideal es poder separar aquellos que realmente son vándalos que aprovechan la oportunidad para robar y de paso destruir de aquellos que están enfocados en la lucha pacífica de los derechos, y de los que malinterpretan lo que significa la protesta y la confunden con los actos violentos. Sin embargo, en el caso de las actuales marchas, ni las autoridades pudieron prevenir lo que sucedió por ejemplo con Transmilenio, ni han podido hasta ahora identificar y castigar a quienes realizaron actos de vandalismo.

Ahora el tema es quien tiene la culpa y en esto se debe ser muy claro. Las marchas son contra el gobierno Duque. Sus prioridades, estrategias, y actitudes que no han respondido a las demandas de una sociedad que esperaba la iniciación de reformas postergadas por el conflicto interno, generaron la profunda insatisfacción que sacó a la gente a la calle. El desprecio por el Acuerdo de Paz y su frase de Paz con Legalidad han incendiado los ánimos de aquellos que durante 5 años vieron los esfuerzos de acabar con este desangre nacional. La caída vertical del apoyo del país al gobierno no ha sido gratuita, entre otras porque sin conflicto armado, la democracia se abrió y la gente volvió a poder expresar su descontento. Esta circunstancia en sus primeras etapas abrió la oportunidad para que se destruyeran bienes y se generara el pánico que ha disminuido la demanda de estos y los servicios que ofrece el sector privado. Obviamente el culpable es el gobierno.

Sin duda, el preferido de la administración Duque ha sido el sector empresarial y sus gremios que de manera insólita han llegado a creer que tenían el poder de gobernar. Solo miren las declaraciones de la ANDI, de FENALCO y ANIF. Esto le ha salido muy caro al gobierno porque las propuestas gremiales en pensiones y en temas laborales son grandes causas de las movilizaciones. La tesis fundamental de Duque ha sido que hay que darles prebendas a los empresarios porque ellos son el motor del crecimiento y los que generan empleos. Más de un punto y medio del PIB en exenciones —$14 billones— que disminuye el peso ya bajo de impuestos sobre el PIB, es la gran colombina para ellos en la Ley de Financiamiento que ahora se llama de Crecimiento y que está en el Congreso para su aprobación.

Ahora algunos de ellos le atribuyen el costo de las movilizaciones a quienes están marchando, y han llegado al descaro de afirmar públicamente que son los que se movilizan los que le están haciendo difícil el gobierno al presidente Duque. Los malos son los colombianos que están ejerciendo su derecho a expresar su profunda insatisfacción con una administración que no responde a sus demandas, que no ejerce liderazgo ni aún dentro de su mismo equipo. Son también ellos los que afirman de nuevo sin sonrojarse que esta marcha es injusta con Duque porque obedece a las deudas históricas que ha acumulado el país en la larga historia de sus gobiernos anteriores y que no han sido causadas en los 15 meses del actual presidente. La verdad es otra: ahora el país no piensa en guerra sino en las necesidades de la población y eso no lo captó un gobierno que no reconoce el conflicto y el Acuerdo de paz. Ese ha sido su profundo error. Por eso es al gobierno Duque al que se debe responsabilizar de los costos de la movilización social de los colombianos.

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