276 familias beneficiarias de un proyecto de vivienda gratuito temen que los recursos se pierdan ante la negligencia de la actual Administración Municipal, sostienen; el caso lo resolvería una tutela, admite Alcaldía.
Han pasado más de seis meses, pero la ilusión de 276 familias aipunas por acceder a un techo no se ha materializado ni con el primer ladrillo.
Del proyecto de vivienda gratuito ‘La Diferencia II’ se beneficiarían en mayor medida madres cabeza de hogar, como Leidy Johana Cifuentes, pero la Administración Municipal “no nos quiere hacer las casas, esto es un problema muy complicado para nosotros”, manifestó.
El auxilio lo tramitó el alcalde anterior, José Sevel Castro Tovar, pero tras la llegada del nuevo mandatario, Octavio Conde Lasso, la iniciativa nunca logró arrancar.
“Yo sentí una felicidad muy grande, saber que voy a tener una casita, que será lo único que voy a adquirir, sería muy triste donde no se llegue a materializar”, lamentó.
Durante estos seis meses, la mayoría de beneficiarios se han reunido e incluso impusieron una tutela, “pero el alcalde nunca se ha manifestado ni nos ha dado una respuesta”, añadió Cifuentes.
En esa misma línea, Yulitza Botero Puentes agregó que les ha llegado información acerca de que el Alcalde “no quiere ejecutar el proyecto, dice que en el lote hacen falta unas zonas verdes para la recreación, que no queda espacio para eso, lo cual es muy raro porque el anterior Alcalde dejó todo firmado y ya habían aprobado las viviendas, prácticamente fue un regalo para las madres cabeza de hogar que no tenemos dónde estar con nuestro hijos”, expuso.
Botero Puentes es madre de dos menores y vive con sus padres porque no cuenta con vivienda propia; “para mí fue muy importante lo que me dejó el alcalde porque para yo comprar una casa sería muy difícil”.
Entre los favorecidos también figuran adultos mayores como María Salamanca, de 60 años de edad; tuvo seis hijos, varios ya mayores de edad y cuida de una de sus hijas quien está en situación de discapacidad. Otra de las hipótesis gira en torno a que las demoras serían por temas políticos, “tal vez haría un compromiso con la gente que le votó y con esta ayuda, que es de nosotros, pagarles”.
El comentario toma fuerza entre las 276 familias porque el pasado martes el Alcalde presentó un proyecto de acuerdo para cambiarle el nombre al proyecto, ahora se llamaría ‘La Voluntad’. “El otro quedaría por fuera y ya no tendríamos derechos, sería él quien ingresaría a la gente que quisiera”, sostuvo Salamanca. La petición por parte de las familias es mayor voluntad.
Podrían perderse
El proyecto de vivienda de interés prioritario por $23.000 millones ($23.203.377.819), fue aprobado con algunos vacíos de información mediante acta 07 del 27 diciembre del 2019, en la Administración anterior, y cuenta con recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad). El proceso de selección de beneficiarios se surtió antes de ser sancionado el auxilio.
El proyecto se rige mediante etapas, la Ocad le impuso al Municipio, como entidad ejecutora, una serie de obligaciones, una de ellas era iniciar la etapa precontractual y contractual en un término no mayor a seis meses, que se cumple este 26 de junio.
“Vencido este término sin que se hubiesen completado dichos requisitos, se podrá solicitar la liberación de recursos para aprobar otros proyectos”, reza el Acuerdo No. 7 del 27/11/2019.
Mediante la resolución 113 del 2019 Planeación Municipal concedió la licencia de urbanización en la modalidad de desarrollo, para el proyecto ‘Urbanización La Diferencia II’, ubicado en la zona urbana de Aipe.
Planeación Municipal hace las veces de secretaría técnica del proyecto, cuyo lote es propiedad del municipio y está identificado con matrícula inmobiliaria número 200-252289. Se desarrollaría en un área de 47.684,84 metros cuadrados, que para realizar las Áreas de Desarrollo se le adicionó un área de 8.656,20 metros cuadrados.
Fue presentado también el plano urbanístico que contiene la representación gráfica de la urbanización, cuadro en áreas, afectaciones, cesiones por zonas verdes, equipamientos comunales y vías locales.
“El proyecto se aprobó con dos votos a favor y uno en contra. El argumento de la Alcaldía es que no han iniciado porque la Ocad de la Gobernación al momento de votar negativo hizo una serie de recomendaciones; una es en relación con los servicios públicos domiciliarios, para los cuales no existía la carta de certificación ni los planos, y otra en relación con los predios. La Alcaldía no las ha subsanado, lo que dicen es que temen arrancar obras con esa serie de observaciones”, indicó Yoan Orlando Garay Díaz, abogado de los beneficiarios.
“Si el Alcalde al 26 de junio no inicia la parte contractual o precontractual, no solicita el CPD por más de $17.000 millones ($17.251.377.819) a la Ocad, el proyecto se hundiría”.
Mediante una tutela que fue admitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva, los favorecidos están apelando a su derecho fundamental a una vivienda digna en conexidad con los derechos fundamentales a una vida digna, dignidad humana, derechos fundamentales que están siendo trasgredidos.
Cambio de nombre
El pasado martes el Acalde, Octavio Conde Lasso, convocó a sesiones extras y puso a consideración del Concejo de Aipe modificar el uso de suelo para efectos de desarrollar un plan de vivienda de interés prioritario mediante Proyecto de Acuerdo 07.
“Se afectan a las 276 familias; el acalde le cambia el nombre al lote donde quedaría ubicado el proyecto y ya no se llamaría ‘La Diferencia’, sino ‘La Voluntad’. Al ir a reclamarle al municipio las viviendas, ya no aparecería el predio como ‘La Diferencia’, sino ‘La Voluntad’, es ahí donde los derechos e intereses de las familias se ven afectados. Esta modificación de uso de suelos ya se realizaron en los años 2016 y 2019, ahora tendría que hacer un ajuste excepcional al esquema de ordenamiento territorial, si se aprueba sería ilegal”. Este martes el proyecto de acuerdo entraría al segundo debate en el concejo.
LA NACIÓN intentó comunicarse con la Alcaldía de Aipe para tener un pronunciamiento al respecto, pero no fue posible. No obstante, desde la Secretaría de Planeación corroboraron que estaban a la espera de lo que determinara la tutela impuesta por las 276 familias.