Sergio Felipe Salamanca Borrero
De forma paralela y progresiva al avance de la pandemia y al consecuencial endurecimiento de las limitaciones a la movilidad, hemos tenido la oportunidad, como sociedad, de presenciar una serie de consecuencias positivas que se han derivado del abrupto cambio en nuestro estilo de vida. Dentro de este grupo de consecuencias, las que más han logrado llamar la atención, son las relacionadas con el ambiente, destacándose la significativa disminución de los niveles de polución, la circulación de animales por zonas urbanas, así como la recuperación de ciertos ecosistemas.
Pero eso no es todo, pues junto con las consecuencias descritas anteriormente, existen unas que, a pesar de no ser tan llamativas y evidentes, están creando las condiciones propicias, de lo que en mi concepto, será uno de los grandes cambios que vamos a vivir durante la siguiente década. En concreto, estoy haciendo referencia a la Justicia.
Ahora bien, es posible que usted se esté preguntando ¿Qué cambio significativo podría derivarse para la Justicia de una situación como la que estamos viviendo? Frente a lo cual también podríamos preguntarnos ¿Qué efectos podrían derivarse para un país y su economía del hecho de que una considerable parte de la actividad judicial se haya “paralizado”? Lo anterior, deja al desnudo una necesidad que ha venido ganando fuerza en los últimos años y que encuentra en esta pandemia, la gota que derrama al vaso, la necesidad de digitalizar la Justicia, que a mi forma de ver, se manifiesta en dos sentidos: i. La digitalización de los expedientes y ii. El uso prioritario de la tecnología para el desarrollo de audiencias y diligencias.
En lo atinente al primer punto, no podemos desconocer los avances que han existido en el país por parte de algunas superintendencias, sin embargo, tampoco podemos desconocer los retos que supone que el grueso de los procesos judiciales siga dependiendo de un expediente físico, haciendo que los juzgados tengan que seguir enfrentándose a la falta de espacio, así como la práctica imposibilidad para funcionarios y litigantes de consultar un expediente de forma remota.
En línea con el punto anterior, tampoco podemos desconocer los esfuerzos que han existido para adaptar al sistema oral algunas salas de audiencia, sin embargo, por cuestiones de eficiencia, costos y capacidad de prestar un servicio ininterrumpido podríamos cuestionarnos sobre la pertinencia de cambiar el paradigma de la presencialidad, por el de la virtualidad, para el desarrollo de audiencias y diligencias.