Jorge Dussán
Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura
El concepto de brecha digital se refiere a la división que existe entre la población para acceder a la sociedad de la información, debido a barreras como la pobreza, la distancia, la educación y la edad. Cuando pensamos en la justicia digital inmediatamente asumimos que estamos en la época de las cavernas y que los servidores judiciales están lejos de utilizar estas herramientas, pero la emergencia sanitaria por la que atravesamos demostró lo contrario.
Aun así, es evidente la falta de competencias digitales de muchos actores en el sistema, incluyendo a los abogados litigantes. Un repaso de los hechos ocurridos recientemente permite visualizar las debilidades que existen para integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones a la administración de Justicia. Cuando el país tuvo conciencia de la magnitud del riesgo que representa esta enfermedad, muchas autoridades adoptaron medidas para prevenir el contagio, siendo una de las primeras el Consejo Superior de la Judicatura, quien ordenó la suspensión de los términos judiciales, excepto en algunos asuntos de índole penal y para el trámite de acciones de tutela y habeas corpus. Desde ese momento, casi la totalidad de los servidores judiciales se recluyeron en sus hogares, pero, al tiempo, los jueces de control de garantías, los jueces de ejecución de penas y las dependencias administrativas que debían radicar los documentos que sobre los asuntos señalados se recibían, comenzaron a familiarizarse con el uso de herramientas informáticas que les permitieran trabajar virtualmente.
Así fue como prácticamente no hubo solución de continuidad en la atención de estas diligencias, realizándose las audiencias con las medidas de protección necesarias y, casi inmediatamente, los jueces empezaron a implementar la realización de audiencias virtuales. En ese momento también respondieron las áreas encargadas de prestarle apoyo a los funcionarios judiciales para que se familiarizaran con las herramientas virtuales: Polycom, Teams, Zoom, Skype, entre otras, quedando claro que cualquier solución que garantizar los derechos de las partes y fuera confiable, podía ser utilizada.
Afortunadamente los inconvenientes que siempre se presentan, se resolvieron rápido. Fueron los jueces quienes pacientemente fueron orientando a las partes en el uso de las herramientas hasta que, finalmente, con sus más y sus menos, el sistema volvió a acoplarse.
En este momento los jueces de las áreas civil, laboral y de familia laboran en sus casas y solo se cumplen las actuaciones relacionadas con acciones de tutela y habeas corpus, pero una vez se levante la suspensión de términos, seguramente responderán con la misma efectividad.
Recordemos que algunas soluciones ya están previstas para evitar que los procesos se entraben: el juez puede fallar sin que asistan las partes; las pruebas deben ser recaudadas por el demandante o el demandado y allegarlas en la oportunidad procesal correspondiente, a pesar de que hay resistencia de muchos a hacerlo; los memoriales pueden presentarse por medios electrónicos; incluso, en algunos distritos judiciales, como en el Huila, las providencias pueden obtenerse en la web, además de que se registran todas las actuaciones que se realizan para consulta pública.
Sin embargo, muchos de los problemas más graves se originan en los mismos usuarios: es extraña la demanda que se acompaña en medio digital; las notificaciones pueden ser muy difíciles de realizar; se presentan errores en la remisión por medios electrónicos de documentos, vídeos o grabaciones; ningún apoderado transfiere copia de sus escritos a la otra parte, a pesar de que es obligación legal; otros rinden culto al papel y exigen la entrega de copias físicas, además de que muchos no son hábiles utilizando las herramientas digitales. En el fondo existe desconfianza sobre la virtualidad, como el señor que necesita ver el sello del banco en el recibo para estar tranquilo de que no le van a cortar los servicios.