El fiscal general, Francisco Barbosa, habla en exclusiva con LA NACIÓN. Dice que están detrás de los funcionarios que aprovechen la pandemia para robarse la plata del erario. Revela la principal hipótesis sobre los crímenes en Algeciras y se compromete a identificar los autores intelectuales del crimen de la periodista Flor Alba Núñez.
Jesús Antonio Rojas Serrano
Hace dos meses, Francisco Barbosa se posesionó como nuevo fiscal general de la Nación. Y esta es su primera entrevista con un medio de comunicación del Huila.
Barbosa accedió a responder a todas las preguntas que le formuló LA NACIÓN. Habla sobre los retos de los fiscales e investigadores en estos tiempos de pandemia, de la libertad masiva de presos propuesta por el Gobierno Nacional y de la violencia de género en esta cuarentena.
Sobre temas regionales, el fiscal Barbosa revela la principal hipótesis sobre los crímenes de los últimos meses en el municipio de Algeciras. Confirma que ya tienen identificados a los autores intelectuales del asesinato de la funcionaria de la Dian, Celia Escobar. Y anuncia “resultados” en la investigación para saber quiénes ordenaron el crimen de la periodista laboyana, Flor Alba Núñez.
También se refiere al estado en que se encuentra el proceso judicial por la elección irregular de Contralor y Personera de Neiva en el período pasado.
El Fiscal General dice que tan pronto pase esta emergencia nacional, visitará la capital huilense.
¿Cómo está trabajando la Fiscalía en estos tiempos de pandemia?
Desde el momento en que el señor Presidente de la República expidió el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, pusimos en marcha una estrategia que hemos socializado con todos los funcionarios de la entidad a través de varias circulares. Estamos trabajando presencialmente para atender los actos urgentes que requiera la ciudadanía y, en la medida de lo posible, nuestros servidores están trabajando en casa, haciendo uso de las herramientas virtuales. No ha sido sencillo, al igual que todos los trabajadores nos hemos tenido que adaptar a la coyuntura, pero tenemos claro que nuestra labor misional es esencial para responder a las demandas de justicia de la comunidad, en especial de las víctimas. Personalmente, tengo largas jornadas en mi despacho en la Fiscalía General y en mi casa. Le puedo asegurar que se está trabajando el doble en estas circunstancias. No hay ni fines de semana, ni horarios. Mi conexión con la Vicefiscal Marta Mancera, con la directora administrativa, el director del CTI, con los delegados, los directores nacionales y con los directores seccionales en todo el país es permanente. Verificamos diariamente las cifras de criminalidad del país. Me ayudó mucho el hecho de que durante mi primer mes como Fiscal General recorrí 11 seccionales y eso cohesionó la entidad. Soy un defensor de mi gente y de mi entidad que hoy por hoy, se ha convertido en un bastión institucional en el país. Al día de hoy, hemos realizado más de tres mil audiencias virtuales.
¿Qué hacer para evitar que funcionarios ‘mani-largos’ en las regiones aprovechen la figura de la calamidad pública para despilfarrar o robarse los dineros del erario? ¿Qué acciones está tomando la Fiscalía?
Hemos diseñado una estrategia para investigar y acusar ante los jueces las distintas irregularidades que cometan todas las personas que tienen a su cargo la administración de los recursos para atender la pandemia, tanto servidores públicos como particulares. En esa línea, conformamos un equipo de trabajo integrado por nuestros mejores fiscales e investigadores, especializados en la investigación de este tipo de conductas delictivas. En estos momentos están trabajando en recopilar toda la información y denuncias que estamos recibiendo desde todo el territorio nacional. Los ciudadanos cuentan con total confianza para denunciar las irregularidades de las que tengan conocimiento.
¿Recibirán castigo penal quienes han aprovechado esta emergencia para la especulación y el acaparamiento?
Claro que sí. Estamos trabajando de la mano con otras autoridades, como la Superintendencia de Industria y Comercio, para investigar y judicializar a los responsables por los posibles hechos de especulación, acaparamiento y otros delitos relativos al Título X del Código Penal. Salvo algunas excepciones como los combustibles, hasta hace poco no se contaba con la normativa que estableciera cuáles son los artículos considerados de primera necesidad por la autoridad competente y cuáles son los precios máximos de venta al público, elementos indispensables para que se tipifiquen las conductas ya mencionadas. Sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 507 de 1 de abril de 2020, a través del cual se autoriza la fijación de precios de listados de productos de primera necesidad para avanzar en nuestras investigaciones. Hemos realizado visitas a las 35 Direcciones Seccionales del País, con un equipo de 80 investigadores destacados del CTI y de las SIJIN correspondientes. Esta actividad derivó en la producción de 54 macro-informes de policía judicial, 13 de ellos destinados a las verificaciones de establecimientos de comercio dedicados a la distribución de productos de primera necesidad y 41 a estaciones de servicio de combustible. Nadie podrá tocar esos recursos. No voy a permitirlo como fiscal general. Esa es mi instrucción en todo el país.
¿Por qué no es partidario de la libertad masiva de presos?
La Fiscalía General de la Nación plantea una salida minimalista y responsable de los presos de las cárceles, desde ningún punto de vista masiva. A quienes salgan se les debe proteger el mínimo vital, pensando con esto en la tranquilidad y seguridad ciudadana y en los derechos de los ciudadanos que no han cometido delitos que son la mayoría de los colombianos. A estos ciudadanos de bien que se encuentran atemorizados y confinados por el virus, el Fiscal General y la Fiscalía General los debe acompañar en esta crisis. Ojalá el Gobierno nacional avance con rapidez en este tema de la salida minimalista. Mujeres gestantes, enfermos terminales o personas condenadas a menos de 5 años deberían estar en la lupa del Gobierno. Para esas personas vulnerables, la Fiscalía propuso que se establezcan lugares de reclusión transitoria en algunos bienes de la SAE, Sociedad de Activos especiales, cuando las condiciones de los domicilios no sean aptas para esas personas. Debemos pensar que con esas garantías mínimas, la ciudadanía estará tranquila y no se nos exacerbará la inseguridad ciudadana. La posición de la Fiscalía es que la crisis actual es de salud por el Covid-19 y por eso debe trabajarse para mejorarla. El hacinamiento no es parte de una crisis excepcional, sino viene de tiempo atrás y no puede pretender resolverse temporalmente. Debe garantizarse en medio de esta crisis que se requieren que las cárceles estén abiertas, con los controles respectivos, porque la delincuencia no para y sigue causando daños. Quien está al frente del tema carcelario es el Inpec y la Fiscalía General de la Nación no puede cumplir esa función, por eso los detenidos en las URI, Unidades de Reacción Inmediata, deben enviarse a las cárceles.
Durante esta cuarentena, se ‘disparó’ la violencia de género. En Neiva, por ejemplo, ha habido un feminicidio, ¿Cómo está actuando la Fiscalía frente a estos casos?
Durante el periodo de aislamiento, entendiendo la complejidad de los escenarios de violencia en los hogares, la Fiscalía estructuró una estrategia con cinco acciones específicas para hacer frente a la situación, atendiendo las necesidades de las mujeres y las competencias de la entidad. La primera es la recepción de denuncias 24 horas al día los siete días de la semana. Todas las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual podrán interponer sus denuncias a través del centro de contacto de la Fiscalía, línea 122 desde celular o a través del correo electrónico denunciaanonima@fiscalia.gov.co, donde encontrarán atención especializada para víctimas de estos delitos. Actualmente se están socializando las líneas de atención a través de medios de comunicación con el mensaje: “En el aislamiento la Fiscalía sigue atendiendo”. En segundo lugar, conformamos un equipo nacional y seccional para investigar y acusar ante los jueces las violencias basadas en género. Las 35 seccionales del país tienen destacados fiscales e Investigadores cualificados en la investigación de violencias basadas en género. La tercera estrategia ha sido prestar un acompañamiento a las seccionales desde el Nivel Central. Pese a que no podemos desplazarnos a ningún lugar del territorio nacional, la Delegada para la Seguridad Ciudadana ha dispuesto un equipo de 11 personas, 5 fiscales, un coordinador, uno para violencia intrafamiliar, dos para violencia sexual y otro para feminicidio, y 6 analistas para asesorar a los fiscales que lo requieran. La cuarta estrategia ha estado concentrada en la formación desde la Dirección de Altos estudios de la entidad, a los funcionarios sobre el abordaje de los casos en el contexto Covid-19. La quinta estrategia ha estado concentrada en la articulación entre la Fiscalía General de la Nación y las Comisarias de Familia para el desarrollo de sus funciones de policía judicial. En el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el cuatro de abril el Centro de Contacto recibió 578 llamadas por violencia basada en género, frente a lo cual se observa un incremento de llamadas en este periodo por ser el principal mecanismo de denuncia en esta coyuntura. Adicionalmente, la Fiscalía continúa recibiendo información por parte de otras fuentes de información e iniciando las investigaciones de oficio. El ingreso diario de noticias criminales a la entidad durante el periodo de cuarentena por el delito de violencia intrafamiliar ha sido menor que en los demás días del año 2020. Diariamente, en promedio estaban ingresando a la entidad 393 por violencia intrafamiliar, en los días de aislamiento obligatorio se han registrado 132 casos por violencia intrafamiliar, registrando un decrecimiento sustancial. Entre el primero de enero y el 19 de marzo de 2020 se presentaron 37 feminicidios y en entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 2020, 12 feminicidios. De estos casos, cinco ya tienen imputación, uno cuenta con orden de captura, cinco están en indagación y uno está precluido por muerte del indiciado.
En el Huila, la Fiscalía se ha caracterizado por atacar fuerte la corrupción. Uno de esos casos emblemáticos es el de la irregular elección de Contralor y Personera de Neiva en el período pasado. Sin embargo, el tiempo está pasando y no se ha producido la primera condena. ¿Qué está pasando?
Se tienen 15 acusados, entre ellos, 11 concejales, dos particulares y la personera y el contralor elegidos para el periodo 2016 – 2019 en Neiva, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, cohecho por dar u ofrecer, obtención de documento público falso y cohecho propio, quienes a través de la comisión de estos delitos manipularon las dos elecciones, mediante la utilización de promesas como pago de dineros y otras prebendas. El 17 de agosto de 2018 se obtienen capturas contra los 15 indiciados, las cuales fueron legalizadas el 24 de agosto. El 27 de agosto se realizaron las imputaciones y se obtuvieron las respectivas medidas de aseguramiento. El 18 de diciembre de 2018 se sustituyeron cinco medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el lugar de residencia. El 20 de diciembre de 2018 se radicó escrito de acusación. El 24 de septiembre de 2019 se dispuso la libertad por vencimiento de términos para los acusados. El 24 de diciembre de 2019 inició la audiencia de acusación, la cual estaba programada para continuar el 13 de marzo de 2020, pero la Juez Tercera Penal de Conocimiento de Neiva se declaró impedida. Se está a la espera de fijación de fecha para continuar con la audiencia de formulación de acusación por parte del Juzgado Cuarto de Conocimiento de Neiva, al que le correspondió continuar con la misma.
¿Cómo van las investigaciones por asesinatos de excombatientes de las Farc y líderes sociales registrados durante los primeros meses de este año en el municipio de Algeciras?
Desde que me posesioné como Fiscal General la Nación fortalecí a la Unidad Especial de Investigación con más de 30 funcionarios, entre analistas, investigadores y fiscales, cuyo trabajo ha permitido continuar aplicando con mayor efectividad la metodología que han construido desde hace dos años y por eso hoy sus investigaciones son con enfoque territorial. Hoy cuentan con 11 proyectos o situaciones de investigación en zonas del país con un alto nivel de victimización contra la población priorizada. Uno de estos proyectos de investigación corresponde a la zona de Algeciras, Huila, en donde la Unidad ha destinado un equipo de funcionarios conformados por una fiscal, un asistente de fiscal, analistas e investigadores de policía judicial, cuya principal misión es esclarecer las afectaciones contra la población que se encuentra en proceso de reincorporación, defensores de derechos humanos y la población civil en general. Se tiene la principal hipótesis de que las afectaciones serían responsabilidad de antiguos miembros de las Farc que habrían seguido delinquiendo después del proceso de reincorporación. Este grupo delincuencial estaría, además, conformado por población civil de la zona. Al parecer, el móvil de estos hechos delictivos es extorsionar tanto a comerciantes como a personas reincorporadas que lideran proyectos productivos en la zona. La Unidad, hoy con enfoque territorial, adelanta acciones investigativas para determinar si este grupo delincuencial mantiene nexos con organizaciones criminales. Hemos logrado esclarecer el homicidio de Ricardo Lee Patiño, sucedido el 16 de diciembre de 2019, en el Quebradón, zona rural de Algeciras. Se identificó al autor material y se está avanzando en las demás personas que participaron en este homicidio; así como las amenazas contra Miguel Alfonso Suarez, sucedidas el 6 de febrero de 2020, lográndose la identificación de las personas que lo amenazaron. En cuanto a los homicidios a líderes sociales ocurridos en 2020, se destacó un equipo de investigadores y fiscal, quienes vienen avanzando en el esclarecimiento. Muy pronto daremos los resultados en esta estrategia, lo que sí puedo garantizar es que, desde el despacho de la Vicefiscal General de la Nación, estamos trabajando en el fortalecimiento del equipo en el territorio que investiga las afectaciones de las que son víctimas los defensores de derechos humanos. Si miramos a nivel nacional encontramos que de los 364 homicidios a defensores de derechos humanos reportados por la ONU, hemos avanzado en el esclarecimiento de 200 víctimas, con un porcentaje del 54.95%. En la estrategia de esclarecimiento de homicidio de reincorporados tenemos 228 afectaciones (entre homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas), logrando un avance de esclarecimiento en 102 afectaciones, correspondiendo a un 44.74%. En el departamento del Huila tenemos 6 afectaciones donde la víctima es un reincorporado, de los cuales se ha logrado el esclarecimiento de tres casos correspondiendo al 50% de avance.
En Algeciras ha circulado insistentemente la versión de que detrás de estos crímenes está ‘El Paisa’, el antiguo jefe de la columna Teófilo Forero de las Farc y hoy líder de las disidencias de ‘Iván Márquez’, ¿la Fiscalía sabe algo de eso?
Con el fortalecimiento mencionado anteriormente en relación con los equipos de policía judicial, analistas y fiscales, se está avanzando de forma cada vez más eficaz y efectiva para recopilar elementos probatorios, evidencia física e información legal que nos permita corroborar esta hipótesis o descartarla y así se lo anunciaremos al país.
El 11 de mayo de 2013 asesinaron a la funcionaria de la Dian de Neiva, Celia Escobar Flórez, un caso que sacudió a la institucionalidad de la región. Los autores materiales fueron capturados. ¿Por qué, después de tanto tiempo, no han caído los autores intelectuales del crimen? ¿Van a caer?
El 10 de mayo 2013, cuando Celia Escobar llegaba a su residencia, fue abordada por dos personas quienes se movilizaban en una moto desde donde le dispararon causándole la muerte a la servidora de la Dian. En este caso uno de los autores materiales del hecho fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión y está pendiente de la sentencia condenatoria de la otra persona que participó en los hechos. Ambos se encuentran privados de la libertad. Se solicitó audiencia de formulación de imputación para dos personas vinculadas como determinadores del hecho delictivo. Está pendiente fijación de fecha por parte del centro de servicios.
En 2015, hubo otro asesinato que sacudió a la sociedad huilense: el de la periodista de Pitalito, Flor Alba Núñez. También fueron detenidos los autores materiales, pero no los intelectuales, ¿Cómo marchan esas investigaciones? ¿En su era como Fiscal General de la Nación tendremos noticias de los ‘cerebros’ de este asesinato?
El homicidio de Flor Alba Núñez se perpetró el 15 de septiembre de 2015. Cuando la periodista ingresaba a las 11:20 de la mañana a las instalaciones de la emisora en la que trabajaba, fue abordada por un sujeto quien le disparo por la espalda. Ese individuo huyó del lugar con la participación de otra persona que conducía una moto. A partir de estos hechos, la Fiscalía inició la investigación logrando la vinculación al caso a dos personas, Juan Camilo Ortiz, quien disparó en contra de la periodista y hoy cuenta con sentencia condenatoria de 47 años de prisión, y Jaumeth Albeiro Flórez, quien conducía para el día de los hechos la motocicleta que le permitió huir a Juan Camilo, y ya fue condenado a 39 años de prisión. Ahora la investigación está concentrada en identificar a los determinadores de este crimen. El proceso fue asignado especialmente a un Fiscal de Derechos Humanos, quien viene abordando varias líneas de investigación en conjunto con policía judicial. Me comprometo a que en poco tiempo lograremos un resultado efectivo en este caso.
Hay otra serie de crímenes que han ocurrido en pueblos huilenses durante los últimos años, en los que las autoridades han actuado eficientemente capturando a los responsables. Muchos de ellos, ahora, están quedando libres por vencimiento de términos, ¿Qué hacer?
Esta Fiscalía no va a permitir la impunidad. He señalado públicamente que mi propósito no es resolver solamente los inventarios de la entidad, sino dar respuestas prontas a la ciudadanía.
¿Quién será el nuevo director de Fiscalía del Huila? ¿Qué retos le tiene?
Estoy evaluando para que pronto exista una persona del más alto nivel. Por lo pronto, la Fiscalía en el departamento está funcionando con rigor. Retos existen muchos. Uno de ellos es que la ciudadanía quiere una Fiscalía General activa en las calles, persiguiendo la criminalidad. Nuestro reto es ese. Quiero que mis fiscales, asistentes y miembros de nuestro CTI estén allí. También quiero una Fiscalía que dialogue con las autoridades sin entrar en coadministraciones de problemas que surgen. Lo nuestro es el control y la sanción judicial, no la administración. En esta coyuntura del Covid-19, a pesar del confinamiento, seguimos en la calle con nuestros actos urgentes y nuestra cercanía con la gente. Es mi instrucción todos los días.
Usted estuvo a finales del año pasado en Neiva y presidió un consejo de seguridad como consejero presidencial para los derechos humanos, ¿Cuándo vendrá en calidad de Fiscal General?
Le tengo un gran cariño al Huila. Allá tengo amigos y personas que aprecio. Una vez esta crisis se levante estaré en el departamento explicando la nueva estrategia para perseguir la criminalidad. El Huila tiene en el fiscal general, Francisco Barbosa, un gran amigo.
¿Cuál es su mensaje para los huilenses en estos tiempos difíciles por cuenta de la pandemia?
Acatar las instrucciones de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación seguirá con sus mandatos constitucionales derivados de los artículos 2 y 250 de la Constitución Política de 1991 de investigar y acusar por los delitos ya cometidos y para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Nuestra entidad en esta pandemia sigue al frente. No hemos suspendido el trabajo en ninguna dirección de la Fiscalía General de la Nación, ni de la parte misional ni de la administrativa. Todos estamos articulados para seguir prestando un servicio eficiente a la comunidad en estos tiempos en los que la ciudadanía necesita aún más una adecuada respuesta de las autoridades frente al crimen. Espero, personalmente, que de esta crisis salgamos más solidarios, más unidos, y que el rencor y el egoísmo queden atrás. Cada mañana, le pido a mi Dios que nos ayude a salir adelante como nación. Espero que el despilfarro, el exceso y fragilidad del sistema moral y económico que nos rodea, cedan para que aprendamos a vivir con los que necesitamos. El ser humano tiene que aprender a interiorizar y a vivir con la comprensión de que el otro existe. Las grandes crisis traen grandes oportunidades de salir adelante. El optimismo, la pasión y la reciedumbre de las personas que lideramos el país en estos momentos inéditos de nuestra historia tienen que sacarnos adelante.