Dayana Méndez Aristizábal
El departamento del Amazonas tiene aproximadamente 80.000 habitantes, cerca de la mitad de su población son indígenas -según el DANE-. Es una región con una extensa y densa selva tropical y que históricamente ha padecido la negación del acceso a mínimos vitales en condiciones de dignidad. Ante esta crisis de salud pública a causa del Covid-19, los datos están revelando que 90 de cada 10.000 habitantes están siendo diagnosticados con este virus, lo cual la convierte en la región con más casos por cada 10.000 habitantes en el país.
Presenta 924 casos confirmados, 1242 casos probables (personas que se encuentran a la espera del resultado de la prueba), 30 muertes confirmadas y 35 más en estudio. De esos casos confirmados, 212 son de población indígena. Leticia, su capital, es el municipio con más alta tasa de incidencia de la enfermedad por cada 100 mil habitantes y con más alta tasa de mortalidad por millón de habitantes en toda Colombia[1]. El departamento cuenta solamente con 68 camas de hospitalización y no tiene unidad de cuidados intensivos.
El primer caso se reportó hasta el día 17 de abril y desde entonces la situación se torna crítica, desde hace unas semanas profesionales de la salud vienen renunciando masivamente tras denunciar la falta de elementos de protección y garantías mínimas para hacer frente a esta situación. En diversos medios de comunicación han explicado la precariedad a la que se enfrentan. Las pruebas que se toman pueden tardar en salir hasta 3 días o más en vuelos a Bogotá, en donde pueden demorarse alrededor de 5 días en ser analizadas y luego regresadas a Leticia, mientras tanto, los/as profesionales de la salud deben manejar la salud y la incertidumbre de los/as pacientes.
Habrán escuchado eso de que el virus nos iguala a todas las personas y que frente a esta pandemia nos mostramos igual de vulnerables. Eso es parcialmente cierto, es verdad que estamos expuestos/as a contraerlo y que en cualquier momento nos puede tocar; pero no podemos pensar esto de manera aislada, sin fijarnos en la realidad de cada territorio y en cómo la desigualdad social una vez más nos demuestra que la gente pobre es la que más sufre. Que los peores índices en materia de salud se dan casi siempre en los contextos con mayores índices de desigualdad social, que aun en los países ricos quienes más sufren las enfermedades son las personas más pobres y que en países tan abiertamente desiguales como Colombia, regiones como el Amazonas (pero podemos pensar también en Caquetá, Huila, Guaviare, Guainía, etc) están demostrando ser una vez más víctimas del absoluto olvido e irresponsabilidad del gobierno nacional.
Esto ha ratificado la absoluta mediocridad del sistema de salud colombiano que privilegia sólo intereses económicos y al que nunca le ha importado la vida de las personas y menos si se trata de personas pobres e indígenas, algo que ya conocíamos, pero que frente a una pandemia está revelando su peor cara. El derecho a la salud no se agota con la mera asistencia sanitaria, alguien que por ejemplo ha podido acceder a agua potable y ha tenido una alimentación asegurada, tendrá mayores posibilidades de desarrollar un mejor sistema inmunológico para hacer frente a las enfermedades, pero eso se garantiza con políticas públicas serias, algo de lo que el gobierno colombiano no conoce.
Cuando esto pase no se nos olvide quién ha querido rescatar a los bancos, las aerolíneas, invertir en cuerpos de seguridad y se ha robado el dinero de la comida y la salud de la gente. Que ni ahora ni después dejemos de ver hacia las regiones más vulnerables y precarizadas, que ni ahora ni después olvidemos quiénes están poniendo las muertes en esta pandemia.
[1] Según datos verificados en la página del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de salud a fecha 15 de Mayo de 2020