La Nación
Decretan primera pérdida de investidura 1 6 julio, 2020
INVESTIGACIÓN

Decretan primera pérdida de investidura

Por haberse desempeñado como enfermera un mes antes de su inscripción, la concejal de Rivera, Luz Yaneth Cortés, no solo perdió su curul, sino la posibilidad de volver a aspirar a cargos de elección popular. Otras 22 demandas entre ellas contra tres alcaldes, están en capilla.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

La concejal de Rivera (Huila) Luz Yaneth Cortés Ríos, no solo perdió su credencial conquistada en franca lid en las elecciones pasadas, sino, que ahora, perdió su investidura que le impedirá hacia el futuro volver a aspirar a cualquier cargo de elección popular.

El Tribunal Administrativo del Huila le decretó la “muerte política” al fallar la primera demanda electoral.

Curiosamente, la acción judicial fue instaurada por su propio partido John Alexander Tovar Ramírez quien obtuvo 188 votos, cuatro votos más que la concejal Luz Yaneth Cortes Ríos. Sin embargo, decidió demandarla argumentando que estaba inhabilitada por la celebración de un contrato con el hospital Divino Niño de Rivera meses antes de su elección.

En efecto Cortés Ríos suscribió como enfermera un contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión No. 021 de enero 5 de 2019 con la Ese municipal con una duración de siete meses y 26 días. El contrato fue terminado por cuatro meses ante el 27 de junio de 2019, como consta en el acta de terminación y liquidación del contrato que soporta la demanda.

Cortés Ríos, se inscribió como candidata al Concejo de Rivera el 27 de julio de 2019 por el partido de la “U”, dentro del término de la inhabilidad lo que originó la demanda.

Decretan primera pérdida de investidura 6 6 julio, 2020
Ingrid Yulieth Ortiz, renunció antes de asumir.

 Caso similar

Por idénticas razones, Raúl Andrés Herrera demandó la elección de la concejal de Hobo Ingrid Julieth Ortíz Trujillo, quien fue avalada por el movimiento Aico.

Según el demandante, la servidora pública incurrió en una inhabilidad al haber firmado y ejecutado un contrato con la ESE del Municipio de Hobo.

La joven concejal ejercía un cargo en el hospital local durante tres meses, entre el 3 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019, es decir, dentro de los doce meses antes de las elecciones del 27 de octubre de 2017. Obtuvo el primer lugar en su lista.

Al confirmar la demanda por esta inequívoca inhabilidad la concejal de Hobo, Ingrid Yulieth Ortiz Trujillo decidió renunciar al cargo, antes de posesionarse. Sin embargo, la acción judicial sigue su curso.

La demanda fue presentada a finales del año pasado. Cortés Ríos, no contestó de la demanda y siguió actuando en la corporación, incluso participó en la elección de la Personera.

La concejal en efecto, antes de lanzarse a la política era  auxiliar de enfermería, y como tal, suscribió un contrato de apoyo al servicio o rotación en el área de consulta externa, promoción y prevención, urgencias y hospitalización.

El contrato finalizó por mutuo acuerdo el 27 de junio de 2019 conforme el acta de terminación y liquidación aportada. Un mes después inscribió su lista. Ese mismo día (27 de julio) se cerraron las inscripciones de las candidaturas a las corporaciones públicas y el 27 de octubre fueron las elecciones donde resultó elegida por 184 votos.

“No hay ningún tipo de prueba acompañada a la demanda, que permita demostrar que la señora Luz Yaneth Cortés Ríos conocía y manifestó o quiso actuar conforme a su conocer o entender una forma contraria o violatoria al ordenamiento jurídico, es decir no hay ninguna acreditación probatoria del dolo”,  expresó el procurador judicial David de la Torre Vargas.

No obstante, la sola condición de inscribirse al cargo implica como mínimo conocer el deber de estar validado su conocimiento de las causales de inhabilidad que pueden predicarse.

“En este caso, se halla demostrada la inscripción que hizo la señora Cortés Ríos como candidata, al haber tenido que certificarlo al momento de inscribirse, es claro que el elemento subjetivo por vía de la culpa se encuentra acreditado”, expresó el agente del Ministerio Público.

En su concepto, queda claro que la concejal Luz Yaneth Cortés Ríos celebró e intervino dentro del año anterior a la elección como concejal y a la inscripción en interés propio un contrato de naturaleza estatal.

La concejal no asistió a los alegatos ni contestó la demanda. Cuando estaba en la etapa final, sorpresivamente presentó su renuncia, estando como segunda vicepresidenta de la corporación.

Decretan primera pérdida de investidura 7 6 julio, 2020
Los 11 concejales de Íquira también fueron demandados.

 Muerte política

Según el Tribunal Administrativo del Huila quedó demostrado que la concejal Luz Yaneth Cortés Ríos ejecutó el contrato de prestación de servicios 021 de 2019 como auxiliar de enfermería con el hospital Divino Niño de Rivera, de manera directa en interés propio, antes de su inscripción.

“Como quiera que el partido político al cual pertenece la demandada tenía el deber legal de conocer la inhabilidad política y por ende la misma interesada se hallaba en similar deber legal de conocer su situación jurídica, el hecho de haberse inscrito pese a estar incursa en la inhabilidad hace inferir que su actuar fue con culpa grave”, explicó el magistrado Enrique Dussán Cabrera.

“Además, dijo, no existe fundamento alguno para inferir que su conducta está exonerada de la culpa grave”.

También hubo negligencia de no verificar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en su aspiración de ser concejal. “Tal hecho no es excusable, aunado a que el partido tenía el deber de conocer la situación jurídica de su candidata”, reiteró el magistrado ponente.

En estas condiciones, la demostrada inhabilidad genera por lo tanto la pérdida de investidura dela concejal del municipio de Rivera.

“De contera, dijo, se ordenará compulsar copia de toda la actuación ante el Consejo Nacional Electoral para que, si es del caso se investigue al Partido Social de Unidad Nacional –Partido de la U-, por la presunta omisión”.

La decisión final se adoptó en una audiencia virtual y está en proceso de notificación. El fallo de pérdida de investidura es la primera que se falla. Pero no será la única, cerca de 22 demandas se vienen tramitando.

 

Alcaldes demandados

El electo y no posesionado alcalde de El Agrado, Carlos Alberto Murcia tiene en vilo su elección y posesión por supuesta corrupción electoral.

El joven político conservador permanece detenido en la cárcel de Garzón, conjuntamente con la ex alcaldesa Waldina Losada Vega y la concejal Bertilda Ramírez Valderrama.

La acción de nulidad electoral fue instaurada por Guillermo Leiva Aguirre, ya admitida. El magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida, en calidad de ponente, ordenó el trámite de la demanda y dispuso la notificación a las partes y al Procurador Judicial.

El demandante denunció, entre otras la entrega de favores personales a cambio de votos a través de programas sociales de la Alcaldía, compra de votos, y trasteo ilegal de electores de otras regiones. Los afectados atribuyen a “presiones de alto nivel” para favorecer al candidato perdedor, lo que originó protestas en la ciudadanía. La alcaldía sigue en interinidad y el alcalde electo, continúa privado de la libertad.

Los alcaldes de La Argentina, Javier Hernán Rincón Silva y de Aipe, Octavio Conde Lasso también fueron demandados y las acciones judiciales se encuentran en trámite. Solo que quedaron congeladas por el cierre de términos, decretado por la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno para contener la pandemia.

El primero fue demandado por Miguel Ángel Calderón Perdomo argumentando que el alcalde de La Argentina estaba inhabilitado.  Las mismas razones se esbozaron durante la campaña. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral avaló su inscripción.

El ingeniero conservador obtuvo 3.879 votos superando al candidato liberal  John Faver Sánchez (2.368 votos) y Fredy Cruz de Cambio Radical (1.178).

Adicionalmente, como medida cautelar solicitó la suspensión provisional del acto administrativo.  Aseguró que Rincón Silva fue inscrito y elegido con violación de la inhabilidad consagrada en la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000.

La norma contempla que no puede ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.

En este caso, su hermano, el ingeniero Jesús Eduardo Rincón Silva, ejerce el cargo de director territorial Huila del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Conde Lasso fue demandado por Armando Chávarro Lugo por supuestas irregularidades en el proceso electoral. El medio de control fue admitido el 15 de enero pasado y quedó lista para audiencia inicial suspendida por las medidas sanitarias.

Concejo en vil

La otra demanda de mayor impacto fue presentada contra todos los once concejales del municipio de Iquira.

La acción de nulidad fue instaurada por el ex concejal Jesús Durán Pineda, del Polo Democrático,  estimando que se registraron supuestas irregularidades en los escrutinios.

En consecuencia pidió la anulación de los formularios E-24 y E-26  y las actas generales de escrutinios, proferidos el 29 de octubre de 2019 por la Comisión Escrutadora Municipal de Iquira.

Igualmente la nulidad de la elección de los concejales electos, John Silvio García Vargas, Olga Lucía Toro Trujillo, Eduardo Quintero Chila, Erminso Montealegre Riaño, Javier Covaleda Campos,  Leandro Ladino Muñoz, Leonardo Oca Dindicue, Yinlander Díaz Cardozo, Jaime Humberto Toro Vallejo, Diego Armando Córdoba González y Javier Velásquez Andrade.

Decretan primera pérdida de investidura 8 6 julio, 2020
Rodrigo Amaya (derecha) diputado de Cambio Radical, demandado.

Otras demandas

La ex diputada Clara Inés Vega emprendió una primera batalla jurídica para recuperar la curul que le ganó en las urnas su copartidario Rodrigo Amaya Culma. La dirigente política de Cambio Radical aseguró que en su caso, hubo falsedad y fraude electoral.

La diputada aseguró que la Organización Electoral le contabilizó 10.822 votos, cuando debió obtener 10.894 votos; y a su contrincante Amaya Culma le registraron 10.874 votos, cuando debieron ser 10.842.

En Neiva, José Camilo Lizcano Triviño promovió otra demanda solicitando la nulidad de la elección del concejal Néstor Iván Rodríguez Andrade del Partido de la U. El concejal actualmente en ejercicio obtuvo 3.181 votos, la más alta votación en su lista.

En Garzón, el ex candidato a la Alcaldía, avalado por la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) José Gabriel Calderón España, demandó la credencial del concejal Armando Muñoz Ramírez de Cambio Radical argumentando que se encuentra incurso en inhabilidad para desempeñar el cargo, al haber fungido dentro de los doce meses anteriores a la elección, como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Brisas de esa localidad.

Saín Aguirre Montealegre demandó la elección de la concejal de Yaguará, de Cambio Radical, Aurora Ramírez Cumbe, por supuesta doble militancia.

 

 

 

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