El economista y exdirector de Induarroz, Silverio Gómez, hace para LA NACIÓN una radiografía del sector arrocero. Advierte una inminente caída de los precios al productor que pagan los molineros y pide que la plata que recibe Fedearroz por la última subasta sea utilizada en la protección directa de los arroceros.
Economista y Periodista
Exdirector de Induarroz
No se discute y hay consenso sobre la protección que se debe dar a los agricultores, aquí y en todo el mundo. El tiempo de los “pregoneros” de que debían competir a “rajatabla” y sin ayudas es historia ingrata. Los países ricos, con toda la tecnología y logística a su disposición, están a la cabeza de ese cuidado especial a la producción de alimentos. En Estados Unidos es un tema de seguridad nacional y en Israel pasa como una demostración de ocupación territorial frente a unos vecinos hostiles. En Europa se cuida al agro y punto.
La Colombia que soñamos como potencia agrícola para abastecer al mundo, cosa casi utópica, debe tener un debate serio y los pocos recursos que se dispone para el efecto, deben usarse con la máxima eficiencia, pues la verdad es que las finanzas públicas son precarias y más ahora que esta pandemia necesita mucho dinero en atención, para favorecer el empleo y evitar una mayor pobreza, asuntos que están en la primera fila de las preocupaciones del país y del gobierno de Iván Duque.
Nuestros agricultores, unos más de otros, se acostumbraron a los aportes oficiales tristemente en función del cabildeo que hagan y poder político de sus gremios, lo cual es injusto y nada democrático. La vía, en unos casos las rentas parafiscales que nadie se atreve a tocarlas o unos extraordinarios como es el caso que importa tanto a Tolima y Huila, el arroz. El modelo es ineficiente, y ventajoso para unos y dañino para otros.
Cada año, el gremio de los productores recibe por la cuota de fomento, alrededor de 20.000 millones. Y desde 2012 como condición para que el gremio “aceptara” el TLC con Estados Unidos le ingresa una renta “de mal gusto”, consistente en la mitad de un sobre-arancel que se pone a las importaciones de EU, pues la otra mitad se queda allá. Da tristeza y rabia que los consumidores colombianos estén subsidiando de esa manera, vía precio, a los “necesitados” gringos.
Pues resulta que “sin mover un dedo” a las arcas de Fedearroz han entrado en lo que lleva el TLC más de $250.000 millones por ese mecanismo perverso y no es del caso entrar a evaluar el uso detallado de esos recursos en temas como el fomento y desarrollo de mejores prácticas agrícolas, asunto que de todas formas debe hacerse por ser recursos generados en una sobretasa arancelaria, pues las cifras de productividad no muestran una correspondencia favorable. Aclaración para no desviar la discusión: Nadie dice que hay malos manejos.
Los productores de arroz en todo el país están recibiendo hoy por su cosecha el precio más alto de la historia, ($1.600.000/ton en Ibagué) más de 50% por encima de hace un año, lo cual es para alegrarse. Pero resulta que las previsiones indican que no se podrá mantener ese ingreso porque va a comenzar entrar en dos meses una cosecha grande y se prevé una caída de los precios al productor que pagan los molineros. Es la regla de la oferta y la demanda.
El Gobierno no tiene plata para garantizar el ingreso a los arroceros y además sería mal visto en estos momentos que hay otras necesidades más apremiantes, por lo que hay que ser ingeniosos e innovadores para proteger a los cultivadores: la plata de la subasta debe ser para incentivar el almacenamiento e impedir una baja en el precio a los productores. En solo la última subasta de enero pasado, entraron a Fedearroz US$ 12 millones, $40.000 millones, que sería la cuota inicial para ayudarle a los cultivadores, menos del 15% de lo recibido en siete años. El Ministro de Agricultura lo ha pensado así y debe ser respaldado en esa idea que consulta una realidad cual es la baja competitividad del arroz nacional y la necesaria protección directa de los 20.000 arroceros que no está en discusión.