Aunque tuvo comprobados nexos con paramilitares, no logró su pasaje a la libertad condicionada. La Jurisdicción, afirmó que sus relaciones con ‘Los Urabeños’, fue circunstancial y ajena al conflicto armado.
RICARDO AREIZA
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La ex fiscal de derechos humanos de Neiva, Tatiana Oliveros Gutiérrez, condenada a 21 años de prisión por corrupción en la justicia, perdió su última batalla jurídica para recobrar su libertad.
La ex funcionaria, sentenciada por nexos con paramilitares, solicitó el año pasado cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz, en calidad de agente del Estado, no integrante de la fuerza pública.
Al pedir pista en la justicia transicional, demandó la libertad transitoria, condicionada y anticipada, como beneficio derivado del acuerdo de paz.
Estimó que su sometimiento cumplía con los requisitos exigidos en tanto su calidad de agente de Estado está demostrada, así como la relación de los hechos con el conflicto armado ya que se le vincula con la banda criminal ‘Los Urabeños’ (antes el ‘Clan del Golfo’).
Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, le negó el pase a la justicia especial, porque en su criterio, los hechos por los cuales fue investigada y condenada, no tuvieron ninguna relación con el conflicto armado.
La decisión quedó consignada en la Resolución No. 2028 suscrita por los magistrados Heydi Patricia Baldosea Perea y Mauricio García Cadena.
“Esa relación de los hechos punibles con el marco de guerra colombiano ha quedado decantada tanto por vía legal como jurisprudencial”, explicaron en la providencia.
“Las conductas desplegadas por la requirente en su calidad de Fiscal Especializada adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no tienen relación alguna ni directa ni indirecta con el conflicto armado, así como tampoco ocurrieron en relación ni en el contexto de este último,” precisaron.
“No se evidencia en parte alguna que su objetivo hubiera sido fortalecer a alguno de los actores de la conflictividad bélica colombiana, o aportar a la guerra a través de concederle ventaja militar a alguno de ellos”, concluyeron los dos magistrados que estudiaron la solicitud.
No obstante, la ex fiscal, favoreció a paramilitares involucrados en masacres en Caquetá, dejó en libertad a ex militares, comprometidos en ‘falsos positivos’ y hasta benefició a guerrilleros de las Farc, entre ellos a Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’).
Plataforma ilícita
“Sin lugar a duda alguna, se está en presencia de delitos comunes de corrupción pública sin relación alguna con las hostilidades vividas en Colombia, comportamiento que fue ejecutado consciente y dolosamente por la aquí peticionaria prevalida del cargo que ejercía y con una sola finalidad que fue obtener provecho personal y económico, como bien lo refirieron tanto el juzgador de primera instancia como el de segunda y que ya fueron objeto de transliteración en esta decisión”, explicó la magistrada Heydi Patricia Baldosea Perea.
“Su actuar-dijo- se limitó a utilizar la función pública como plataforma para la ejecución de delitos de naturaleza diversa contrariando los fines legales y constitucionales que recaen en los servidores judiciales en su tarea de administrar justicia como parte del objetivo fundamental del Estado”.
Tótem criminal
“Aquí lo que se observa es que la requirente desplegó una gran capacidad criminal desde el rol que fungía y, como lo dice la Corte Suprema de Justicia: “… para la acusada, su cargo fue una posición estratégica que tergiversara lo que es herramienta por antonomasia de bien y de reconocimiento de derechos en un tótem donde confluyó todo que la juridicidad aborrece”, aseveró.
En su criterio, Oliveros Gutiérrez incurrió en varios “delitos de múltiple naturaleza con la finalidad de obtener un beneficio personal y económico, desviándose de su deber como delegada del Fiscal General de la Nación”.
Circunstancial
A pesar de los confirmados nexos con los paramilitares, los magistrados consideraron que la relación con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y con bandas criminales (Bacrim), como la denominada ‘Los Urabeños’, “es meramente circunstancial en pro de la obtención de provecho económico y no como parte de relación alguna con el conflicto armado”.
“Fue con algunos de ellos que se alió y se concertó para la comisión de los delitos atrás referidos,”, recordó la Sala.
“Por todo lo anterior, -concluyó- no es procedente admitir el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz de la señora Tatiana Oliveros Gutiérrez, y en consecuencia tampoco acceder a la concesión del beneficio transicional de la libertad transitoria, condicionada y anticipada”.
Nexos evidentes
No obstante, la ex funcionaria, estuvo en medio de una ‘tormentosa’ historia pasional, relacionadas con paramilitares del Urabá antioqueño, falsos positivos y hasta involucrada con medidas que favorecieron a guerrilleros de la columna ‘Teófilo Forero’ de las antiguas Farc, ya desarmadas.
Esa información privilegiada le sirvió para fabricar fingidos expedientes en contra de políticos y servidores públicos para obtener dinero, puestos y otras prebendas.
Oliveros Gutiérrez, recién egresada de la universidad y sin ninguna experiencia fue vinculada a la Fiscalía de Derechos Humanos el 3 de mayo de 2010 por su amiga Zaidy Mora, la polémica ex secretaria General del fiscal Mario Iguarán.
A pesar de su poca experiencia, recibió expedientes sobre graves delitos de lesa humanidad cometidos por todos los actores armados, incluyendo a los propios militares, involucrados en ejecuciones extrajudiciales.
Cuatro meses después de haber asumido el cargo que consiguió a punta de palancas, la ex fiscal Tatiana Oliveros Gutiérrez revocó la medida de aseguramiento que su antecesora había proferido contra el jefe paramilitar Jairo de Jesús Durango Restrepo, uno de los fundadores del Clan del Golfo.
Luego el 30 de noviembre de 2010, argumentando ‘falta de pruebas’ precluyó las investigaciones por los delitos de lesa humanidad que la Fiscalía le había imputado y ordenó el archivo del expediente.
Un mes después, el 29 de diciembre de 2010 ordenó la preclusión en favor de Daniel Alejandro Serna (‘Kener’), antiguo jefe de sicarios de Pablo Escobar y el heredero de Diego Fernando Murillo ‘Don Berna’, extraditado a los Estados Unidos.
Los dos ex paramilitares, fundadores del bloque paramilitar ‘Conquistadores del Yarí’, eran procesados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, desaparición y homicidios en persona protegida perpetrados en Caquetá.
Año y medio después, los dos jefes de ‘Los Urabeños, en señal de agradecimiento, le financiaron una excursión, con los gastos pagos, en el Urabá antioqueño, en límites con Panamá, centro de operaciones para el tráfico internacional de estupefacientes.
A pesar de su poca experiencia, la ex fiscal Oliveros recibió expedientes sobre delitos de lesa humanidad cometidos por todos los actores armados, incluyendo a los propios militares, involucrados en ejecuciones extrajudiciales.
Falsos positivos
Una investigadora del CTI ‘encubierta’ documentó todas las maniobras utilizadas por la ex fiscal para manipular los expedientes, entre ellos, tres procesos adelantados contra dos oficiales y doce soldados por falsos positivos.
El primero, adelantado contra el sargento Divar Hernando Coral, los cabos Òscar Felipe Ángel y Óscar Enrique Riaño y los soldados José Albeiro Nieto, Julio César Ortega, Eder Edinson Triana, Carlos Hernán Varón y Jairo Ramírez, orgánicos del batallón ‘José Domingo Caicedo’ con sede en Chaparral (Tolima).
Los militares eran procesados por la muerte de los campesinos John Faber Méndez León y Diomedes Collazos Peña a quienes presentaron como guerrilleros abatidos en combarte, el 15 de mayo de 2006, en el corregimiento de El Limón en Chaparral, sur del Tolima.
“Se dejó transcurrir el tiempo, sin actividad alguna, dando curso al vencimiento de términos, y consecuentemente a la libertad de los procesados, sin presentarse causa que justifique este hecho, salvo la inoperancia y el desinterés en los procesos”, explicó el fiscal 54 de la Unidad Nacional, Germán Arias Cortés, quien dirigió toda la investigación y logró la condena, ratificada luego por la Sala de Casación Penal de la Corte.
Absoluciones
El segundo caso por falsos positivos (radicado 7750) se adelantaba contra el capitán John Jairo Vergara Tovar y los soldados profesionales Gildardo Barrios Vásquez, José Gabriel Guaca, John Jairo Loaiza Garzón y Robinson Penagos.
Los militares eran investigados por el delito de homicidio agravado en persona protegida, siendo víctimas Huber Hernán Serrato Arriguí y John Jader Torres Parra, hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2006, en el kilo 5 vía Albania -Currillo (Caquetá). Todos quedaron en libertad por vencimiento de términos.
Por este caso, Oliveros Gutiérrez, fue sancionada con destitución del cargo e inhabilidad por diez años en un proceso que instruyó la magistrada Floralba Poveda. El fallo fue confirmado por el Consejo Superior de la Judicatura.
‘El Paisa’ beneficiado
El 10 de septiembre de 2012, la ex fiscal Oliveros favoreció a miembros de la columna guerrillera ‘Teófilo Forero’, ya desmovilizada.
La funcionaria adulteró ilegalmente el expediente 1299 al cambiar dos folios de una resolución de apertura de la investigación, fechada el 22 de marzo de 2011beneficiando al jefe de la organización armada Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’), Wilson Díaz Ramos (‘Vladimir’), Víctor Hugo Llanos Medina y Arbey Polanía. Sin cambiarle la fecha, modificó la decisión.
Adicionalmente, negoció por 45 millones de pesos, el traslado de cárcel del guerrillero Agustín Sánchez González a una cárcel de mediana seguridad.
Falsos expedientes
“La ex fiscal no tenía límites, armaba falsos expedientes, adulteraba pruebas, escondía otras deliberadamente para sacar ventajas económicas o personales”, concluyó el fiscal 54 Delegado Germán Arias Cortes, quien logró la condena.
Entre las víctimas figuraron reconocidos empresarios, congresistas, la entonces gobernadora del Huila, ex alcaldes y ganaderos. No se salvaron ni el excomandante de la Policía, general, Miguel Ángel Bojacá; ni el coronel Pompy Pinzón, entonces director del Inpec.
“Adicionalmente, las averiguaciones dilucidaron la manera en que la funcionaria agotó contactos con autoridades públicas y personas particulares para anunciarles que serían objeto de señalamientos de apoyo a grupos paramilitares en procesos penales con el fin de presionarlos, bien fuera en la toma de decisiones o para la entrega de dinero”, afirmó el entonces magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló.
En diciembre de 2017, la Corte confirmó la sentencia condenatoria que profirió el Tribunal Superior de Neiva y le incrementó la pena a 21 años de prisión.
Oliveros fue sentenciada por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico; concusión; prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad material en documento público, falsedad por destrucción y asesoramiento ilegal. El 20 de septiembre de 2015, el Tribunal Superior la condenó a 19 años y siete meses de prisión.
Nada que ver
En estas condiciones, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estimó que estos delitos no tuvieron ninguna relación con la confrontación armada.
“El conflicto armado no influyó para nada en la determinación de Tatiana Oliveros Gutiérrez de cometer los diversos y graves ilícitos por los que se le condenó, en la medida en que el enfrentamiento bélico vivido en Colombia ni le dio capacidad o habilidades ni determinó la manera en que fue consumado, se insiste, fueron actos propios de corrupción”, precisó la JEP.
“Esto significa que los actos delictivos como los ejecutados la ex fiscal están excluidos de la competencia material de la JEP, en tanto no pueden considerarse en relación -directa o indirecta- con el conflicto armado que padeció Colombia durante tantos años”.