La Justicia ha emitido una nueva condena contra el Estado por la muerte de dos civiles a manos del Ejército en el Huila.
Manuel Antonio Suárez Benavidez, ‘El Cacharrero’ y un joven cotero, dedicado a descargar camiones en la plaza de mercado de Pitalito, aparecieron muertos en una zona rural de Acevedo el primero de diciembre de 2007.
El primero vivía con sus hermanos en el barrio La Gaitana y se desempeñaba como vendedor ambulante. El segundo, Carlos Uriel Motta Escarpeta vivía en un sector popular y tenía antecedentes de drogadicción. El 28 de noviembre de 2007, cuando el vendedor callejero regresaba de su trabajo, dos individuos en motocicleta, lo siguieron hasta su lugar de residencia, parqueándose frente a la misma por espacio de una hora. Luego se fueron. Dos días después, el 30 de noviembre de 2007, salió a trabajar y nunca regresó. Al día siguiente apareció muerto con tiros de fusil propinados por miembros del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón Magdalena. En el mismo sitio encontraron el cadáver del estibador, lleno de plomo. Según el parte militar, los dos hombres fueron abatidos en combate, en la vereda el Cristo Rey en Acevedo.
La Justicia en el curso de las investigaciones estableció que la actuación militar estuvo llena de dudas y que las víctimas fueron atacadas a bala por la espalda. Y algo importante que se dejó claro: “Aunque no existe condena en el proceso disciplinario y penal que se abrieron con ocasión de los hechos que dieron origen al presente litigio, tal situación no incide en la determinación relativa a la responsabilidad del Estado, que es independiente a la disciplinaria y penal militar”.
Quienes empuñan las armas del Estado tienen la obligación de evitar hacer un uso desproporcionado de la fuerza. En varios fallos, la Justicia se lo ha reclamado a los integrantes de la fuerza pública. En este caso, si bien no se probó que hayan sido ejecuciones extrajudiciales, los militares tenían el deber de capturarlos o exigir su entrega sin la utilización de sus armas y, como lo dijeron los magistrados que emitieron el fallo, “mucho menos en la forma como lo hicieron”.
“Quienes empuñan las armas del Estado tienen la obligación de evitar hacer un uso desproporcionado de la fuerza. En varios fallos, la Justicia se lo ha reclamado a los integrantes de la fuerza pública”