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Derecho, política y sociedad   La tragedia de la miseria

Derecho, política y sociedad     La tragedia de la miseria 1 12 agosto, 2020

Germán Alfonso López Daza*

 

La situación de miseria en la que viven muchas poblaciones del país se vio reflejada esta semana en el corregimiento de Tasajera (Magdalena), donde explotó un camión cisterna cargado de combustible, el cual estaba siendo saqueado por habitantes de dicha población, dejando hasta el momento casi 30 muertos y varios heridos. Y un nuevo episodio se presentó el pasado viernes cuando pobladores del municipio Arroyo de Piedra (Bolívar), saquearon un furgón volcado en la vía repleto de pescado, después de que explotara una de sus llantas.

La primera impresión que causan estos episodios es de indignación, pues la reprochable actuación de estos pobladores genera rechazo, ya que se aprovecharon de un infortunio para tomar objetos que no les pertenecen, en vez de auxiliar a quien cae en la desgracia de un accidente de tránsito.

Sin embargo, la lucha por la supervivencia que a diario viven millones de colombianos debe generar otras reflexiones que apunten hacia una explicación más de fondo.

Mas allá de las cifras que periódicamente informa el DANE -que calcula la pobreza en aproximadamente un 20%-, se debe comprender la tragedia que implica para miles de familias no contar con un mínimo de subsistencia, ni medios para vivir dignamente.

La pobreza sugiere problemas sociales estructurales y necesidades básicas insatisfechas por gobiernos ausentes o políticas fallidas, lo que conlleva una negación de los derechos humanos. Estas condiciones de pauperización son el caldo de cultivo de fenómenos como la delincuencia, la violencia intrafamiliar, la desnutrición infantil, el deterioro medioambiental, entre muchos otros.

Si bien Colombia ha tenido progresos en la reducción de la pobreza extrema, aún subsisten amplias brechas de desigualdad que no han podido ser solucionadas y que amenazan con profundizarse con la pandemia del Covid-19. Los actuales gobernantes deben generar políticas públicas que le apunten a soluciones fundadas en la generación de empleo, más que a la entrega de ayudas o subsidios que no solucionan de raíz la problemática. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).