Mario Andrés Huertas Ramos
Algo que prueba indiscutiblemente que somos una democracia inmadura es no tener, a estas alturas, resuelto el tema territorial. En la actualidad, afrontamos dos grandes problemas que prueban históricamente esta constante.
El primer problema es que la Constitución de 1991 plantea que somos un Estado “organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”; en otras palabras, tenemos varias formas de organización territorial coexistiendo simultáneamente.
Siendo más puntuales, somos a la vez un estado centralizado y descentralizado en razón al título XI de la carta magna; así, el régimen departamental faculta a crear regiones al igual que el régimen municipal puede constituir provincias.
En virtud de lo anterior, la ley orgánica 1962 de 2019, dio un paso en este sentido: las regiones administrativas y de planeación, a partir de 2022, podrán ser entidades territoriales con presupuesto y autoridades propias. Lo que de inmediato lleva a plantear algunas preguntas: ¿se debe entonces modificar la organización electoral?, ¿sufrirán nuevamente un cambio nuestras finanzas territoriales?, ¿debemos incurrir en una reforma administrativa en función de estas nuevas entidades territoriales?
Al parecer el Estado colombiano va hacia un modelo regional lo que implicará pensar qué hacer con los departamentos. ¿Se estarán convirtiendo estos en entidades territoriales obsoletas?. Preocupa, pues, la altísima complejidad de la administración pública territorial cuando se compara con los niveles de desarrollo alcanzados en los territorios.
El segundo problema es que el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2012, favorable a Nicaragua, dio por saldo la pérdida entre 75.000 a 80.000 kms2, área correspondiente al departamento del Amazonas o del Meta, según sea el caso.
Ante dicha decisión judicial, y en otra democracia, el primer ministro o el presidente NO hubiese sido reelegido en 2014 y, muy seguramente, hubiese dimitido de su cargo de manera responsable, instantánea e irrevocable. Queridos compatriotas: nuestros mares (y su zona aérea) también son espacios que debemos administrar.
Adicionalmente, como efecto del litigio, el presidente Santos entregó el país demandado por Nicaragua ante el mismo tribunal; en primer lugar, para que se le reconozca una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas; y en segundo lugar, por el incumplimiento del gobierno al fallo.
Todo lo anterior significa para la administración pública territorial no un desafío sino un imposible a la hora de gestionar la geografía nacional porque primero, no sabemos con claridad qué modelo territorial define al Estado colombiano y segundo, la casi nula conciencia geopolítica de los colombianos prueba lo poco importante que ha sido perder más de la mitad del territorio original en toda nuestra historia republicana. En otras palabras, estamos ante el caos y el desorden territorial