Francisco Argüello
Una queja anónima del 13 de mayo de 2020 contra algunos diputados y exdiputados del Huila alertó a la Contraloría Departamental. Y llegó cuando el organismo fiscal investigaba el inicio de la injustificada contratación de almuerzos y refrigerios en la Asamblea, en tiempos de austeridad, como si no ganaran lo suficiente para costeárselo.
El proceso contra Karol Ortigoza quedó en nada, pero escarbó en el pasado y encontró supuestas irregularidades en presidencias de la Asamblea en los últimos años que deberán ser confirmadas o desvirtuadas por el organismo fiscal en cuestión de semanas.
Indagan si posiblemente realizaban dos sesiones ordinarias durante una semana, pero cobraban 3, días que deben laborar, según ordena el reglamento interno. Los diputados no reciben honorarios, no ganan por sesión como los concejales. Al contrario, reciben sueldo y pasa los 18 millones de pesos mensuales. ¿Justificaron por qué dejaron de sesionar una vez a la semana? Eso tendrá que responder la diputada Sandra Milena Hernández, quien desde enero hasta julio de 2018 al parecer convocaba como presidenta- indaga la Contraloría- escasamente dos veces. Telefónicamente, Hernández respondió que destinó los martes y jueves para adelantar plenarias y los miércoles comisiones. Dice que tiene evidencias.
Por lo mismo, investigan al exdiputado Julio César Díaz Cruz, quien estuvo al frente de la presidencia de la Duma desde julio hasta diciembre de 2018, además del cafetero William González, quien presuntamente habría incurrido en igual situación cuando presidió la Asamblea en 2019. De él hay más rollos. Manejó el presupuesto a su antojo y lo tienen en la mira los organismos de control.
Si fallan en contra, todos los diputados del anterior período tendrían que devolver parte del sueldo a la Asamblea.
En el anónimo, al parecer, escrito por un enemigo (a) de Sandra Hernández, la pone en la palestra pública. Pide a la Contraloría que investigue si en junio de 2018, la destacada dirigente conservadora tuvo una incapacidad de “un mes” por un asunto médico, pero jamás llevó el certificado oficial de la EPS y aún así se generó su sueldo. La diputada respondió que no legalizó porque su incapacidad fue solo de dos días y siguió laborando, pese a sus dolencias de salud.
El exdiputado José Eustasio Rivera no escapa a la investigación de la Contraloría. Amaury Luis Flórez le indaga porque tenía seis asesores y no justificaban sus ingresos, es decir, poco o nunca asistían al recinto.
En realidad, la Contraloría debe apretarse el cinturón, investigar en derecho, devolverle la credibilidad a la institución- desaparecida en los últimos años-, y dar resultados certeros y pronto.
Nota uno: Contralor, ¿qué pasó con el proceso fiscal contra Henry Lizcano, gerente de Empresas Públicas de Pitalito? El cuestionado personaje ‘sigue haciendo fiesta’ en el Valle de Laboyos y los organismos de control silenciados. ¿Cuándo habrá resultados?
Y de paso, ¿ya sabemos qué ocurrió detrás del ciber robo en las alcaldías de Campoalegre y Garzón? Capturaron al ladrón, pero estoy más que seguro que no actuó solo. ¿Tendremos noticias esta semana?