Eduardo Gutiérrez Arias
El pasado lunes 3 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad, dictarle auto de detención domiciliaria preventiva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, durante el tiempo en el cual se va a desarrollar el juicio en su contra por estos mismos delitos. Para poner en antecedentes a mis lectores, debo recordar que este proceso penal se inició en el año 2012 por una denuncia formulada por el propio expresidente Uribe contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, por los mismos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. A finales del año 2018 la Corte Suprema de Justicia, terminó exonerando de cualquier responsabilidad penal al senador Cepeda, al no encontrar ningún mérito en las denuncias, pero descubrió que el expresidente Uribe, aliado de su abogado Diego Cadena, habían incurrido en los delitos de los que acusaban a Cepeda y les formuló cargos por los mismos. Dos años después concluye la etapa investigativa y con el acervo de prueba allegadas (más de 20 testigos lo denuncian por intentar sobornarlos en sus declaraciones) se somete al expresidente a juicio penal. Es perfectamente explicable que la Corte Suprema, haya decidido cobijarlo con medida de aseguramiento domiciliario, para evitar que continúe desde la libertad, intentando torcer la justicia a su favor. Mientras tanto el senador Cepeda, que pasó de acusado a víctima, ha continuado su labor de congresista, sin muestras de odio ni fanatismo, defiendo eso si las mejores conquista democráticas del país y soportando estoicamente el cáncer que lo afecta desde hace unos 4 años.
Este no es el único proceso penal que se le sigue a Uribe, pero si el más avanzado. Existen alrededor de otras 40 investigaciones por los más diversos delitos: como instigador de la masacre del Aro, de los falsos positivos, de las chuzadas telefónicas del Das y otros organismos a periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos, líderes de izquierda, por sus nexos con grupos paramilitares. Tiene razón José Miguel Vivanco, director en América de Human Rights Watch al plantear: “La detención domiciliaria de Uribe es la mayor prueba de fuego para el estado de derecho en Colombia en la última década…..El gobierno del presidente Duque y el Centro Democrático deben respetar la decisión y la independencia de la Corte y garantizar que el expresidente Uribe se defienda a través de los mecanismos legales, no con amenazas de reforma judicial y acusaciones de sesgo ideológico que no tienen ningún fundamento”.