Juan David Huertas Ramos
La Justicia es una institución de trascendental importancia económica. Su alcance no puede reducirse al campo del Derecho ni al ejercicio del litigio, pues traspasa la órbita de lo meramente jurídico, enviando señales al mercado y la sociedad a través de sus decisiones. Dichas señales son, en esencia, incentivos económicos que configuran un modelo de país.
Por otro lado, la concepción popular y el Derecho Romano coinciden en que la justicia “consiste en darle a cada quien lo suyo”, principio que debería servir de piedra angular en toda sociedad que se pretenda civilizada.
Desde la perspectiva de Amartya Sen, “las instituciones sociales pueden contribuir de manera decisiva a garantizar y aumentar las libertades del individuo”, lo cual es esencial para el desarrollo, toda vez que dichas libertades son su principal medio y más importante objetivo. En ese sentido, una sociedad será libre en tanto exista Justicia en stricto sensu, de lo contrario, el subdesarrollo será su destino y la barbarie su régimen.
Tal como Francesco Carnelutti indicó, “la economía sería un páramo desolado” sin la figura del contrato, bien sea de naturaleza verbal o escrita, pues éste es el instrumento económico (y no exclusivamente jurídico) que soporta toda actividad económica. Esta simple pero importante noción implica que el Derecho debe instaurar el orden social y el contrato hacer lo propio en la Economía. Ahora bien, el peligro de una sociedad en la cual se premia y protege al malhechor a costas de su dignidad colectiva es, sin lugar a dudas, conducir a todo un pueblo a la pérdida de la virtud, estadio ignominioso en el cual impera la ilegalidad y avergüenza la probidad.
Frente a ello, Joaquín Vallejo Arbeláez advirtió que “una república sin virtud cae inevitablemente en el despotismo”, no podemos olvidar que el Derecho es el medio y la justicia debe ser el fin supremo del orden social. Hechos contrarios afectarían el gran contrato social, no en vano “la justicia es la condición de la paz”, como aseguró Carnelutti.
Así las cosas y ante la injusticia, el capital (internacional y local) que suele ser inteligente, preferirá buscar nuevos mercados donde instalarse, generar industria, proporcionar empleo y extender condiciones de bienestar gracias a la seguridad jurídica que se le proporciona, pues la Justicia, entendida como una institución social de importancia vital, debe ser la garante de las libertades y no concursar con el pillaje. Tengamos presente que el capital suele ser sensible y advierte con anticipación los peligros que la democracia subestima, por lo que afectaciones a la Justicia ocasionan desinversiones importantes en la estructura productiva de aquellos países donde la impunidad es la divisa de intercambio social aun cuando de parapeto se mal usen conceptos de noble valor.
Tengamos presente, como Álvaro Gómez Hurtado advirtió, “un país sin normas legales o donde éstas no puedan aplicarse está en el borde de un precipicio. La anarquía podría ser su amenaza más próxima”, la tiranía, la siguiente y definitiva.