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INVESTIGACIÓN

Primer condenado por millonario robo en universidad Corhuila

Primer condenado por millonario robo en universidad Corhuila 1 30 septiembre, 2020

El confeso auxiliar contable, Karol Jovanny Becerra, aceptó su responsabilidad en el fraude financiero por 1.889 millones de pesos perpetrado a la institución en el 2013. El ex funcionario fue condenado en sentencia anticipada, al devolver una parte de los recursos.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

El habilidoso auxiliar de contabilidad Karol Jovanny Becerra Hernández, se convirtió en el primer condenado por el escandaloso fraude financiero, perpetrado en el 2013, contra la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila).

La sentencia condenatoria fue proferida anticipadamente el miércoles pasado por la juez Quinta Penal del Circuito de Neiva, Olga Lucía Becerra Dorado.

La condena se facilitó por un preacuerdo que el implicado logró con la Fiscalía para obtener una rebaja de pena.

Becerra Hernández aceptó de manera libre, espontánea y consciente su participación en la defraudación. El preacuerdo celebrado con la Fiscalía, fue suscrito con la asesoría de su defensor.

La Juez le dio su aval y dictó la primera sentencia por este escandaloso episodio, que compromete por lo menos a otros seis ex funcionarios, la mayoría del equipo contable.

El ex funcionario fue capturado el 28 de febrero de 2017. El auxiliar de contabilidad, era el encargado de incorporar al sistema los documentos contables fraudulentos.

Los otros seis miembros de la red se encargaban de realizar los movimientos contables fraudulentos, se inventaban los beneficiarios, armaban las cuentas de cobro ficticias, expedían los cheques utilizando indebidamente las diversas cuentas de la institución y, curiosamente, los hacían efectivos, sin objeciones de las entidades bancarias.

La mayoría de los cheques fueron girados fraudulentamente a nombre de Claudia Liliana Espitia Garrido, quien los endosaba y cobraba por ventanilla, curiosamente, sin reparos por parte de los funcionarios de las entidades financieras.

La ex funcionaria clave, con orden de captura internacional, estaría radicada en  la localidad de Medley, en el condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida (Estados Unidos).

Aprovechando las debilidades en la digitalización de la información contable y los riesgos de seguridad informática, el equipo contable, implicado en la defraudación expidió 391 cheques en el primer semestre de 2013, con cargo a los rubros de pago de honorarios, seguros, arrendamientos y construcciones, afiliaciones y sostenimiento y finalmente, otros gastos, el principal canal para la defraudación financiera.

La confesión

Becerra Hernández, el único privado de la libertad, aceptó los cargos asumió la responsabilidad y devolvió parte de los recursos.

“Se acreditó plenamente la materialidad de los delitos imputados. Igualmente quedó demostrada más allá de toda duda razonable la responsabilidad de Karol Jovanny Becerra Hernández”, confirmó la togada.

“Sin mediar circunstancias que excluyan la responsabilidad, el inculpado como auxiliar contable de la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila) ingresó los cheques de manera fraudulenta en el sistema contable de dicha institución para luego entregárselos a Claudia Liliana Castillo, su compañera de trabajo, quien era la encargada de firmarlos y cobrarlos en las respectivas entidades bancarias”, precisó la funcionaria judicial al aprobar el preacuerdo.

Primer condenado por millonario robo en universidad Corhuila 7 30 septiembre, 2020
El fraude financiero fue establecido en $1.889, 48 millones de pesos.

El preacuerdo

La Fiscalía Octava Seccional, adscrita a la Unidad de Fe Pública y Patrimonio, le imputó inicialmente los delitos de hurto continuado en mayor cuantía, agravado por la confianza;  falsedad en documento privado y concierto para delinquir en calidad de autor.

Finalmente, fue sentenciado como cómplice por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado.

“La Fiscalía estaba facultada para negociar la aceptación de responsabilidad de Karol Jovanny Becerra Hernández en los delitos enrostrados, a cambio de reconocer como única contraprestación la disminución punitiva”, argumentó la jueza.

“En tal sentido-dijo-  fue condenado en calidad de cómplice y no de autor o coautor del robo continuado”.

Becerra devolvió parte los dineros apropiados, según consta en el oficio del 6 de agosto de 2020.

Según el apoderado, el implicado reintegró 120 millones de pesos, por lo tanto, en su caso, indemnizó los perjuicios ocasionados a la institución.

En estas condiciones, el juzgado “no cuenta con otra alternativa que imponer a Karol Jovanny Becerra Hernández la pena preacordada, esto es, 33 meses y 10 días de prisión, por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado, además de la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo”, precisó la juez.

Adicionalmente, le concedió la libertad, por carecer de antecedentes, tener arraigo y no registrar comportamiento social y familiar reprochable.

 En libertad

El ex funcionario quien llevaba tres años y medio detenido, quedará en libertad bajo fianza.

“Becerra Hernández es merecedor de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de tres años, beneficio que garantizará mediante caución prendaria o constituyendo póliza por valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la suscripción de un acta de compromiso”, precisó la Juez.

Primer condenado por millonario robo en universidad Corhuila 8 30 septiembre, 2020
Las firmas y los sellos eran falsos.

El fraude

Aunque el rector de Corhuila, Roque González Garzón, estimó un monto de 8.000 millones de pesos, en este expediente el faltante en bancos fue establecido en 1.889, 48 millones de pesos representados en el giro y pago total de 391 cheques.

De estos, 332 corresponden a la cuenta corriente No. 21000512827 del Banco Caja Social, y 59 a la cuenta corriente No. 45506589317 de Bancolombia. Por lo menos, en este caso, esta cifra está claramente establecida.

Los registros contables fueron incorporados al sistema fraudulentamente, utilizando el aplicativo “Doors”  utilizando las claves asignadas al usuario Karol Jovanny Becerra Hernández quien se desempeñaba como auxiliar contable.

El aplicativo es un software de gestión  para el análisis y evaluación de los procesos contables especialmente para el reconocimiento y medición de las diferentes transacciones.

El fraude financiero se facilitó por las graves falencias de la institución en seguridad informática. Los registros contables correspondientes a 2012, presentaban una inexplicable morosidad, al parecer, inducida.

La digitación manual de los registros al sistema se hizo al parecer en forma premeditada entre septiembre de 2012 y abril de 2013. En ese periodo ocurrió el fraude financiero en serie.

Según  la jueza, Olga Lucía Becerra Dorado,  quedó plenamente confirmado que las firmas estampadas en la totalidad de los cheques girados y cancelados fraudulentamente eran falsas, y no correspondían a la rúbrica de Virgilio Barrera Castro, quien era para la época de los hechos el representante legal de la institución universitaria. También quedó establecido que de los sellos de Rectoría usados para refrendar los títulos valores no eran auténticos.

La mayoría de los cheques fueron girados fraudulentamente a nombre de Claudia Liliana Espitia Garrido, quien los endosaba y cobraba por ventanilla, curiosamente, sin reparos por parte de los funcionarios de las entidades financieras.

La ex funcionaria con orden de captura internacional, al parecer, estaría radicada en  la localidad de Medley, en el condado de Miami-Dade en el estado de la Florida (Estados Unidos).

Las denuncias

El escándalo estalló el jueves 7 de noviembre de 2013 durante una asamblea general conformada por los miembros fundadores y adherentes de la entidad. El evento extraordinario fue convocado por la revisora fiscal Esperanza Ramos Botello, quien reportó las anomalías contables y contractuales.

La revisora fiscal ocho meses antes había prendido las alarmas al presentar con salvedades el dictamen de los estados financieros, por serias inconsistencias. El documento fue expedido el 8 de abril de 2013.

En su opinión,  aparecían pagos irregulares por obras no ejecutadas, curiosamente adjudicadas a dedo a un empleado de la institución, así como la cancelación de órdenes de servicios, sin ningún soporte. Sin embargo, no se tomaron las medidas.

En este caso, las irregularidades se registraron entre el 2011 y 2012, en el rubro de mantenimiento. El robo continuado fue cuantificado en 3.470 millones de pesos ($1.376,53 millones en el 2011 y $2.093,78 millones en el 2012).

Los pagos objetados correspondían a 127 obras realizadas, aparentemente ficticias.

Las obras según el informe de auditoría fiscal, habrían sido ejecutadas en las sedes de Neiva (Quirinal, Prado Alto) en la finca de Rivera y en las casas- lotes de Palermo. Incluían reparaciones, adecuaciones y sustitución de redes.

La contadora Esperanza Ramos Botello reveló que los giros se realizaban sólo con la cuenta de cobro. En el caso de las reparaciones solamente se adjuntaba el listado de obras. Con éste único anexo la tesorería elaboraba los comprobantes de egreso. Los pagos eran autorizados posteriormente  por el rector de la institución sin ningún otro soporte.

El 24 de junio de 2013 la propia revisora fiscal, radicó en la Dirección Seccional de Fiscalías, la respectiva denuncia penal en averiguación de responsables por los pagos irregulares efectuados entre el 2011 y el 2012.

El proceso por las irregularidades detectadas en la ejecución de obras y adecuaciones fue archivado en el 2015. El ente investigador no logró demostrar  técnicamente que las inversiones cuestionadas no se ejecutaron.

Sin embargo, una segunda denuncia penal formulada por el rector de la época, recién posesionado Roque González Garzón, le dio otro viraje a la investigación.  El académico develó el fraude financiero a través de giros espurios realizados por funcionarios del equipo de contabilidad.

La denuncia incluyó a Claudia Liliana Espitia García, procesada en contumacia, como una de las principales autoras de la defraudación.

Igualmente fueron vinculados el ex director financiero, Ignacio Gamboa Manosalva; la contadora María Nidia Martínez Muñoz y la tesorera Sandra Liliana Flórez Tique, todos imputados  por los mismos hechos. Incluso, el ex rector Virgilio Barrera fue vinculado inicialmente al proceso.

Espitia García, quien no ha concurrido fue acusada y  el proceso se encuentra en etapa de juicio.

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