Con una inversión de 12.148 millones de pesos el consorcio Santa María 91, construirá la moderna sede de la Facultad de Educación y el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombiana. El proyecto estuvo a punto de abortarse.
RICARDO AREIZA
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Por fin, después de casi seis años de gestión, la Facultad de Educación y el Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombiana tendrán una moderna sede.
El proyecto fue adjudicado el jueves pasado y tendrá un costo total de que tendrá un valor de 12.148 millones de pesos, provenientes de un crédito interno, con tasa compensada
Luego de sortear múltiples dificultades, incluyendo la inesperada propagación de la pandemia, el proceso arrancó el 6 de agosto pasado con la publicación de la solicitud de oferta pública de oferta.
El 20 de agosto se realizó la audiencia de aclaración de pliegos y distribución de riesgos y cuatro días después se cerró el proceso con dos propuestas presentadas por el Consorcio Santa María 91 y el consorcio Unicón.
El comité evaluador concluyó que “el consorcio Unicón no cumplía con los requisitos de carácter jurídicos, técnicos, financieros y económicos y, por lo tanto, determinó el rechazo de la propuesta.
Según los evaluadores, “el consorcio Santa María 91, cumplía con todos los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, obteniendo una ponderación de 600 puntos. En consecuencia, los evaluadores recomendaron la adjudicación del contrato al único proponente “habilitado y ponderado”.
Ese mismo se produjo la adjudicación, según Resolución 233 de 2020 para la construcción de la obra.
El consorcio ganador está legalmente representado por Claudio César Mejía Gutiérrez, quien posee el 38% del paquete accionario de la sociedad asociado con Proyectos Construcciones y Montajes SAS con un 37% y Train Trabajos de Ingeniería SAS con el 25%.
La polémica
El segundo proponente fue el Consorcio Unicón, conformado por la firma Proinco Ingeniería SAS, representada por Marlon Andrés Salgado con el 50% de las acciones y Tatiana del Pilar Ruiz San Miguel con el otro 50%. La firma fue descartada.
El ingeniero Jaime Andrés Arévalo Rojas, figuraba como representante legal. Arévalo Rojas, fue el director de interventoría de la fallida remodelación del estadio de Neiva, lo que generó reacciones en las redes sociales.
“Personas inescrupulosas y quizá con intereses de por medio, salieron a afirmar que el contratista del estadio se lo iba ganando, (no entiendo como tienen esa información si el proceso es hermético hasta el acto de adjudicación; quizá para generar caos y suspicacia”, aclaró el rector encargado.
“Previamente-dijo- nos habíamos blindado con las veedurías y los organismos de control para darle toda la transparencia al proceso. Al final, el 3 de septiembre luego de las observaciones y subsanaciones el comité evaluador, recomendó la adjudicación al consorcio Santa María 81 con 600 puntos de los 1.000. Y espero que en los próximos días esta empresa presente el plan de trabajo para que inicie con la obra”, subrayó.
Moderna edificación
El nuevo edificio, ubicado en la sede central, consta de dos bloques de 5 pisos cada uno; con dos escaleras de acceso y una escalera de evacuación de emergencia y dos ascensores para facilitar la accesibilidad de toda persona.
La edificación contará con un auditorio con capacidad para 120 personas. Uno de los dos bloques será destinado para aulas y oficinas, tanto de los programas académicos como para Ileusco con una capacidad de 44 aulas, de las cuales, 35 son para pregrado y 9 especializadas para postgrados (especializaciones, maestrías y doctorados).
En el segundo bloque, de forma circular, se instalarán las oficinas para los programas académicos y oficinas de la Facultad de Educación. Además, constará de laboratorios y oficinas. Están programados tres laboratorios, un auditorio y una biblioteca especializada La nueva sede tendrá 380 parqueaderos para automóviles y 360 para motocicletas.
La financiación
Superados los escollos de la tramitomanía oficial, el Ministerio de Hacienda autorizó a la Usco en febrero de 2019 para contratar el crédito interno hasta por 12.000 millones de pesos.
Además, autorizó la intermediación financiera y le impartió el aval para pignorar las rentas propias que garanticen hasta un 130% del servicio anual de su deuda.
La operación de redescuento fue aprobada finalmente el 25 de enero de 2020, pero estuvo en peligro.
El trámite no fue fácil. La propuesta comenzó a promoverse en el 2014, con la llegada de Pedro Reyes a la Rectoría.
Inicialmente la operación obtuvo el aval del Departamento Nacional de Planeación. El 23 de abril de 2018, el organismo emitió concepto favorable para contratar el crédito público interno sin garantía de la Nación.
El 22 de junio de 2018, el Ministerio de Educación le dio la viabilidad técnica.
A la iniciativa se sumó la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter) al ofrecer una tasa compensada para sacar adelante la iniciativa.
El 8 de agosto de 2018 anunció su respaldo para la financiación a través de la modalidad de redescuento, otorgando una tasa final de interés de (IBR + 0.61 mes vencido.)
La minuta del contrato fue aprobada por el 12 de diciembre de 2018 por la Subdirección de Financiamiento del Ministerio de Hacienda.
La licencia de construcción fue otorgada por la Curaduría Urbana Primera de Neiva en diciembre de 2019.
Sin embargo, pese a todos los escollos para garantizar la financiación, el proyecto estuvo a punto de abortarse, cuando faltaba solamente la adjudicación del contrato para iniciar las obras.
Además de los recortes en inversión, las dificultades en medio de la crisis sanitaria, estuvieron a punto de hacer zozobrar el proyecto.
En peligro
“Una vez llegué a la Rectoría, creí pertinente utilizar esos recursos para otras necesidades más urgentes y pertinentes, pero no fue posible. Primero el crédito tiene una destinación específica y en segundo lugar fue adquirido con crédito de Findeter en condiciones favorables”, explicó el rector encargado, Edwin Alirio Trujillo.
“En ese orden de ideas, me dispuse a devolver el crédito al banco pero debido a esta situación especial y a la tasa compensada que tiene el proyecto no se pudo. Los recursos estaban en caja de la Universidad desde enero pasado y ya estamos cancelando los intereses”, precisó.
La oficina jurídica recomendó finalmente que la terminación anticipada del contrato resultaba improcedente. Por un lado se advierte aún persiste la necesidad institucional que se pretende satisfacer con esos recursos y, en segundo lugar, “no se identifican situaciones de hecho que evidencien que con la ejecución de ese, se afectan de los intereses de la Universidad”.
Finalmente, después de dos sesiones, el Consejo Superior, le dio el aval definitivo para iniciar el proceso.
La obra fue autorizada por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 024 de 2020, facultando al rector encargado para comprometer vigencias futuras, adelantar el proceso de selección de los contratistas y suscribir los respectivos contratos.
Endeudamiento
El endeudamiento fue aprobado por el Consejo Superior el 2 de noviembre de 2017. Sin embargo, por la engorrosa tramitomanía, las autorizaciones ‘pro tempore’ fueron varias renovadas. La última fue ampliada por seis meses el 13 de septiembre de 2018 (Acuerdo 046) en la recta final del mandato de Pedro Reyes Gaspar, quien promovió el proyecto con Nidia Guzmán, ex decana de Educación.
Como garantía para la financiación del empréstito interno la Usco pignoró durante 12 años los recursos provenientes de la Estampilla Pro-Desarrollo Universidad Surcolombiana recaudada por la Gobernación.
Igualmente pignoró otro porcentaje de los recursos provenientes de la devolución de IVA y los excedentes de los proyectos liquidados, producto de la venta de servicios ofertados por la Facultad de Educación.
En total, los recursos de las vigencias futuras suman 9.100 millones de pesos (7.800 millones para 2021) y 1.300 millones para el 2022).
Condiciones
El crédito interno fue autorizado con un plazo de doce años, contados a partir de la fecha del desembolso. Incluido un periodo de gracia a capital de dos años, pagadero en 120 cuotas mensuales iguales y consecutivas.
Durante este plazo, incluido el periodo de gracia, la Usco comenzó a pagar sobre saldo a capital adeudados, intereses corrientes a la tasa IBR (Mes vencido) certificada por el Banco de la República. Adicionada en 0,61% de los cuales -0,26% serán para Findeter y 0,87% para Bancolombia.
Los intereses serán ajustados mes a mes según el Indicador Bancario de Referencia (IBR) incrementado en los mismos puntos porcentuales.