Eduardo Gutiérrez Arias
En Colombia hay mucho combustible de ira e inconformidad popular contra un gobierno que no ha sido capaz de tener un buen manejo de la pandemia del Covid 19: los contagiados superan las 700.000 personas y los muertos ascienden a 22.500. Somos el sexto país más afectado del planeta. Los asesinatos contra líderes populares y reinsertados de las FARC, va en aumento y pasa de 600. Las masacres, especialmente contra jóvenes en las zonas de mayor conflicto también se han incrementado en su gobierno. Son 55 masacres con 200 muertos según organismos de defensa de los derechos humanos. El desempleo hoy está en el 21.5% (el de Estados Unidos, también con pandemia es del 8%). El gobierno se ha negado a conceder un ingreso mínimo solidario de un salario mínimo mensual a nueve millones de desempleados, pero si le dio un crédito de apoyo solidario con plazo de 50 años, por valor de US$370 millones de dólares a Avianca, una empresa cuyo capital es extranjero y matriculada en Panamá). También con decretos ha fortalecido el sistema financiero y los recursos de la salud se los entrega a las EPS en manos de capital privado, cuando las IPS públicas carecen de recursos para comprar respiradores mecánicos y pagar a su personal médico y paramédico. Nada ha dicho de reformar la ley 100/93 que ha hecho de la salud un negocio antes que un servicio público. Tampoco le ha cedido a los estudiantes universitarios la posibilidad de la matrícula cero en el segundo semestre de 2020 y primero del 2021.
En las anteriores circunstancias es explicable que en las masas populares exista suficiente combustible de rebeldía, que una chispa como el asesinato de Javier Ordoñez en la madrugada del pasado miércoles, filmada por uno de sus amigos acompañantes, donde se ve el salvaje desprecio por la vida de los dos policías que lo atacan reiteradamente con sus pistolas eléctricas “taser” sin el mínimo sentimiento de piedad por el afectado que implora reiteradamente que no lo torturen más, produzca una reacción de protestas violentas en Bogotá y otras ciudades del país. A diferencia de los senadores del Centro Democrático, que en su torpe maquiavelismo le adjudican la responsabilidad de estos hechos a la izquierda o al expresidente Santos, es el propio régimen que ellos dirigen, el culpable de las hasta ahora 11 muertes, 208 heridos (entre ellos cerca de 20 policías) y todas la destrucción material que hubo. Eso lo utilizan ahora para pedir toque de queda, estado de sitio, militarización con el ejército de las ciudades y detenciones masivas de líderes populares, como lo hace Álvaro Uribe, que como procesado por la justicia con detención domiciliaria, debería guardar silencio. Es el camino del fascismo como se vio en Italia y Alemania en las primeras décadas del siglo pasado.