Sergio Felipe Salamanca Borrero
Esta semana tuve la oportunidad de conocer un proyecto de ley, que además de exótico, me llevó a una serie de reflexiones en torno a uno de los temas que más polémica genera y menos regulación tiene, la prostitución y los servicios sexuales. El proyecto de ley en cuestión es el No. 302 de 2020, por medio del cual se busca reglamentar los servicios de comercio electrónico para adultos a través del sistema webcam que se exportan del país, con la finalidad de “regular este sector económico para que contribuya en las finanzas del país”, tal como lo indica el proyecto mismo.
Aunado a lo anterior, también estimo oportuno destacar que el proyecto de ley apunta hacia la consolidación gremial de todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a las actividades relacionadas con el comercio electrónico para adultos, al establecer las funciones con las cuales contará la Federación de Comercio Electrónico para Adultos -FENCEA-, dentro de las que, grosso modo, se encuentra la de vigilar, verificar y garantizar que, la prestación de los servicios cuenten con condiciones mínimas de legalidad, salubridad, así como que se brinden garantías laborales y de seguridad social a los trabajadores de la industria.
De igual forma, se establecen los requisitos que debe cumplir toda persona (natural o jurídica) que desarrolle este tipo de actividades, dentro de los cuales se encuentra, contar con: I. Certificado de Cámara de Comercio, II. Certificado de Sayco y Acinpro, III. Registro Único Tributario, IV. Certificado de cumplimiento de normas sanitarias, V. Certificado de funcionamiento expedido por FENCEA, entre muchos otros.
Ahora bien, dicho lo anterior, puedo compartir con ustedes las reflexiones a las cuales pude llegar con ocasión de la lectura y análisis del precitado proyecto de ley. Para comenzar, me llamó mucho la atención, el hecho de que, de forma desinteresada y altruista, se hayan dejado de lado décadas de mojigatería legislativa y se haya decidido legislar una de las modalidades más lucrativas de los servicios digitales para adultos, los servicios webcams internacionales, que al ser pagado con otras divisas, dejan cuantiosas ganancias. Lo anterior da la muy ligera impresión de que sólo vale la pena legislar y reglamentar las actividades que dejan dividendos considerables, dejando fuera del espectro normativo actividades como la prostitución, en las que, durante años, se ha requerido de reglamentación clara y de garantías mínimas para quienes desarrollan estas actividades.