Flora Perdomo Andrade
Las mujeres del campo son más de 5 millones en nuestro país. Ellas han resultado primordiales en la tarea de garantizar el abastecimiento alimentario y absolutamente vitales para hacer aportes significativos al desarrollo de la economía, aunque poco reconocidas y claramente desestimadas pese al rol y a la importancia de la que no hay duda deberían tener como proveedoras del alimento.
La Ley 731 de 2002, fue el mecanismo creado para ofrecer alternativas distintas a estas mujeres que diariamente se la juegan labrando la tierra, cuidando la producción y recogiendo la cosecha. Conocida como “Ley de la Mujer Rural”, es considerada un mecanismo válido en busca de la igualdad de oportunidades y como un reconocimiento a la labor que desarrollan; sin embargo, dieciocho años después de su promulgación las brechas, avances y logros no son consecuentes con su fin y tampoco con el grado de preponderancia que debe tener el aporte social y económico que ellas realizan en su cotidiana labor.
Es inevitable y absolutamente evidente la existencia de niveles desproporcionados que ubican a estas luchadoras de la ruralidad escalones por debajo de las posibilidades de desarrollo. La Dirección de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, ente que ayudamos a crear durante nuestro paso como presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República nos presentó en un reciente informe lo complejo que es ser mujer en las zonas rurales del país. El documento señala que el 47.2 de la población campesina son mujeres y que de ese porcentaje el 82 por ciento se dedica a la producción de alimentos para el hogar o a los trabajos de mano de obra, como la recolección y siembra en los cultivos.
Otro aspecto importante a destacar es que las trabajadoras del campo dedican más del doble de horas a las actividades de cuidado del hogar, que no son remunerados; pero además en el tema de la crianza la participación femenina tiende a decrecer.
El informe es revelador en un aspecto supremamente sensible y es el que tiene que ver con los ingresos. En promedio las mujeres campesinas reciben 340 mil pesos mensuales, mientras que los hombres alcanzan $576.000. De igual manera resulta preocupante que tal y como lo señala el DANE, debido a la pandemia del coronavirus han sido las mujeres sobre quienes ha recaído el mayor porcentaje de desocupación.
Frente a aspectos como capacitación, apoyo en asistencia técnica, desarrollo de la extensión agropecuaria tan solo el 7.3 por ciento de estas luchadoras han tenido acceso a estas herramientas para mejorar su productividad y por ende su calidad de vida.
Hay que destacar la reducción en los índices de analfabetismo y aunque la mujer presenta mayores niveles de escolaridad que el hombre rural, esto no se ve representado en mejores condiciones para ellas. En cuanto a la jefatura del hogar, más de la mitad de quienes están en la actividad agropecuaria son la cabeza visible en un porcentaje del 24 por ciento. Pero lo más angustiante es que buena parte lideran sus familias en condiciones de extrema pobreza.
Un ítem no menos importante tiene que ver con la violencia de género que con el encierro por la aparición del Covid, se disparó de manera alarmante en más de un 40 por ciento, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de la mujer sin que exista una respuesta efectiva para frenar ese accionar.
Tenemos una gran deuda social y económica con un sector de la población que le aporta de forma significativa al producto interno del país. Nuestra tarea es seguir insistiendo para que a través de leyes, iniciativas claras podamos ofrecerles herramientas mucho más eficaces que redunden en su beneficio, pues se hace un imperativo garantizar el relevo generacional; no podemos permitir que por falta de apoyo y de medidas efectivas decidan abandonar el campo poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y llegando a las ciudades a engrosar las cinturones de miseria. Es fundamental abrir escenarios para la formación técnica y profesional en áreas relacionadas con la producción y la industrialización del campo; insistir en la priorización de otorgar tierras baldías y vivienda rural, como parte de una política clara que las fortalezca a todos los niveles. Hay que abrir los espacios, entregar recursos para que puedan cualificarse, establecer líneas especiales de crédito que les ayude en el fortalecimiento de sus negocios, potenciar y crear políticas públicas que contribuyan en su inserción en los mercados agropecuarios para que el trabajo de la tierra que hacen con tanto amor, entrega y compromiso les resulte altamente rentable. Este es el momento indicado para promoverlas y ubicarlas en el sitial que se merecen.
floraperdomo1@hotmail.com