En plena entrada a Garzón se han instalado a vivir cientos de ciudadanos de otros departamentos y de Venezuela, rápidamente pequeños ranchos en guadua y tela verde han invadido las montañas de ‘Pantano Uno’ y ‘Pantano Dos’. Al ingresar la Policía, “decenas de personas les salen con machete en mano”, dijo la Personería Municipal.
Una crítica situación de orden público está padeciendo Garzón por cuenta de cientos de ciudadanos que han invadido los predios ‘Pantano Uno’ y Pantano Dos’, comprendidos entre el cruce de la vía Garzón – El Agrado, hasta la glorieta de El Boquerón; llegando así a convertir este sector como el asentamiento humano ilegal más grande del municipio.
En menos de seis meses y a plena luz del día se han ido construyendo pequeños ranchos en guadua, tela verde y tejas de zinc, donde arriban personas de todas las edades.
Las autoridades de la Capital Diocesana alertan sobre ventas ilegales de terreno, o cobro por la permanencia en el mismo. El panorama no es nuevo, pero se ha agravado con ocasión de la pandemia. La Policía y Alcaldía actúan, pero no son efectivos y el problema continúa.
Grado de vulnerabilidad
La Personería Municipal le dijo a LA NACIÓN que desconoce la cantidad exacta de gente que habita en el lugar, y cuando han intentado realizar una caracterización de la población, la comunidad no lo ha permitido.
Informó el Personero, Felipe González que han acompañado a los distintos operativos fallidos de desalojo que ha llevado a cabo la Policía. “En septiembre identificamos a una parte, pero desde entonces se han venido ocupando nuevos sectores y según lo que hemos podido conocer, hay personas con diferentes condiciones; niños, mujeres embarazadas, jóvenes, adultos y ancianos”, detalló.
Precisó, que algunos requieren de vivienda porque son de escasos recursos, hay desplazados de barrios tradicionales del municipio y de zonas rurales, de otras regiones y de nacionalidad venezolana.
En varias ocasiones uniformados de la Policía, de ocho a 10 efectivos, han hecho presencia en el lugar. Describió el Personero que “ellos deben ir con los elementos permitidos para este tipo de diligencias, como el casco, bolillo, sin armas de fuego o contundentes, en aras de garantizar la proporcionalidad de armas y evitar afectaciones mayores”.
“Sin embargo, se han encontrado con más de 70 personas con disposición de resistencia, les salen con machete en mano, ante eso y porque no se pueden utilizar gases lacrimógenos, no ha sido posible impedir la perturbación de la tenencia o posesión”.
Esta semana el exdiputado José Eustacio Rivera denunció esta situación mediante sus redes sociales. Ayer dijo a LA NACIÓN que el número de invasores asciende a más de 250 personas y se han venido sumando sobre todo familias venezolanas, “según la información que yo tengo, el 80% son de ese país”, dijo.
No cuentan con servicios públicos y “ha habido un silencio casi que permisivo de la institucionalidad, el Alcalde no ha asumido una posición, cosa que está preocupando a la comunidad”, aseveró.
Además trajo a colación que se ha incrementado la inseguridad en Garzón y que eso puede ser fruto de los nuevos invasores.
La Personería también ha recepcionado denuncias. Se sabe que un grupo de personas busca aprovecharse de esta situación de vulnerabilidad, les piden entre $50.000 y $100.000 mensuales o cada dos meses, con la promesa de que el Gobierno Nacional les dará un apartamento, casa o subsidio de sostenimiento.
El pleito
El terreno le pertenece a un privado, quien ha instaurado varias querellas para que la Policía actúe dentro del término legal para el desalojo, y que lo han favorecido, pero continúan llegando más familias .
El inspector de Policía de Garzón, William González aseguró a LA NACIÓN que tan pronto se conoció de la querella, la Policía realizó un auto de conocimiento donde aceptó la acusación para iniciar un trámite de acuerdo al Artículo 223 del Código Nacional de Policía.
La parte querellante y querellados aportaron los documentos y demás material probatorio. Pero no es la primera vez que se surten este tipo de procesos, inicialmente se dio para julio del 2020, y luego a finales de octubre y posteriormente principios de noviembre.
Por parte de los querellados, los únicos vinculados dentro del proceso son dos personas, una de ellas identificada como Medardo Orrego, quienes no lograron probar que su ingreso fue consensuado. Ya hay un fallo y la decisión es desalojar.
Quienes llegan han abierto caminos de acceso a las vías principales.
Un negocio
La Policía está tramitando junto con otras instituciones las denuncias que comentó la Personería. Según el Inspector se ha observado que “es un modus operandi de algunas personas que se están aprovechando de bienes o de terrenos de propiedad privada para ser objeto de negocio”.
Mientras la Personería aseguró que continuarán velando por los derechos de esta comunidad, y que durante todo este tiempo han requerido que los operativos se realicen de conformidad como lo establece la ley y los criterios fijados por la Corte Constitucional, “uno de ellos es adelantar el censo para identificar quiénes son exactamente esas personas, si han contado o no con una ayuda del Gobierno y determinar si se está afectando la posición de alguien para tomar una decisión al respecto”.
De otro lado el Inspector también advirtió que “obviamente ellos no van a dejarse individualizar porque son personas que se están aprovechando, son del mismo municipio y de la zona rural, que tienen propiedades o bienes inmuebles a nombre de ellos y es evidente que no se dejarán caracterizar, porque nosotros como instituciones administrativas determinaremos que no son personas vulnerables como algunos lo vienen asegurando, son oportunistas”.
Dijo que en las versiones de los querellados, las dos personas han manifestado que han comprado los lotes a $100.000 y por eso se quedarán en los terrenos.
La salida para este problema es desalojar, enunció el Secretario general y de convivencia ciudadana, Marco Antonio Cerra Molina. Se han hecho muchos procesos sobre el mismo lugar, en algunas ocasiones se ha logrado que varias familias se vayan, esta sería la más reciente invasión.
Manifestó que la Alcaldía se dirigió hasta el sitio para hablar con la comunidad y en ello se contó con el acompañamiento de la Comisaría de Familia y Personería en miras a tratar de consensuar. “Pero hay unos líderes que están promoviendo la invasión, van y le cobran a la gente unos dineros y les adjudican un pedazo de tierra”.
Con ese modo de actuar han atraído personas del Putumayo y Caquetá. La Policía ya hizo las notificaciones correspondientes, a su vez llamarán al Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Comisaría de Familia y demás, para garantizar los derechos al momento del desalojo, que debe darse lo antes posible, aún y siendo conscientes de que muy posiblemente estas personas regresarán a invadir.