El ex alcalde José Luis Bahamón Montealegre, quien ocupa una curul en el Concejo como premio de consolación, regresó a los estados judiciales. Por fin, comenzó el juicio por peculado.
RICARDO AREIZA
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Aunque no puso la cara, como ha ocurrido en los últimos cuatro años, el ex alcalde de Rivera, José Luis Bahamón Montealegre, designó un nuevo abogado para que lo represente en el juicio oral, por haberse quedado con los dineros de un predio municipal que le vendió, sin autorización a un conocido contertulio.
A pesar de la estrategia dilatoria, utilizada en forma recurrente durante este tiempo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito, inició por fin, la audiencia preparatoria del juicio oral que le adelantan por un peculado perpetrado en el 2013 cuando ocupó la alcaldía.
Bahamón Montealegre estuvo representado por el abogado Sheiber Cuenca, en la primera audiencia. Sin embargo, no pudo culminarse en la primera sesión. En consecuencia, la juez tuvo que reprogramarla para el primero de julio.
Bahamón Montealegre es investigado por haber vendido irregularmente un predio de propiedad del municipio y de haberse quedado con el dinero en efectivo que le entregó el comprador, personalmente en la residencia del funcionario.
El lote, ubicado en una zona de protección ambiental, no era objeto de enajenación. La transacción ilegal, no fue autorizada por el Concejo.
Por esta razón, la Fiscalía Séptima Seccional le imputó cargos por peculado por apropiación e indebida celebración de contratos.
La Fiscalía le imputó cargos el 15 de marzo de 2017 ante el Juzgado Único Promiscuo de Rivera con funciones de control de garantías. Aun así, decidió inscribirse por el Partido Liberal a la Alcaldía de Rivera.
El fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito, reiteró el miércoles pasado los fundamentos de la acusación, como probable autor a título de dolo consumado de peculado por apropiación en concurso con celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
“Por ahora, se puede afirmar con probabilidad de verdad, que las conductas delictivas existieron, que el investigado era conocedor de las obligaciones que la Constitución y la ley colombianas le imponían como servidor público en temas de contratación estatal, que tenía plena capacidad para auto determinarse y quiso su realización”, sostuvo la fiscal delegada.
El negociado
El fiscal del caso inició el descubrimiento probatorio, las pruebas y las evidencias legalmente recaudadas que soportan la acusación.
El predio ‘La Dinda’ con una extensión de 4,69 hectáreas contiguo al barrio ‘Tierra de Promisión’, fue ‘vendido’ irregularmente al comerciante Arnulfo Cardozo Ramos el 2 de septiembre de 2013, eludiendo todos los trámites legales con una entidad pública.
La compraventa se registró mediante Escritura Pública 1746 en la Notaría Cuarta del Círculo de Neiva.
El predio fue vendido, a pesar de tener restricciones para la venta por encontrarse ubicado en una zona de protección ambiental y en una zona de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos.
“Por ser un bien de uso público, con restricciones para su comercialización, este inmueble no es susceptible de avalúo comercial”, explicó el investigador Gustavo Puentes.
El valor estimado del predio para el año en que hizo la transacción (2013) de 39, 94 millones de pesos a septiembre de 2013, según un peritaje.
Sin embargo el precio pactado fue por la suma de diez millones de pesos, sin avalúos, ni documentos.
De contado
Cardozo Ramos quien ocupaba el predio desde hacía 32 años, le canceló esa suma en dos contados, cada uno de cinco millones. No hubo recibos ni constancias de pago. Por esa razón, el dinero nunca ingresó al tesoro público.
Los pagos se realizaron en efectivo, en la residencia del mandatario, con testigos. El primero fue por cinco millones se los entregó personalmente. Luego repitió el mismo procedimiento para el segundo contado.
“Posteriormente fue a la Notaría Cuarta, reclamó la escritura, hizo todas las vueltas de registro, quedando debidamente legalizada”, relató la fiscal Paola Andrea Córdoba.
“La venta no fue autorizada por el concejo. Por tratarse de un bien fiscal debió solicitar facultades especiales para la venta” explicó el concejal Aníbal Mosquera Campos, quien sustentó la denuncia.
“No conforme con dicha irregularidad, el alcalde no ingresó los recursos producto de la venta al erario público (sic), que debió realizar mediante adición presupuestal a la vigencia respectiva”, enfatizó la Fiscalía al confirmarle los cargos por supuesta corrupción.
Lote protegido
El lote, producto de un desenglobe, fue adquirido por el municipio en el año 2000 supuestamente para construir la plaza de mercado. La obra nunca se hizo, además por estar en una zona protegida. Aun así, decidió venderlo, sin autorización, como si fuera de su propiedad.
El negociazo se ‘legalizó’ ante la Notaría Quinta de Neiva. El desenglobe fue registrado el 15 de agosto de 2013 mediante Escritura 2166 en poder de LA NACIÓN.
El 2 de septiembre del mismo año, se firmó la escritura 1746 en la Notaría Cuarta donde se materializa la venta del mismo predio ‘La Dinda’ al comerciante Arnulfo Cardoso Ramos.
Según el documento “el precio total de la presente venta es la cantidad de cuatro millones de pesos, que el vendedor declarar tener recibidos a entera satisfacción en dinero efectivo en manos del comprador (sic).
La escritura fue suscrita como vendedor por José Luis Bahamón, ocupación alcalde y Arnulfo Cardoso Ramos, como comprador.
La compraventa fue registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos bajo la matrícula inmobiliaria 200-229294 donde confirma el valor de la compraventa por cuatro millones de pesos. Aunque el comerciante le canceló diez millones de pesos, el dinero nunca ingresó a las arcas del municipio.