La Fiscalía informó ayer que solicitó una audiencia de preclusión en la investigación que se sigue contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Gabriel Jaimes Durán, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, presentó una solicitud de preclusión en el caso contra Álvaro Uribe. El expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 es investigado por soborno y fraude procesal en un caso de supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha rechazado los señalamientos y luego de conocer la noticia, escribió en cuenta de Twitter: “Gracias a Dios”.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, explicó la Fiscalía en un comunicado.
La solicitud para cerrar el proceso se radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y ahora se asignará a la juez 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz, quien citará a las partes a una audiencia, allí la Fiscalía explicará sus razones y luego se escuchará a las víctimas acreditadas, a la Procuraduría y a la defensa del expresidente.
Luego la juez dará a conocer su decisión. Si la juez acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
Si se da la situación contraria, y la togada niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía se vería enfrentada a tener que decidir si presenta una acusación con lo que tiene, o si reformula su petición de preclusión.
“La Fiscalía invita a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse alejado de opiniones, disputadas personales e intereses políticos”, señaló.
Cabe recordar, que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió imponer detención domiciliaria contra Uribe en agosto del año pasado y una jueza de garantías de Bogotá le concedió la libertad en octubre.
Tras conocerse la noticia, el senador Iván Cepeda, que se ha presentado como víctima en el caso, anunció la apelación y una denuncia contra el fiscal Jaimes.
“Una decisión de solicitar preclusión en el presente caso equivale a un cínico desconocimiento de la realidad procesal, en la que figura, entre otros muchos elementos, la circunstancias de que el representante Álvaro Hernán Prada, y el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena, están el uno ad portas de un juicio y el otro siendo enjuiciado. Mientras estos presuntos cómplices de quien figura como el presunto determinador de graves delitos, están siendo llamados a responder ante la justicia, al autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión”, señaló Cepeda.
Por su parte, el senador Gustavo Petro señaló que “un fiscal de bolsillo ha solicitado a un juez, desautorizar a la Corte Suprema de Justicia, solo para garantizar la impunidad de Uribe. Es una bofetada y un verdadero insulto a la justicia a la que se pretende arrodillar ante el poder y el crimen”.