El economista y presidente de la Sociedad Huilense de Economistas (SHE) Oscar Rujana Quintero realizó un análisis para LA NACIÓN acerca del proyecto de reforma tributaria que acaba de presentar el Gobierno Nacional. Invita a apreciar la propuesta “como una oportunidad”.
Oscar Rujana Quintero
Economista – docente investigador – especializado y maestrante
Presidente: Sociedad Huilense de Economistas (SHE)
Coordinador: Ormet Huila
Por fin le llegó la hora al Congreso para demostrar con altura intelectual y la probidad técnica que requiere y que tanto les interesa salvaguardar los intereses del pueblo colombiano, que vive la peor crisis económica, sanitaria y social de la historia reciente.
No podemos negar que estamos sumidos en la peor recesión económica, que ha disparado el desempleo y nos ha dejado con el mayor déficit fiscal no antes alcanzado, dejando al país con la mayor deuda externa, todas derivadas de la pandemia originada por el COVID-19 que salta de pico en pico, sin un plan efectivo de vacunación que cambie el panorama.
Para atender esta situación, el Gobierno Nacional ha tenido que disponer de casi $40 billones que se deben sumar a un hueco de similar cantidad que ha dejado el frenazo económico: por todo se necesitan unos $80 billones para estabilizar la economía. Y la única manera de hacerlo es que todos pongan plata para salir de la crisis que puede condenar al país a otra generación perdida que no verá a una sociedad desarrollada que goce de bienestar y menos precaria en lo público.
La meta
La reforma tributaria más ambiciosa que se recuerde, quiere recaudar unos $23,4 billones acudiendo a nuevos impuestos por las mismas vías de siempre, el IVA y la renta. La base tributaria se ampliará de manera importante, lo cual es fundamental para reducir la brecha del número de colombianos que pagan impuestos y quienes no lo hacen; en este contexto podemos analizarla desde tres perspectivas:
La primera, a nadie le gusta que le cobren más impuestos y por eso hay un inmenso grupo que ataca el proyecto de reforma. Pero cuando uno pasa de la perspectiva individual a la colectiva ve los inmensos estragos que ha dejado la pandemia, con un aumento de la pobreza del 36% al 43% de la población y con un incremento persistente desempleo, se tiene que aceptar que es necesario buscar los cerca de $25 millones anuales adicionales como está haciendo el Gobierno para expandir la política social y tapar el hueco fiscal.
Desde la segunda perspectiva, creo que es razonable que la mayor parte de esa suma se busque ampliando la base del impuesto de renta a las personas y ampliando la cobertura del IVA como lo propone el Gobierno. En Colombia, las personas aportan muy poco al recaudo tributario por renta, alrededor del 30%, comparado con 70% u 80% de los países de la OCDE.
De otro lado, también es alta la propuesta del Gobierno de ampliar la cobertura del IVA a más productos, que al estar exentos o tener un impuesto bajo, o están beneficiando a muchos colombianos que no lo necesitan, porque tienen un ingreso razonable, siempre que se compense a los más pobres que sí necesitan esa compensación. Por eso es sensato ampliar la cobertura del IVA siempre que se logre una mayor compensación a una mayor porción de la población. Por supuesto hay muchas cosas que se pueden mejorar en el proyecto del Gobierno, pero sus grandes lineamientos son muy sensatos, que poca gente le parezca porque a nadie le gusta que le cobren más impuestos.
Y la tercera y última, entendamos esta reforma como una oportunidad, con la salvedad que estos proyectos se presentan es al comienzo y no al final del gobierno. Adicionalmente, las familias y las empresas están en una situación de mucha debilidad. Los nuevos impuestos tienen que ser sobre la base de una gradualidad que se escalone en dos o tres años.
Desatendieron iniciativas
En esta reforma que se ha presentado, se desatendieron algunas iniciativas de la comisión de expertos, que creo que se debió consolidar, muy especialmente, es la recomendación según la cual se aconsejaba: terminar, congelar y reducir las zonas francas en Colombia, que tienen un costo fiscal muy grande. Que no están exportando en renglones significativos y se constituyen en un factor de competencia desleal con la industria nacional, concluimos quedando con la duda pretender que de los $23 billones que busca recaudar el gobierno, $17 billones de ellos de las personas naturales, y aquellos $3,7 billones de personas jurídicas, nos deja un sentir devastado que a la clase media colombiana le está cayendo el grueso del proyecto.
Igualmente el Congreso le va a pegar una trasquilada a la propuesta radicada que naturalmente la necesita fiscalmente el país, pero no creo que ni en los contenidos y la cuantía propuesta le vaya a copiar el querer del gobierno cuando se vaya a tomar una decisión final.