Andrea del Pilar Bautista Perdomo
Los efectos de la Pandemia por la COVID-19 se enlazan, primeramente, en la crisis inminente a la salud pública, tanto por las causas propias del virus, como las consecuencias a la salud mental producto del aislamiento; a su vez, la crisis social en términos de pérdida de empleos, inestabilidad laboral y precarización.
Aún con todas estas condiciones materiales, el pasado 15 de abril fue presentada la reforma tributaria, o como fue expuesta “Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible” Esta reforma tributaria es enteramente desfavorable: busca gravar con más impuestos a pensionados y asalariados.
Los cambios que supone esta reforma se anclan en la el alza de bienes y servicios como los productos de la canasta familiar (huevos, leche, carne), de cuidado femeninos: toallas higiénicas, tampones, copas menstruales (yendo en contravía de fallos constitucionales, de los servicios funerarios (sí, hasta morirse saldrá más caro), del precio a combustibles (que incrementa el costo del transporte público, particulares y de carga), la ejecución de peajes urbanos (peajes al interior de las ciudades), el retiro de los jóvenes en algunos casos de afiliaciones a cajas de compensación familiar, y un sinnúmero de etcéteras que suponen una afectación directa a la sociedad colombiana en su conjunto, y más focal y agresivamente a la clase media trabajadora.
En perspectiva, sí ha de plantearse una reforma tributaria, pero no regresiva sino progresiva, donde primen los impuestos a las rentas de los grandes poseedores de la tierra en Colombia, donde se busque una equidad horizontal de pago, anclando no solamente la necesidad de sostenibilidad estatal, sino la necesidad de redistribución en un país con inconmensurables brechas de clase. A su vez, esta propuesta supone a las personas a escapar del radar tributario, debido a las altas regresiones que genera, y presionar hacia la informalidad.
Por último, pero no menos importante, es necesario redirigir los recursos públicos que son otorgados al gasto militar, pues hoy somos el país con más gasto militar en la región suramericana, que asciende a los 38 billones de pesos. El llamado de la ciudadanía al Gobierno Nacional es contundente: el camino por la sostenibilidad de las finanzas públicas no ha de suponer el agravamiento de una sociedad empobrecida y más bien deben volcarse a la austeridad total y a buscar la manera de entregar empleos donde todos tengan la posibilidad de llevar el ingreso a sus hogares.