El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habla con LA NACIÓN sobre temas clave para el país. Se pronuncia sobre el inminente regreso de las fumigaciones aéreas, la lucha contra el hacinamiento carcelario, el avance de la reforma a la Justicia y la implementación de la cadena perpetua para violadores.
Jesús Antonio Rojas Serrano
editorgeneral@lanacion.com.co
A seis meses de su llegada al cargo, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habla con LA NACIÓN sobre temas clave para el país, uno de ellos el inminente regreso de las fumigaciones aéreas para combatir los cultivos ilícitos. Dice que los colombianos “no podemos perder de vista que el enemigo número uno es el narcotráfico, que ha afectado al país durante décadas en muchos aspectos”.
¿Qué significa para el país el inminente regreso del glifosato?
El Decreto no resuelve todos los requisitos establecidos por la Corte, por eso, la expedición de esta norma no implica que de manera automática se reanudarán las aspersiones aéreas, para ello es necesario dar cabal cumplimiento a las demás exigencias del Alto Tribunal. Este Decreto se expide en cumplimiento de la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional; acatando los lineamientos y consideraciones allí consignadas. Busca regular el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, contemplando las actuaciones previas a la actividad, las responsabilidades durante todo el proceso y la evaluación constante. Además, el Decreto no determina cuál es el herbicida que se utilizará en caso de que se apruebe la reanudación de la aspersión aérea por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.
¿Qué le dice usted a quienes aseguran que fumigar con glifosato no desaparecerá la coca?
La Política Pública Ruta Futuro establece que el Gobierno debe utilizar todas las herramientas disponibles para combatir los cultivos ilícitos. El Decreto no limita la aplicación de la sustitución, por el contrario, la complementa. En caso de que se tome la decisión de reactivar la aspersión aérea no se dejarán de implementar los demás mecanismos como la erradicación manual, la sustitución y la aspersión terrestre. No podemos perder de vista que el enemigo número uno es el narcotráfico, que ha afectado al país durante décadas en muchos aspectos, generando además violencia en las regiones con influencia de cultivos ilícitos, por eso, tenemos que estar unidos para combatir las organizaciones dedicadas al negocio de las drogas ilícitas. Como Estado debemos hacer uso de todos los mecanismos disponibles y legales para erradicar las plantaciones de coca, por supuesto de manera controlada como se pretende hacer, para no afectar la salud ni el medio ambiente.
Tras la firma de la reglamentación para la aspersión aérea, ¿Qué viene ahora?
Después de la expedición del Decreto estábamos esperando que la ANLA adoptara una decisión frente a la modificación del Plan de Manejo Ambiental presentado por la Policía Nacional en 2019. Ahora, esperamos el concepto técnico del Instituto Nacional de Salud, INS, referente a los efectos en la salud de la aspersión aérea. Lo siguiente, será convocar al Consejo Nacional de Estupefacientes, que deberá consolidar y analizar los conceptos técnicos emitidos por las entidades competentes en materia ambiental y en salud, para determinar si procede o no el levantamiento de la suspensión del programa de aspersión aérea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 literal G de la Ley 30 de 1986.
Señor Ministro, usted emprendió una lucha contra el hacinamiento carcelario, ¿Cómo le ha ido?
Aunque no es fácil esta cruzada que hemos emprendido para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, creo que vamos por buen camino y ya se empiezan a ver los resultados del trabajo. Cuando llegué al Ministerio encontramos cifras del 54.4% de hacinamiento y empezamos con diferentes estrategias para mejorar esa situación. Con las medidas adoptadas por el presidente de la República, Iván Duque, para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 y el trabajo coordinado entre Ministerio de Justicia y del Derecho, Inpec y Uspec, le pusimos la cara a esta problemática buscando ampliar los cupos penitenciarios, realizando brigadas de salud, brigadas jurídicas, mejorando la alimentación y un trabajo coordinado con los entes territoriales y la Defensoría del Pueblo, no solo para reducir el hacinamiento, además para procurar que en los establecimientos de reclusión haya condiciones más dignas para los privados de la libertad. También, en los recorridos que hacemos por las regiones llevamos un mensaje a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, para que, respetando su autonomía funcional, revisen los casos de aquellos internos que ya cumplen requisitos para obtener beneficios de imposición de medidas diferentes a las intramurales, como libertades o detenciones domiciliarias. Gracias a ese esfuerzo de todo el sector justicia, hemos reducido el hacinamiento a un 21%.
¿En qué van los compromisos que hizo en su reciente visita a Neiva para bajar los niveles de hacinamiento en los penales?
Hemos avanzado en esos compromisos. Ya logramos el traslado hacia diferentes cárceles y penitenciarías del país de 383 privados de la libertad que estaban en estaciones de Policía, en operaciones adelantadas desde el mes de diciembre de 2020. De esta manera estamos contribuyendo al deshacinamiento de los centros de detención que, si bien no son responsabilidad del sector justicia, como lo establece la ley 65 de 1993 y el Plan de Ordenamiento Territorial, si estamos colaborando para lograr soluciones interinstitucionales a la situación de estaciones de Policía y URI. Igualmente, se realizaron brigadas de salud con la coordinación de la Alcaldía de Neiva, brigadas jurídicas con el fin de determinar cuáles internos cumplen con los requisitos para recibir beneficios penales y reuniones con los jueces de ejecución de penas en ese mismo objetivo.
Los centros transitorios de reclusión en Neiva y Pitalito se están volviendo a llenar, ¿Qué hacer?
Reitero que ya hemos trasladado varios de los detenidos que estaban en estos lugares hacia establecimientos de reclusión del orden nacional, de Neiva se trasladaron 107 y de Pitalito 183, pero la delincuencia no para y por eso por más que hagamos traslados, nuevamente se presenta esta condición. Yo he dicho en varios escenarios que no podemos buscar la solución a todos los problemas del país con la aplicación del Código Penal, es decir, no podemos pedir cárcel para todo. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando en diferentes programas de resocialización, pero sobre todo tratando de desarrollar proyectos productivos para los internos, que les permita tener una oportunidad de vida una vez cumplan la pena. Adicionalmente, para atender este problema en estaciones de Policía y Uri estamos suscribiendo un convenio entre Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y entidades territoriales, para la construcción de centros de detención transitoria. Se tienen proyectados en un principio construir 10 de estos centros y para ello se cuenta con recursos de Fonsecon por el orden de los $40 mil millones y esperamos que las entidades territoriales aporten otros 40 mil millones.
¿Cuáles son los alcances de su propuesta de que los reclusos paguen por su brazalete electrónico?
Una persona privada de la libertad le cuesta al país alrededor de $2.400.000 mensuales. Hay personas que cumplen requisitos para una medida de vigilancia electrónica, sin embargo, los costos actuales de esos brazaletes son elevados. Su instalación tiene un valor superior a los $4.000.000 y el sostenimiento mensual está por el orden de los $750.000. He propuesto que como ocurre en otros países, quien tenga los requisitos para el cumplimiento de una medida de vigilancia electrónica, que asuma los costos de dicha medida. Ya se publicó el borrador del proyecto y esperamos que la ciudadanía haga sus comentarios en el sitio web del Ministerio www.minjusticia.gov.co.
Señor Ministro, otro tema: el de la reforma a la Justicia, que avanza en la comisión Primera de la Cámara, ¿Qué contiene?
El proyecto ya fue aprobado en primer debate por la Cámara de Representantes, ahora pasó a la plenaria de la Cámara y esperamos que surta un trámite exitoso en el Congreso, porque es una reforma que necesita el país. Contempla, entre otros aspectos, el fortalecimiento de la administración de Justicia, especialmente en lo referente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; consagra mecanismos para mejorar el acceso a la justicia, dando garantías a todos los ciudadanos, de manera especial en zonas rurales; se establece la jurisdicción disciplinaria conforme a la creación de la Comisión Nacional y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial; se adoptan medidas de descongestión. En lo referente a la transformación digital de la Rama Judicial, se introducen parámetros de los avances en materia de transformación digital de la justicia y los objetivos y metas estratégicas, se ajusta la norma para incluir temas administrativos dentro de la implementación de herramientas tecnológicas; pero además, modifica requisitos de experiencia para ser funcionario de la Rama Judicial y regula las modalidades de selección, concurso de méritos para acceder a la carrera judicial, registro de elegibles, listas de candidatos, nombramiento y remoción de cargos.
¿Es consciente que el país necesita más juzgados y más personal?
Siempre lo he dicho. Desde que estaba en la Rama Judicial como presidente de la Judicatura manifesté que la demanda de justicia en el país estaba creciendo de manera desproporcionada con el número de funcionarios en los despachos judiciales. Colombia tiene en promedio 11 jueces por cada 100.000 habitantes y según la OCDE, el estándar internacional está en 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Por eso, es tan importante el proyecto de transformación digital de la Rama Judicial, que se realizará con recursos provenientes del empréstito con el BID suscrito por 500 millones de dólares, con una primera fase de 100 millones de dólares; y la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que como lo señalé, fortalece a la Rama Judicial.
Señor Ministro, un tema más. La cadena perpetua para violadores de niños, ¿Por qué la defiende tanto?
Todo el país ha pedido las máximas penas cuando se han presentado hechos aberrantes de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Quienes tenemos hijos menores de edad, nos indignamos con todos estos casos de abusos que unos desquiciados cometen contra los niños y considero que esas personas deben estar aisladas de la sociedad, porque son un peligro para los demás. Por supuesto que sabemos que todas las personas deben tener la oportunidad de una resocialización, por eso, el proyecto que reglamenta la prisión perpetua contempla una revisión de la resocialización a los 25 años de pena cumplida, pero no quiere decir que recobrará la libertad a los 25 años, en esa revisión se mira como el privado de la libertad ha respondido a ese proceso de resocialización y de todos modos, tendrá que cumplir la pena que contempla el Código Penal para estos delitos, que son 50 años de cárcel y 60 cuando se trata de concurso de delitos.
¿Qué le responde a quienes dicen que en la práctica la cadena perpetua no servirá para prevenir el abuso sexual infantil?
Estos casos condenables de abuso sexual contra menores de edad requieren de acciones integrales, no se pueden solucionar únicamente con el endurecimiento de las penas, esa es una parte. Además, se necesitan acciones coordinadas de protección a nuestros menores de edad, asistencia social, campañas de concientización sobre la necesidad de garantizar el respeto de los derechos de los niños, de la mano con las medidas represivas y coercitivas.
¿No teme que con la cadena perpetua se terminen aplicando condenas a personas injustamente?
El sistema judicial colombiano ofrece todas las garantías para un procedimiento penal transparente, con respeto al debido proceso, y en caso de que las partes tengan dudas sobre las decisiones judiciales, pueden acudir a los recursos consagrados para ello. Los procesados tienen garantías para el respeto del derecho a la defensa y contamos con unos funcionarios judiciales que, en su gran mayoría, actúan con transparencia, con amplios conocimientos del derecho y adoptando decisiones con apego a la Constitución y la ley.
Señor Ministro, una pregunta personal para cerrar. ¿Cómo le ha ido con el gato que adoptó durante su visita a la cárcel de Neiva?
Cuando estuve recorriendo el pabellón de mujeres del establecimiento de reclusión que está ubicado en Rivera, encontré un gato que estaba en regulares condiciones, me lo dieron para que lo adoptara y de inmediato lo llevé para mi casa en Bogotá. Inicialmente, me dijeron que era una gata y le puse por nombre ‘reclusa’, pero cuando comprobé que era un gato lo llamamos ‘recluso’. Es un miembro más de la familia, mi hija le ha tomado un cariño especial pero el problema es que no he podido resocializarlo. En la casa no podemos dejar al alcance el pan ni otro alimento que le guste porque en un descuido se lo lleva. Así que ‘recluso’ ha traído alegría a la casa, pero espero poder resocializarlo pronto.