La Nación
Fallo fiscal por descalabro en pozos profundos en Aipe 1 21 septiembre, 2021
INVESTIGACIÓN

Fallo fiscal por descalabro en pozos profundos en Aipe

Por fin. Después de siete años del fracasado proyecto de pozos profundos para enfrentar la sequía en la devastada zona petrolera de Aipe (Huila), la CGR imputó cargos a los primeros responsables. Empresas foráneas, principales causantes del detrimento.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Primicia. La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal a los contratistas, interventores y supervisores del proyecto piloto de abastecimiento de agua subterránea,  diseñado con paneles solares para aumentar la disponibilidad de agua en épocas de sequía en la zona rural de Aipe (Huila). El sistema de bombeo resultó un descalabro.

El proyecto, contratado hace siete años con empresas que no eran de la región, costó 8.764 millones de pesos, resultó inoperante y hoy está abandonado en la zona duramente impactada por la explotación petrolera.

La Gerencia Colegiada del Huila también le imputó responsabilidad al alcalde que lo contrató y a su sucesor, quien autorizó los pagos, a pesar de las graves irregularidades e inconsistencias.

La decisión está firmada por el gerente departamental, Camilo Ernesto Chacón y por los cuatro directivos colegiados Yaneth Rocío Urrea, Edwin Rodrigo Cante, Wilson Díaz Sterling y Duber Antonio Sánchez.

Fallo fiscal por descalabro en pozos profundos en Aipe 7 21 septiembre, 2021
Un pozo inoperante en la vereda La Primavera.

La contratación 

El proyecto fue aprobado en noviembre de 2012 y se financió con recursos de regalías petroleras.

El contrato fue adjudicado por el alcalde Jesús Ernesto Álvarez López a un consorcio foráneo Agua para Aipe 2014 representado por Edgardo Curiel de la Hoz, radicado en La Guajira. El interventor, también guajiro, pasó de agache.

El contrato 120,  celebrado el 7 de febrero de 2014 tenía un valor inicial de $5.842 millones de pesos. Sin embargo, como ya es costumbre en la contratación estatal, fue adicionado en dos oportunidades.

La primera por 798,74 millones de pesos  y la segunda por  2.122.36 millones de pesos para un valor final de $8.764 millones de pesos, provenientes de regalías petroleras.

El plazo inicial pactado fue de nueve meses y luego se convino un plazo de 24 mesas y 23 días. El acta de inicio aparece firmada el 24 de febrero de 2014. Según lo pactado el contrato debía entregarse el 23 de febrero de 2016.

Los tanques elevados para suministrar agua a través de pozos profundos, con energías alternativas, quedaron como vestigios del derroche en medio de la sequía.

El contrato como lo ha denunciado LA NACIÓN en otros informes quedó suspendido desde el 24 de abril de 2017, con un porcentaje ejecución del 71.78%.

Todo pago

A pesar de las anomalías encontradas en la ejecución, hasta la fecha se le ha desembolsado al contratista la suma de 7.667,30 millones de pesos, discriminados así: Dos desembolsos por concepto de anticipo acordado en el 40%, el primero conforme a la cláusula sexta del contrato inicial por la suma de  2.337,17 millones de pesos el 6 de marzo de 2014 y el segundo anticipo por concepto del 40% del otro si modificatorio No. 4 adicional 2, por la suma de 848,94 millones de pesos el d 31 de diciembre de 2015, para un total recibido por el contratista por concepto de anticipos de 3.186,12 millones de pesos.

En total la suma amortizada por parte del contratista a la fecha de suspensión de la obra fue de 2.513,57 millones de pesos. A la fecha existe un anticipo sin amortizar de 672,55 millones de pesos.

Fallo fiscal por descalabro en pozos profundos en Aipe 8 21 septiembre, 2021
Pozos secos, improductivos pero cancelados

Lo contratado

Inicialmente se contrató la construcción de nueve pozos y dos optimizaciones. El contrato fue modificado dos días antes de terminar el mandato del médico Álvarez López.  Mediante otrosí No. 4 suscrito el 29 de diciembre de 2015, se adicionó la construcción de otros tres pozos: Santa María 1, Santa María 2 en la vereda San Antonio  y Santo Domingo (vereda Río Aipe) por valor de 2.122,36 millones de pesos.

Sin embargo, en la visita técnica  realizada por los auditores se encontraron tres optimizaciones: Rincón Uno, Rincón 2 y La Rochela y ocho sistemas nuevos: La Brigada, La Manga, Mesa De La Pava, Campo Dina, El Bolsón, Primavera, Los Cauchos y El Piura.

De los once pozos del contrato inicial, tres (Piura, Caucho y primavera) no están en funcionamiento, los dos primeros porque no dieron resultado y el último por oposición de la comunidad.

Inoperantes

El costo de la perforación de los pozos Los Cauchos y Piura se canceló al contratista sin que los mismos estén suministrando agua, así mismo los valores pagados por la construcción de tanque y construcción de redes de distribución (Los Cauchos- Piura ) y cerramiento de protección y kit de bombeo (Piura), son estructuras y equipos que no se usarán, las cuales no debieron construirse ni instalarse sino una vez se garantizara que la perforación realizada para los pozos Los Cauchos y Piura, suministraría el agua para el sistema de abastecimiento contratado.

La existencia del presunto daño patrimonial se encuentra sustentada en la ejecución de una obra inconclusa, abandonada que presenta pago de obras no realizadas e incumplimiento a las cláusulas del contrato.

El probable detrimento patrimonial fue cuantificado en 2.146,65 millones de pesos, suma por la que responderán los presuntos responsables fiscales.

Fallo fiscal por descalabro en pozos profundos en Aipe 9 21 septiembre, 2021
Un pozo profundo no terminado.

Principales responsables

La Gerencia Colegiada del Huila le imputó la principal responsabilidad fiscal a los contratistas, a título de culpa grave, por el daño patrimonial, ocasionado por el incumplimiento, en cuantía de 2.146,65 millones de pesos.

La primera imputación recayó contra Edgardo Curiel de la Hoz, accionista principal del Consorcio Agua para Aipe 2014, en su calidad de contratista y ejecutor de la obra.

El contratista, según el examen fiscal, fue el principal  generador de este proceso de responsabilidad fiscal, pues fue su incumplimiento a las cláusulas del contrato lo que ocasiono el deterioro al patrimonio público, por cuanto incumplió con las obligaciones establecidas desde los estudios previos y el contrato.

“El contratista incumplido suspendió la ejecución del contrato desde el 27 de abril de 2017 y hoy cuatro años después de ello, no ha reiniciado la obra, no ha devuelto a las arcas del estado lo pagado por los pozos que no se encuentran en funcionamiento y no debió cobrar, o comparecido a la liquidación del contrato”, precisó la providencia suscrita por los cinco directivos colegiados.

“Es claro que el contratista incumplió todas sus obligaciones y deberes establecidos en los estudios previos, la oferta y el contrato, generando un detrimento al patrimonio del Estado, con ocasión de los pagos que recibió y no debió haberlo hecho, así como las diferencias encontradas por el organismo de control fiscal entre lo pagado y la obra ejecutada, incumpliendo así sus deberes y obligaciones, incumpliendo lo ofertado en el proceso de selección e incumpliendo con todas las obligaciones establecidas en el contrato”, precisó.

“Así las cosas, al verse vulnerado el patrimonio del Estado lo consecuente es imputar responsabilidad fiscal en contra de Edgardo Curiel de la Hoz en la cuantía de 2.146,65 millones de pesos”, concluyó el organismo colegiado.

También le imputó responsabilidad fiscal a Yamid Fajardo Oñate, representante legal de la Asociación de Municipios de la Zona de Régimen Especial Aduanero de la Guajira – Amzoreagua, (dueño del 20% en el consorcio) en calidad de contratista. Fajardo Oñate no acudió a ninguna de las diligencias, designándole un defensor de oficio.

Como miembro del consorcio contratista se constituye solidariamente en el principal generador de este proceso de responsabilidad fiscal, pues fue su incumplimiento a las cláusulas del contrato lo que ocasionó el deterioro al patrimonio.

Los dos consorciados, registran varias sanciones por incumplimiento, en su propia tierra.

Pésima interventoría

La otra responsabilidad recayó también en el consorcio interventor, también foráneo, y para más señas, también de La Guajira.

El  gestión del interventor, Leonardo Mauricio Oviedo Adarme, según la Contraloría, “fue deficiente, omisiva y descuidada en razón a que firmó y autorizó el pago de las seis actas parciales de obra sin advertir, como era su deber, las falencias que se venían presentando”.

Además, avaló la suscripción de los adicionales uno y dos sin llamar la atención del contratante respecto de los problemas que ya arrastraba el contrato, más aun facilitando el pago de un anticipo adicional por 848,94 millones de pesos sobre el adicional 2, cifra que hoy hace parte muy importante del detrimento patrimonial.

En esta conducta omisiva también cayó  Edgardo Orlando Galofre Sánchez, socio del consorcio con el 20% de la participación accionaria. Tampoco acudió a las diligencias.

Otros responsables

También responderán el alcalde que adjudicó y adicionó los contratos y su sucesor, quien tuvo que autorizar los pagos, sin percatarse de las anomalías, y los tres secretarios de Infraestructura, delgados como supervisores.

Al ex alcalde Jesús Ernesto Álvarez López, le imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave. En su condición de alcalde para la época de los hechos, por su “actuación omisiva y negligente” con las funciones que tenía a cargo, sin garantizar la debida planeación y seguimiento contractual que permitiera generar la satisfacción de las necesidades con el cumplimiento del objeto contractual

También le imputó responsabilidad a su sucesor, José Sevel Castro, quien recibió y canceló las actas parciales de avance de obra (1.154 millones). “El señor Sevel Castro teniendo las herramientas para evitar la pérdida de los recursos estatales, fue negligente en su labor pues su cargo le imponía la obligación de realizar acciones tendientes a la recuperación de los recursos girados y no justificados, tales como la declaración del siniestro, la imposición de multas o la liquidación unilateral del Contrato 120 de 2014”

Asimismo responderá el ex secretario de Infraestructura, Carlos Andrés Perdomo Castro, en su condición de supervisor delegado para el contrato. Durante su vinculación como secretario de infraestructura del municipio de Aipe, se adelantaron las labores precontractuales, se suscribió el contrato 120 de 2014 y en ejercicio de su designación como supervisor, se firmó acta de inicio y además de eso, se recibió y autorizó el pago del acta parcial de avance de obra No. 1 el día 29 de septiembre de 2014 por 1.846 millones de pesos.

La misma responsabilidad fue determinada para su sucesor, Fabián Andrés Tovar Serrano, como supervisor delegado. En el ejercicio de su cargo como Secretario de Infraestructura, recibió y autorizó el pago de las actas parciales de avance de obra siguientes por 2.122 millones de pesos más el pago del anticipo del 40% de la segunda adición por 850 millones de pesos.

La Contraloría le imputó responsabilidad a su sucesor Ángel Harvey Cabrera Leal, quien “no desplegó una actitud diligente frente al seguimiento a la ejecución del contrato y cumplimiento de los fines esenciales estado”. En el tiempo que ejerció la supervisión, se recibieron y cancelaron las últimas actas parciales de avance de obra.

Finalmente,  mantuvo en calidad de terceros civilmente responsables a las compañías aseguradoras.

Fallo fiscal por descalabro en pozos profundos en Aipe 10 21 septiembre, 2021
Los contralores colegiados.