Ante un informe de la Defensoría del Pueblo, que destacó “avances significativos” en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, ayer el Gobierno Nacional, a través de la Consejería para la Estabilización y Consolidación, insistió en su “compromiso y voluntad política” para concretar lo acordado en La Habana (Cuba).
Según destacó el jefe de esa entidad, Emilio Archila, hay “acciones visibles” que reconocen las comunidades y los organismos de seguimiento para dar cumplimiento al Acuerdo. Precisamente, en su informe, la Defensoría advierte dificultades, pero destaca que han sido atendidas “para enderezar las políticas” que se implementaron con “una indebida planeación”.
“Aprovechando que la Corte Constitucional ordenó que los temas previstos deben trabajarse de manera continua, luego de esta, por dos administraciones más, por 15 años seguidos, como estamos trabajando resolveremos tantos temas que debimos haber solucionado hace décadas, con o sin acuerdos. Para ello es preciso que se construya sobre lo construido”, sostuvo Archila.
El consejero, citando lo dicho por la Defensoría, declaró que el Acuerdo no estaba “planificado ni financiado”. Sin embargo, señaló que hay avances en los 516 indicadores de cumplimiento del Acuerdo y “se han logrado avances claros con víctimas, campesinos, excombatientes, mujeres, etnias, medio ambiente, desarrollo rural, participación política, sustitución de cultivos y otros aspectos”.
Archila resaltó también que hay una manifestación política “clara”, planeación de largo plazo, ejecutorias que deberían asegurar que el proceso “sea irreversible” y garantías políticas y jurídicas, así como programas de sustitución de cultivos ilícitos, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Desarrollo Rural Integral.
En su informe, la Defensoría hizo un llamado para implementar la especialidad agraria, cuya iniciativa gubernamental se vio frustrada durante la anterior legislatura del Congreso de la República.
En contraste por lo dicho por la Defensoría, en agosto pasado la Procuraduría General advirtió que “faltan resultados transformadores en los puntos relacionados con Reforma Rural Integral, participación política, garantías de seguridad, en el Capítulo Étnico”. Así lo expresó en el tercer informe de más de 700 páginas que radicó ante el Congreso de la República sobre la Implementación del Acuerdo de Paz.
Sobre la Reforma Rural Integral el Ministerio Público encontró que, de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, el 71% se concentran solo en 15 municipios del país, y las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia presentan la menor disponibilidad de tierra, por lo que, a su juicio, no se estaría garantizando la democratización del acceso a la tierra.
Para el órgano de control, si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6% de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4% han sido adjudicadas, por lo que la Procuraduría solicitó que se aclaren los procesos y fuentes para el cumplimiento de la meta de tres millones de hectáreas para adjudicar y siete millones para formalizar.
También en agosto pasado, un informe de la Controlaría General de la República evidenció que, al ritmo actual, la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc se concretaría en 2047, es decir, en 26 años.
Según la entidad, que le puso lupa a la ejecución de los recursos del posconflicto, en ninguno de los casi cinco años desde que se firmó el Acuerdo se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos, por lo que, a este ritmo –en promedio $5,6 billones anuales–, la implementación se lograría en 26 años.
Las cifras son disientes. En 2017, apenas se ejecutaron $5,36 billones, frente a $9,09 billones previstos; en 2018, $4,21 billones de $8,62 billones disponibles; en 2019, $6,31 billones de $8,55 billones, y el año pasado $6,53 billones de $8,38 billones previstos. Este año se han empleado recursos por el orden de los $5,67 billones, de $8,80 billones que se destinaron.
Con información de El Espectador