La jueza determinó que la Fiscalía no logró soportar la solicitud de preclusión por los delitos de por soborno a testigos y fraude procesal, y por ello el caso no se puede cerrar.
Un poco más de un año después de que la Fiscalía anunció que pediría la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz no acogió los argumentos de la Fiscalía y consideró que el exmandatario debe ir a juicio, al estimar que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito.
En este caso se investiga si el expresidente habría buscado presionar a testigos que lo han señalado de tener relaciones con el paramilitarismo, asunto que Uribe Vélez ha negado rotundamente.
Según la jueza del caso, en los hechos investigados, la Fiscalía no probó la tesis que alegó, es decir, que no había delito, y cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más elementos en este caso.
Y, que, por tanto, hay todavía elementos de duda y una hipótesis viable de que sí hubo soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión puede ser apelada por alguna de las partes y pasaría a examen en el Tribunal Superior de Bogotá.
Tras el análisis de las más de 20 audiencias del proceso, en la que se expusieron puntos a favor y en contra de la preclusión, la jueza se abstuvo de ordenar la preclusión, lo que implica que la Fiscalía tendría que radicar el escrito de acusación contra el exmandatario.
En primer lugar, en la diligencia, la jueza dejó en claro que, como en este caso se equiparó funcionalmente la indagatoria con la audiencia de imputación de cargos, los hechos jurídicamente relevantes son los que señaló la Corte Suprema de Justicia.
“En sede de indagatoria y en fases anteriores de la acusación, el derecho a la defensa no se ve menguado, basta que la defensa sepa cuáles son los hechos objeto de investigación”, dijo la jueza Ortiz señalando que la defensa no puede argumentar que no tiene certeza de la imputación ya que en la indagatoria se hizo la descripción suficiente de lo investigado.
“El despacho no comparte la crítica de la defensa al censurar que la imputación llevada en la indagatoria fue ‘elástica'”, señaló la jueza al indicar que “no le asiste razón al exsenador Álvaro Uribe Vélez en su intervención cuando manifestó que se le había cercenado el derecho a la defensa”.
Además, indicó que todo el trámite y la actuación en la Corte Suprema de Justicia “conserva plena validez en toda actuación”. Y señaló que esta audiencia no es la apropiada para emitir pronunciamiento sobre la validez de algunas pruebas que fueron cuestionadas por la defensa del exmandatario.
Los hechos que se investigan
En concreto, al expresidente Uribe se le investigó por la Corte, que lo escuchó en indagatoria el 8 de octubre de 2019 y le ordenó su detención mediante medida de aseguramiento el 4 de agosto de 2020, porque se habría intentado presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve.
Lo anterior, a través del representante del Centro Democrático Álvaro Prada Artundugada, de Carlos López, conocido como ‘Caliche’ y del abogado Diego Cadena, para que se retractara de las afirmaciones hechas a la justicia, vinculando al expresidente con el paramilitarismo, y firmara una carta con destino a la Corte Suprema de Justicia.
Esas gestiones se habrían hecho con intermediación igualmente del recluso Enrique Pardo Hasche en la prisión, todo con el fin de usar la carta para presentar un recurso de reposición ante la Corte Suprema que días antes, el 16 de febrero de 2018, había archivado una denuncia contra Iván Cepeda y ordenado compulsar copias para investigar al expresidente.
Las visitas, según la investigación inicial de la Corte Suprema, también se habrían hecho para que en la carta se le pidiera perdón al expresidente y se dijera que este fue víctima del senador Cepeda. Y, porque, supuestamente Cadena habría hecho otras visitas en diferentes cárceles a paramilitares para que descalificaran mediante su testimonio o cartas al testigo Pablo Hernán Sierra Ramírez.
El caso también está relacionado con presuntos contactos que el expresidente habría hecho directamente para que el narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez con idéntico propósito, y desacreditar personas en relación con el caso por el que fue a juicio su hermano Santiago Uribe Vélez. Y con una supuesta gestión de Cadena con la exfiscal Hilda Jeaneth Niño para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe contra altos funcionarios de la Fiscalía.
