Mario Andrés Huertas Ramos
En virtud del Acuerdo de Londres (8 de agosto de 1945) se constituyeron los tribunales de Núremberg y Tokio para juzgar a los responsables de la II.G.M. Dichos estrados fueron pioneros de lo que conocemos hoy como la responsabilidad penal individual cuya jurisprudencia se ha complementado, en las últimas tres décadas, a través de los tribunales ad hoc para Ruanda y Yugoslavia.
Las guerras también tienen un frente jurídico y por ello, en la opinión pública internacional se viene preguntando si Putin, los generales rusos y su círculo más cercano podrían ser llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Así, de conformidad con el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI), este tribunal conoce de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y de agresión. Delitos que han cometido las tropas rusas, de acuerdo con las denuncias hechas por la fiscal general ucraniana, Irina Venediktova.
Al revisar entonces el artículo 6 del ECPI, por genocidio se comprende el asesinato sistemático contra una población y el deliberado sometimiento para ser destruida parcial o totalmente. Luego, ¿no fue Putin el que dijo que el pueblo ucraniano no existía?
Por su lado, el artículo 7 delimita los crímenes contra la humanidad a prácticas como el asesinato; la deportación o traslado forzoso de la población; la tortura; la violación; la desaparición forzada de personas; y, por supuesto, la persecución a un pueblo por razones raciales y étnicas. Algunos datos: según Naciones Unidas, más de 11 millones de ucranianos abandonaron el país, decenas de mujeres violadas en Bucha, 53 muertos en el ataque a la estación de tren en Kramatorsk y, obviamente, la mentira de la desnazificación ucraniana.
En cuanto al artículo 8, por crímenes de guerra se entiende todo acto dirigido intencionalmente contra personal, instalaciones o unidades de una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; así como también lanzar ataques contra hospitales y lugares donde se agrupa población civil enferma y herida.
Otro par de datos: a finales de marzo, un campamento del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) sufrió un ataque en Mariupol. Y, para inicios de abril, la Organización Mundial de la Salud había denunciado que más de 64 hospitales habían sido atacados desde el inicio de la invasión.
En efecto, los crímenes de agresión, son todos aquellos que involucran la planeación, preparación y ejecución de un acto que constituya abiertamente una fractura a la paz y seguridad internacionales; y que para estos propósitos, se use la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado.
Es más que evidente que Putin y sus colaboradores deben afrontar un juicio penal; pero, para tales efectos, Ucrania habrá de ganar la guerra. Y en ese sentido, los líderes del Kremlin tendrán que ser arrestados por fuera de su territorio ya que Moscú no reconoce la jurisdicción de la Corte o que, en su defecto, el régimen caiga para que las nuevas autoridades rusas los capturen y así, puedan ser llevados ante la CPI.
A partir de ese momento, no antes, se podrá iniciar el proceso tal como lo contempla el ECPI; sin embargo, como suele pasar con del derecho, y más aún con el derecho internacional, todo queda sujeto a situaciones de orden extrajurídico; vale decir, de política internacional.