La Fiscalía llamará a juicio a dos exgerentes de las Empresas Públicas de Campoalegre (Emac) y ocho empleados del equipo contable y operativo de la entidad. El grupo serán acusados de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, entre otros.
Dos exgerentes de las Empresas Públicas de Campoalegre (Emac), serán llamados a juicio junto con ocho funcionarios más, por presuntas irregularidades en contratación en la entidad pública.
La acusación contra el grupo será hecha por la Fiscal Doce Seccional de Neiva ante el Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento.
Los exgerentes y funcionarios serán llamados a juicio por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Se trata del ex gerente de la ‘Emac’, Daniel Fernando Martínez Falla; la contadora Gloria Meldrey Artunduaga Lizcano, en calidad de ex gerente, el jefe de Control Interno, Wilson Hernández Calimán y el contador Andrés Barreiro Soto, quien figuraba como Tesorero-Pagador.
Además la subgerente Administrativa Socorro Ramírez Flórez, al subgerente Técnico Operativo y Ambiental, Edgar Andrés Tovar Galindo, el entonces jefe de Control Interno, Miguel Ángel Díaz Losada; Héctor Fabio Peña Vanegas, Jair Alfonso Silva Martínez y Lina María Giraldo Perdomo.
Las presuntas irregularidades fueron descubiertas por la Oficina de Control Interno durante una auditoría realizada a la Empresa de Servicios Públicos (Emac), en el 2015. El informe, reportado a los organismos de control, originó las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias en pleno desarrollo.
La auditoría exprés iniciada por la Contraloría confirmó dos giros realizados al finalizar la administración por obras que nunca se ejecutaron. Además, develó otras anomalías en contratos de suministros, falsas campañas de capacitación, compra de materiales y provisión de combustibles y lubricantes.
Según la auditoría, se giraron recursos públicos de forma indebida, configurándose 22 irregularidades con incidencia fiscal, administrativa, penal y disciplinaria que hoy tiene ‘enredados’ a tres ex gerentes, al equipo contable, a los contratistas y a otros funcionarios de la empresa de servicios públicos.
Inicialmente la Contraloría estimó el desfalco en 36 millones de pesos. No obstante, la Fiscalía, profundizó las irregularidades y descubrió que esta no era la única. Las irregularidades venían ocurriendo desde febrero de 2012.
La imputación
Según la Fiscalía, en este caso, se presenta la probable “creación de una empresa criminal con el propósito de cometer delitos encaminados a defraudar patrimonialmente a la Empresas Públicas de Campoalegre (Emac), mediante la simulación de contratos de diversa fecha, tipología, objeto y valor”.
El organismo investigador estableció “la existencia de siete contratos de los cuales se efectuaron pagos por anticipo, parciales y/o totales, mediante el giro de 16 cheques que fueron cobrados en su totalidad con endoso falso, por algunos de los concertados”.
También en febrero de 2015, comenzando la nueva administración, la gerente de la Emac, Gloria Meldrey Artunduaga Lizcano, actuando de común acuerdo con el tesorero y una particular, se apropió en provecho de ésta última de una suma de dinero mediante otro pago fraudulento al simulado.
“Es decir, se realizó con un cheque cobrado con endoso falso por dicha dama, quien se apropió del dinero sin justificación alguna”, precisó el fiscal del caso durante la audiencia de imputación.
El primer hallazgo
Según la Contraloría, Daniel Martínez Falla, terminando el mandato de Neyla Triviño giró dos cheques iniciales, sin existir ninguna obligación a un supuesto contratista. Luego, ante los reclamos de algunos funcionarios, intentó legalizarlos con un contrato cuya ejecución no se probó.
“No se dejó evidencia del cumplimiento; no existe informe detallado de las actividades realizadas del contratista ni los materiales utilizados”, según el informe.
El funcionario suscribió el contrato de prestación de servicios No. 067 el 4 de agosto de 2014 para realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alcantarillado en algunos sectores de la zona urbana. El contrato incluía el retiro de sedimento y demás residuos que obstruyan la red, para prevenir rebosamientos durante la temporada invernal.
El documento registraba otras inconsistencias: Por ejemplo, el plazo de ejecución era de 43 meses (tres años y medio) y el plazo señalado en el acta de liquidación era de tres meses. El valor inicial era de 31,5 millones pero se pagaron, sin contrato, anticipadamente 34 millones.
Obras ficticias
Sin que existiera contrato alguno y sin ninguna justificación el gerente Martínez Falla entregó inicialmente a un particular recursos públicos por 18 millones de pesos, según los comprobantes de egreso Nos. G-001-380 por valor de 15 millones y G-001-385 por tres millones de pesos, ambos a favor de Diego Armando Trujillo. Los pagos se hicieron con los cheques 526025 y 526030 del Banco de Colombia.
El 4 de agosto, el mismo día en que aparece firmando el supuesto contrato se realizó otro pago por cuatro millones de pesos (comprobante de egreso G-001-459).
Los dos últimos pagos se realizaron el 17 de febrero de 2015 por 2,5 millones y el 9 de abril de 2015 por nueve millones, según comprobantes de egresos G-001-098 y G-001-163 para un total de 34 millones de pesos, “entregados a un particular como contraprestación por unos servicios que aparentemente no se prestaron”, según el reporte de auditoría obtenido por LA NACIÓN.
Sin certeza
Aunque no existe certeza de la ejecución de las obras, apareció una certificación expedida por la Gloria Meldrey Artunduaga Lizcano, en calidad de supervisora, quien no tenía esa facultad, asignada al jefe operativo.
Además, la funcionaria quien fungía como gerente encargada, firmó el acta de liquidación y certificó el cumplimiento del contrato, basada, en una supuesta verificación efectuada por el subgerente técnico operativo, a quien la correspondía la supervisión. Sin embargo, no se encontró ningún documento ni soporte sobre la ejecución.
“Estamos ante la inversión de unos recursos públicos, de los cuales no se tiene certeza sobre su ejecución en los términos pactados”, anotó la Contraloría.
La única certificación que se refiere a su cumplimiento fue expedida por quien no tenía la calidad de supervisor; además, su fecha de elaboración, según lo consignado resultó ser del 3 de noviembre de 2015, una fecha que no corresponde al tiempo durante el cual se ejecutó y terminó el contrato.
“Sobre este contrato se hicieron dos pagos antes de firmarse, circunstancias que permiten inferir de manera razonada que durante la ejecución del contrato, no se realizó una supervisión sobre el mismo, de suerte que, se desconoce si se realizaron los mantenimientos contratados o no, además de la posible legalización de hechos cumplidos”, reportaron los auditores.
“Así las cosas- dijeron- ante la ausencia de soportes sobre la ejecución y/o avance del contrato, y sin que se hubiere observado que para el pago, se hubiere efectuado la liquidación debidamente suscrita por el Subgerente Técnico Operativo, como lo señalaba la cláusula cuarta contractual, existen indicios, que permiten inferir, que el contrato no se cumplió en los términos pactados”.