Anteriormente hice referencia a innumerables cuestionamientos hacia nuestros “Honorables” especialmente por su ilegitimidad, voracidad y abuso, perversidad, corrupción, derroche, incompetencia, negligencia e impunidad; es concebible que esto sea normal para nuestra clase politiquera y sus financiadores, pero insólito que hayamos tolerado tanto vejamen, abuso y corrupción durante muchos lustros. Según encuestas el rechazo al legislativo es abrumador, pero nada hacemos para reformar este perverso ente, ni cuando tuvimos la oportunidad en la pasada consulta popular, es decir somos cómplices por omisión y por acción.
En 20 años se han presentado 18 proyectos sobre reducción salarial y contra ausentismo, todos fracasaron, pues sus beneficiarios son muy hábiles, mañosos o excelentes patrañeros, con encomiables excepciones; “Que rebajar salarios es inconstitucional, que no legislan sobre sus asuntos, que tienen compromisos financieros…”, o se ausentan para impedir el quorum. Los actuales congresistas se han blindado para que las posibles reformas al Congreso no afecten sus ingresos, pésimo comienzo; una reducción salarial de $35 millones a $25 millones (30% a partir de 2026) representaría un ahorro significativo, además tendría efecto en los altos funcionarios oficiales; sin embargo continuará el inmenso poder por ser juez y parte que ha permitido abusivos privilegios y altísimo nivel de corrupción, además vendría el revanchismo para recuperar la pérdida por reducción de salarios (Esto ocurrió anteriormente). Una reforma deseable debería crear un ente que se dedique principalmente a legislar que es su razón de ser, de manera residual a otros aspectos; actualmente ocurre lo contrario y así está el proyecto, más del mismo engaño.
Dicha reforma debería contemplar (Entre muchos correctivos): trabajo legislativo presencial cinco días-semana para mayor productividad y reducir viajes del congresista a las regiones para usufructuar la politiquería; régimen de sanciones estricto (Contra intervención en contratos, recurrente ausentismo, abusos etc.), pero otro ente independiente debería sancionar para erradicar impunidad. Complementariamente debe reformarse el sistema electoral para que el Estado financie mayoritariamente las campañas y evitar compromisos del congresista con financiadores privados, además restablecer la independencia de poderes. Es abominable que el Congreso intervenga en quienes dirigen la justicia y órganos de control; recientemente padecimos un bochornoso espectáculo, la rapiña para elegir contralor, buscando ampliar cuota burocrática, futura impunidad, con temerario voto secreto. Es evidente la necesidad de una reforma política mayúscula pero impulsada por la presión popular, desafortunadamente nuestras mayorías han sido egoístas, apáticas, desconocedoras de problemas estructurales, a veces cobarde o cómplice. Propaganda engañosa, falacias neoliberales, modernos celulares, represión y grupos religiosos, han marginado al pueblo del análisis y solución de sus graves problemas. Ojalá este gobierno logre solucionar al menos parte de nuestros padecimientos, que surjan condiciones para que el pueblo supere carencias y verifiquemos que no ocurrió un salto al vacío, sino que salimos de lo más profundo del abismo.