Con suma atención deben ser abordadas por parte del gobierno de Gustavo Petro las advertencias que está haciendo el gremio petrolero respecto a la iniciativa de recaudar $7 billones adicionales a través de nuevos tributos en este sector y que está contemplada el proyecto de reforma tributaria radicado en el Congreso de la República.
Según la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, “preocupa el impacto de la reforma, dado que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80 por ciento, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de Exploración y Producción (E&P), incluidos contratos existentes que requieren de inversión, sin perjuicio de la necesaria para una transición integral; vale la pena resaltar que las empresas privadas son responsables del 70 por ciento de la exploración ejecutada”.
Y agrega: “una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de E&P pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma”. La ACP deja claro que está “de acuerdo con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se direccionan a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios”.
En el entendido que el sector hidrocarburos es importante estratégicamente para el país dado que es uno de los grandes contribuyentes del país y es generador de una fuente de ingresos para las regiones, el gobierno Petro debe estar en la capacidad de dialogar con el gremio y alcanzar consensos para mantener la autosuficiencia y soberanía energética del país.