La Nación
Entrevista

“A Algeciras tiene que ir el Estado en todas sus facetas”

“A Algeciras tiene que ir el Estado en todas sus facetas” 1 12 agosto, 2020

El defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret, habla con LA NACIÓN y se refiere a la ola de violencia que sacude al municipio de Algeciras. Exhorta a que el Estado vaya “con oportunidades sociales y económicas”. “No es una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública”, advierte.

 

Jesús Antonio Rojas Serrano

editorgeneral@lanacion.com.co

El municipio Algeciras, oriente del Huila, pasa por una etapa crítica en materia de orden público. No sólo se dispararon este año los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc sino que regresó un fenómeno que se creía extinguido: los desplazamientos forzados de familias enteras.

¿Qué hacer con Algeciras? Fue una de las preguntas que le soltó LA NACIÓN al defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret. Y él respondió sin vacilar: “Allá tiene que ir el Estado en todas sus facetas. No es una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública”.

Además del clima de violencia en Algeciras, el Defensor del Pueblo habló sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, del compromiso de las autoridades para esclarecer los crímenes de líderes sociales y de su labor al frente de la Defensoría durante los últimos cuatro años.

 

¿Cuál es la radiografía de derechos humanos hoy en el país? ¿Qué preocupaciones tiene?

Sin duda estamos pasando por momentos difíciles. Hay situaciones de orden público y violencia desmedida que nos duelen y conmueven. Pero si me permite quiero empezar transmitiendo un mensaje de esperanza.  Tenemos que mirar al horizonte, más allá de todos estos obstáculos que tenemos por superar, y convencernos de que hay una salida a la espiral de la violencia. Por supuesto que hay graves riesgos para los derechos humanos. Los intereses mezquinos y egoístas de los actores armados nos quieren regresar a la guerra. Pero quiero sobre todo ser enfático en que hay oportunidades. Hay una hoja de ruta trazada para regresar la esperanza a los colombianos. Ampliar la democracia. Transformar y darle dignidad al campo y los campesinos. Darles verdad a las víctimas y garantizar su derecho a saber por qué la guerra arremetió contra ellos. En ello debemos concentrarnos. En las oportunidades que nos brindan los derechos humanos.

 

¿Por qué cree que no se ha podido detener la racha de crímenes de líderes sociales y excombatientes de las Farc?

Son dos fenómenos diferentes y hay que ser juiciosos en su comprensión. La violencia contra defensores de derechos humanos y líderes, ocurre y tiende a exacerbarse desde la firma del Acuerdo Final por el rol preponderante en la dinamización de las transformaciones del campo a través de la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y la sustitución de cultivos. Lo anterior, en contextos de expansión y consolidación de grupos armados como Eln y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o de emergencia como las facciones disidentes, que llegaron a copar los territorios donde las Farc dejaron las armas, para adueñarse de las históricas rentas ilícitas. Otro diferente es el fenómeno de violencia histórico y estructural contra las personas que optan por dejar las armas en este país. Es doloroso que 219 colombianos que apostaron por la paz, hayan sido asesinados de forma inclemente desde la firma del Acuerdo. Pero, así mismo, lo es que entre 2007 y 2009, según cifras del Observatorio de Procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración de la Universidad Nacional, hayan asesinado violentamente a casi 900 desmovilizados de las AUC que dejaron las armas. Hay cuestiones estructurales, es decir de naturaleza social y económica, que arremeten contra quienes valientemente optan por dejar las armas. Algo grave y doloroso.

 

¿Qué hacer con el municipio de Algeciras, oriente del Huila, en donde se dispararon este año los asesinatos de exmiembros de las Farc y líderes comunales, así como los desplazamientos forzados?

Allá tiene que ir el Estado en todas sus facetas. No es una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública. Tiene que ir el Estado con oportunidades sociales y económicas a decirle a los violentos que ellos no son la autoridad. A sacarle de las manos a los jóvenes que quieren reclutar valiéndose de la falta de oportunidades. A Algeciras tenemos que llegar con una oferta robusta de justicia para que las comunidades puedan denunciar, con la certeza de ser escuchados para emprender acciones para el esclarecimiento de todos estos actos arbitrarios de violencia. El imperio de la ley es la única receta para combatir el imperio del delito.

 

¿En qué otras regiones del país la situación se tornó difícil para los excombatientes?

Mi departamento, el Cauca. Allá también atravesamos, sobre todo en el norte, un fenómeno de violencia desproporcionada contra excombatientes, asociado a su decisión de no querer volver a la guerra, de no involucrarse con economías ilegales y de cumplirle a la paz.

 

Francamente hablando, ¿Hay un compromiso real de las autoridades por proteger a los líderes sociales y excombatientes de las Farc y esclarecer los asesinatos que se han registrado?

No tengo la menor duda que lo hay. Que hay errores, vacíos y defectos, claro que los hay. Pero yo no puedo desconocer que este y el anterior Gobierno priorizaron la defensa de los líderes y defensores de derechos humanos en la agenda. Emprendieron diferentes acciones, con diferentes enfoques, dirigidas a promover un diálogo con la sociedad civil sobre las garantías para la defensa de derechos humanos en Colombia. Una asignatura que teníamos pendiente y que hoy tratamos de superar como Estado.

 

Usted que defendió los acuerdos de paz con las Farc, ¿Qué corte de cuentas tiene sobre la implementación?

La paz, en primer lugar, no es solo el silencio de los fusiles. La paz es, en esencia, la superación de las causas del conflicto armado y la violencia. Luego la paz es, en realidad, la transformación sustantiva de la sociedad y los territorios. Y esta es una transformación que nos costará años y a la cual le debemos paciencia. Pero el balance es más o menos claro: se entregaron las armas y con ello salieron de escena más de 8.000 oportunidades de atentar contra la vida de colombianos. También se implementaron importantes esfuerzos para avanzar en la reforma rural integral, incluida la sustitución de cultivos, pero con muchas actividades pendientes de transformación. Muchas esperanzas y expectativas sobre los resultados del sistema integral de justicia transicional para conocer la verdad y regresarles la dignidad a las víctimas, que esperamos prontamente puedan presentarle al país sus resultados para que por fin hagamos catarsis. En fin, la ciencia de la paz es la paciencia.

 

¿Es posible la paz con inclusión social?

Es necesaria la inclusión social para lograr la paz.

 

Dijo hace poco el expresidente Ernesto Samper: “Regresaron los desplazados, las minas antipersona, los paramilitares…Con pandemia y todo, regresamos a la guerra”, ¿Ve hoy el país así?

No. Pero no porque sea negacionista. Todos los días documento la violencia y soy el que le cuenta al país estos horrores. Quiero ser claro: en Colombia persiste el conflicto armado. Pero no creo que regresemos a la guerra porque hay la determinación de una sociedad entera para no volver atrás. No creo que regresemos, porque el río de sangre que detuvimos con el Acuerdo Final era de un caudal muy potente. No, porque tenemos una hoja de ruta y de ella no nos podemos dejar distraer. Seguirán apareciendo los obstáculos y seguiremos superándolos.

 

Usted está de salida de la Defensoría del Pueblo, ¿Qué balance tiene de estos cuatro años?

Mi balance es positivo. Logré lo que me propuse. Llevar una Defensoría a los territorios, a los lugares donde el Estado no ha llegado; posicionar la defensa de los derechos humanos como una labor esencial para la vida en democracia; y entregar a mi sucesor una Defensoría del Pueblo moderna. Una Defensoría para los retos del siglo XXI y la construcción de paz.

 

Se caracterizó por recorrer las regiones más apartadas del país, ¿Qué encontró?

Yo digo que este país me lo he recorrido dos veces. La primera hace casi 30 años cuando fui subgerente del Incora, la segunda como Defensor. En aquella oportunidad me encontré con muchas carencias: hambre, falta de oportunidades, ausencia del Estado. Ahora he vuelto a recorrerlo con la Defensoría, y en esta oportunidad me encontré con algo que no había antes y creo es la originadora de tanta angustia y miedos: son los cultivos de hoja de coca con fines de narcotráfico, los laboratorios, los insumos, etc.  Pero me encontré sobre todo, igual que en aquella ocasión, con gente buena. Con las manos callosas de los campesinos que jornalean con la mirada esperanzada de las mujeres. Con la palabra mística de los hermanos mayores. Con la energía esperanzadora de los niños y las niñas.

 

¿Qué tanto sirven las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo?

Sirven mucho. Sirven para reconocer realidades que de otra forma, difícilmente, se harían visibles para las instituciones. Las Alertas son instrumentos para la prevención de violaciones a los derechos humanos y en ese sentido una herramienta para que las autoridades de todos los niveles focalicen sus planes, programas y proyectos.

 

¿Cómo queda la Defensoría del Pueblo en materia de defensores públicos? ¿Por qué en Neiva se han quejado siempre de pocos defensores?

Vea, yo decidí el año pasado renunciar a una facultad que me otorgaba la ley y era la de nombrar directamente, con el dedo, 4.000 contratistas del sistema nacional de defensoría pública para que cumplieran con el servicio como defensores públicos, a lo largo y ancho del país. Y decidí que fuese la Universidad Nacional, a través de un examen de conocimiento, la que conformara un listado de abogados para contratar y así garantizar además de excelencia en el servicio, transparencia y selección objetiva. Porque el Defensor del Pueblo debe ser íntegro y este tipo de facultades, si bien se enmarcan en la ley, generan incentivos inadecuados para el ejercicio del cargo.

 

¿Quién debe ser su sucesor?

Quien determine la Cámara de Representantes de la terna que le remita el señor Presidente de la República. Tengo que ser respetuoso del procedimiento que me dio la oportunidad de ejercer esta honrosa responsabilidad. Lo único que si quisiera señalar es que quien sea esa persona vendrá a una entidad fuerte, muy capaz y solvente, y con un equipo humanos de excelentes calidades técnicas y humanas. Esa persona tendrá que tener la habilidad de escuchar, de escuchar con atención y sin prejuicios pero, además, de actuar siempre con integridad y lealtad a las responsabilidades que impone ser el defensor o la defensora de los colombianos.

 

¿Cuál es su mensaje para los huilenses en medio de esta pandemia?

Un mensaje de tranquilidad y acatamiento estricto de las normas de aislamiento. Estamos pasando por una situación crítica y sin antecedentes. La podremos sortear bien si cumplimos como ciudadanos quedándonos en casa, manteniendo el distanciamiento social y usando todos los medios de prevención a nuestro alcance. Mucho ánimo y convicción en que lo estamos haciendo bien como ciudadanía.