Bajo la propuesta del Gobierno de Iván Duque, ‘El futuro es de todos’, Libardo Gómez Sánchez, líder del Polo Democrático Alternativo, hace una radiografía en diferentes aspectos de este mandato.
Libardo Gómez Sánchez
Se cumplen dos años del gobierno de Iván Duque y al momento de evaluar su gestión, como dice el argot popular: “cada uno habla de la fiesta como según le va”. Los grandes capitales nacionales y extranjeros no paran de elogiar porque sus beneficios han sido enormes, en especial los banqueros, la gran minería y los dueños de las EPS, sectores privilegiados que han recibido todo tipo de prebendas y dineros del Estado. Al contrario, las clases medias y el empresariado nacional han sido objeto de constantes medidas tributarias y normativas que golpean sus negocios y sus finanzas. Sectores populares continúan recibiendo los recursos de familias en acción y otros programas asistencialistas, sin la esperanza de escapar de su miserable vida.
Si iniciamos midiendo su administración por el desempeño de su equipo de gobierno, es lamentable; escándalos sacudieron al exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien debió renunciar antes de que se hiciera efectiva una moción de censura presentada en el congreso que se veía prosperar, entre otras, por ocultar la muerte de ocho niños en una operación de bombardeo contra las disidencias de las Farc en el Caquetá. La cancillería ha tenido un manejo subordinado de la política exterior a las instrucciones del gobierno de Trump, lo que ha ocasionado actuaciones rayanas al ridículo como el apoyo a Guaidó, el jefe sin poder de la oposición a Maduro, que impide cualquier tipo de relación diplomática con el país vecino afectando negocios, manejo de la diáspora venezolana hacia nuestro país y la solicitud de extradición de la fugada Aida Merlano. Sin embargo, el capítulo más vergonzoso de esta cartera, lo configura el ingreso de tropas de marines norteamericanos a nuestro territorio violando los más elementales preceptos del derecho internacional, como la autorización que debió pedirse al congreso para permitir su presencia en el suelo patrio.
Puso al mando del Ministerio de Hacienda a Alberto Carrasquilla cuestionado por haber aprovechado en el pasado la dirección de la misma cartera para estructurar un negocio que se conoció como los “Bonos Carrasquilla”, con los que se entrampó a más de cien municipios que urgidos de resolver su necesidad de agua potable se endeudaron y nunca vieron solución, tal y como ocurrió con el tristemente célebre Tasajera, de ingrato recuerdo por los jóvenes calcinados en la carretera luego de la explosión de un carrotanque.
Duque decidió desde los inicios de su mandato incumplir las promesas hechas en campaña electoral. A pesar de haber jurado que no gravaría con más impuestos a los colombianos presentó y aprobó una reforma tributaria que redujo las tarifas a las multinacionales y las aumentó a los trabajadores. Afirmó que protegería los recursos naturales y en especial los páramos, fuentes de agua y pese a la enorme oposición de las comunidades, se ha dado sus mañas para comprometer Santurbán en Santander. Juró que no promovería el Fracking por sus negativos efectos ambientales y ya autorizó el inicio de pruebas.
Previo al inicio de la epidemia del Coronavirus, los principales indicadores económicos venían en franco deterioro. El Dane reportó una tasa de desempleo del 12,2%, a la que habría que adicionar una buena parte de los 14,6 millones de personas inactivas. En noviembre de 2019, la calificadora de riesgos Fitch Ratings indicó que mantenía la calificación en BBB, pero con una perspectiva negativa; aducía la incertidumbre en materia macroeconómica en el largo plazo, el déficit de la cuenta corriente, el aumento de la deuda pública; señala, además la alta dependencia que tiene Colombia en los commodities, cuyos precios tienden a la baja, por lo que recomienda trabajar con el objetivo de diversificar la economía. Pese a estos antecedentes, los voceros oficiales se empecinan en presentar los desastres del país como consecuencia de la cuarentena que obligó el COVID-19, cuando en realidad ésta sólo los desnudo en su plenitud y confirmó los estragos causados por el modelo que adoptó el país desde hace tres décadas; sin embargo el gobierno no corrige e insiste en sostener el lamentable sistema de salud que no resuelve los apremios de los pacientes y maneja un patrón inicuo de contratación del personal sanitario. Acentúa la política de importaciones contra la producción nacional. Destina los recursos públicos al fondeo a la barata de las entidades financieras, que nos extorsionan con créditos a onerosas tasas de interés. Renuncia a fuentes de recursos baratos como las reservas internacionales o la emisión del Banco de la República, para aumentar la costosa deuda externa. Abandona a su suerte a la pequeña y mediana industria y a los productores del agro. Suplanta al legislativo por la vía de decretos de excepción recortando la limitada democracia y mira impávido la masacre de que son objeto cientos de dirigentes sociales y ambientales.
En estas circunstancias, el slogan que mejor refleja la gestión presidencial es: “El Futuro es de unos pocos”.