A juicio contratistas del distrito Tesalia-Paicol 1 16 febrero, 2020
INVESTIGACIÓN

A juicio contratistas del distrito Tesalia-Paicol

Los contratistas e interventores, entre ellos dos empresas españolas tendrán que responder por la pérdida de 23.235 millones de pesos destinados para terminar la obra. La fase dos quedó a la deriva y las obras están en avanzado deterioro.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

 

El segundo contrato adjudicado hace cinco años para la terminación del distrito de riego Tesalia-Paicol, fracasó definitivamente y el proyecto quedó inconcluso.

El contrato no se cumplió a cabalidad. Las obras civiles faltantes o complementarias quedaron al garete, entre ellas,  la conducción principal, la cámara de presurización, el paso elevado sobre el Rio Negro de Narváez y algunos tramos de los sistemas de distribución y la adecuación predial, que dejó sin terminar el consorcio Interriego (socio del Grupo Nule).

El contrato de obra 0939, adjudicado a la Unión Temporal Tesalia 2014, tuvo un valor inicial de 81.553 millones de pesos. Sin embargo, la inversión total alcanzó otros 114.353 millones de pesos,  el 26,74% más de lo presupuestado inicialmente.

El contratista se quedó solamente en las reparaciones iniciales, limpieza de los canales colmatados, mantenimiento de juntas y reparación de concretos.

El contrato lo adjudicó el 22 de diciembre de 2014  el director General del Incoder, Rey Ariel Borbón, como un compromiso para terminar el colosal paquidermo. Pero tampoco logró su cometido.

La Contraloría General de la República admitió, cinco años después, la pérdida de los recursos destinados para la terminación de la obra e inició las acciones que le corresponden para intentar recuperarlos.

“Así las cosas, tampoco se logró la finalidad del proyecto para irrigar 3.823 hectáreas, que se incorporarían a la producción regional”, notificó el contralor delegado, Eduardo Pineda Arrieta, adscrito a la Unidad Nacional contra la Corrupción.

En su criterio, los recursos que se perdieron ascienden a 23.235 millones de pesos, representados en pagos dobles, pagos de mayores cantidades de obra y otras irregularidades que impidieron la culminación del proyecto.

Por ese momento deberán responder los contratistas, interventores y todos los supervisores que participaron en el proceso contractual y en las múltiples adiciones y modificaciones.

Entre los responsables figuran los representantes de las empresas españolas, Marco Obra Pública S.A. Sucursal Colombia y la Constructora de Obras Municipales (Comsa) que concurrieron financieramente. Igualmente los restantes miembros del consorcio.

“En el presente caso, el presunto daño patrimonial está representado en la pérdida de recursos originada en el ejercicio de una gestión fiscal ineficiente e ineficaz”, afirmó Pineda Arrieta, quien confirmó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal contra este segundo contratista.

En su criterio, las irregularidades se materializaron por una indebida planeación, fallas en celebración y ejecución y en un débil seguimiento al contrato de obra.  Pero además, como lo había anticipado LA NACIÓN, en pagos dobles, pagos por obras no ejecutadas o mayores valores cancelados.

El contratista tenía un plazo de 12 meses. Sin embargo, en el proceso de ejecución el plazo se amplió a tres años y nueve meses. Aun así, tampoco se cumplió. Actualmente está en liquidación.

A juicio contratistas del distrito Tesalia-Paicol 2 16 febrero, 2020

 

A responder

El presunto detrimento patrimonial se deriva de las irregularidades presentadas en la etapa precontractual y contractual, principalmente por los contratistas, interventores y supervisores.

“La Contraloría vinculó a los contratistas en virtud de la gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial”, precisó Pineda Arrieta.

En este orden llamó a responder  como presuntos responsables a los representantes legales de las empresas españolas  Marco Obra Publica SA, sucursal Colombia, Guido Cadelo Raimondi, lo mismo que al gerente de la Constructora de Obras Municipales (Comsa SA), Andrés Sanmiguel Castaño, en calidad de miembros del consorcio Tesalia 2014.

Además, Alirio Giovanny Cárdenas Rico, representante legal de la firma Edivial, integrante del consorcio. También a la empresa Perdomo y Luna Ltda (Perlun Ltda), representada por Diego Fernando Perdomo Rojas.

Igualmente vinculó a quienes suscribieron los contratos adicionales y modificaciones al contrato original. Entre ellos figuran Arturo Mogollón Zuluaga, gerente de la empresa Asesorías, Interventorías, Diseño y Construcción (Aidcon Ltda) de Barranquilla;  Angelito Caez Pérez, gerente de las empresa Caez Ingeniería y Arquitectura, también de Barranquilla; Carlos Caez Turizo, Carlos Augusto Cruz Ayala y Luz Beatriz González Jarro.

También responderán en este procesos fiscal los supervisores del contrato de interventoría, Manuel Alexander Tovar Ríos, Héctor Rodolfo Acevedo Strauch, Yineth Esperanza Guarnizo Rojas y Oscar Andrés Rosas Páez, quienes tenían la competencia y les asistía la obligación de exigir al contratista el pleno y adecuado cumplimiento del objeto contractual y no lo hicieron.

En el mismo proceso tendrán que responder los empleados del antiguo Incoder, Carlos José González Hernández y Carlos Adolfo Arenas Campos, quienes avalaron sin observaciones las actas de recibo parcial.

 

Dobles pagos

En ejecución del contrato se pagó el transporte del material proveniente de las excavaciones de la conducción principal con distancias mayores a las reales, lo que implicó el pago de un mayor valor.

Además, se pagó el doble del material granular para conformar la ataguía principal para desviar el río Negro de Narváez y ejecutar las obras en la margen izquierda de la captación del distrito. Igualmente se duplicó las cercas de alambre y estantillos en la bocatoma.

Se canceló tubería en PVC en sitios en donde no se hizo excavación ni rellenos. En otros casos se pagó la tubería que ya había sido instalada y pagada con el anterior contrato.

Estas actividades generaron pagos injustificados por 1.024 millones de pesos, que se pueden configurar como un detrimento patrimonial. Aunque la entidad presentó las explicaciones del caso, la Contraloría estimó que esos dineros se perdieron por falta de control y seguimiento de la empresa encargada de la interventoría y de los supervisores. De hecho, el desconocimiento de las actividades que se ejecutaban en las obras de captación (sub ramales T1 y T2) ocasionó el doble pago de algunas obras y en otros, al reconocimiento de mayores cantidades de obra a las ejecutadas.

Anomalías

El contratista incurrió en mayores gastos en actividades para corregir, rehabilitar y arreglar los materiales suministrados del anterior contrato.

Las inversiones ejecutadas en virtud del nuevo contrato se destinaron a corregir las irregularidades tanto de obra como suministro de materiales que generaron mayores gastos por 2.071 millones de pesos, que afectaron los recursos asignados para las nuevas obras.

“Estos recursos constituyen una afectación al patrimonio del Estado por cuanto fueron destinados a subsanar situaciones que a la postre tampoco contribuyeron a la terminación de las obras del distrito de riego, con el agravante que gran parte de los materiales adquiridos en virtud del contrato 0695 de 2009 tampoco fueron ejecutados en el  desarrollo del contrato 0939 de 2014”.

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La fase dos quedó al garete.

Mayores pagos

Los mayores pagos se originaron por las modificaciones en la forma de pago, situación que además de conllevar a la desnaturalización del contrato de obra, lo convirtió, sorpresivamente,  en un contrato de suministro. Estos cambios autorizados el 14 de diciembre de 2010 y 20 de diciembre de 2013, permitieron que el contratista en vez de ejecutar una mayor cantidad de obra (objeto del contrato), dedicara gran parte de los recursos a la adquisición de materiales, que nunca instaló.

Está confirmado que el consorcio Interriego encargado del contrato,  ejecutara los recursos en la adquisición de tubería de diferentes diámetros, compuertas, infraestructura para viaductos, válvulas y accesorios, los cuales en su mayoría no instaló.

“Estas modificaciones en la forma de pago conllevaron a que la construcción de obra que era el objeto principal y la razón de ser del contrato de obra civil No.695 de 2009, fuera ostensiblemente menor”, explicó el perito de la Contraloría.

Pero además, con el agravante que a la terminación de dicho contrato la mayor parte de los materiales suministrados quedaran abandonados, expuestos al deterioro progresivo.

Según la ADR sin la ejecución de estas actividades era imposible darle continuidad y conexión a varias de las obras que quedaron construidas bajo el anterior contrato en forma parcial.

En estas condiciones, los mayores gastos pagados para corregir y rehabilitar los materiales ascendieron a 2.072 millones de pesos.

 

Franco deterioro

Una vez terminado el contrato de obra pública (0938 de 2014) en los patios Diamante y La Esmeralda y en algunos sectores de la conducción principal y del sistema T1, quedaron abandonados a la intemperie y expuestos al deterioro progresivo 400 tubos de concreto reforzado (RCP), 700 tubos de acero revestido (CCP), 137 codos, tubería de distintos diámetros, compuestas, válvulas y componentes de la estructura metálica, entre otros.

Según los inventarios realizados por las interventorías de los dos contratos de obra pública, los materiales fueron adquiridos pero no fueron instalados ni utilizados para la terminación de las obras del distrito de riego.

Entre otras, la cláusula 8 establecía que debía utilizar los suministros de propiedad del antiguo Incoder, dispuestos en el patio Diamante y en los frentes de obra hasta agotar las existencias. Además, preveía que cualquier cambio en el trazado de las tuberías debía contemplar el inventario de este material entregado por el Incoder para su utilización. Pero no se hizo.

Nueve años después de haber sido adquiridos, los materiales, en su mayoría, se encuentran abandonados a la intemperie y expuestos a un deterioro progresivo.

Con el agravante que no cuentan con la garantía de calidad que permita su posterior utilización en la terminación de las obras del distrito. Este hecho, en criterio de la Contraloría, genera un detrimento patrimonial estimado en 9.521, 31 millones de pesos, el monto de la inversión ejecutada en la adquisición de los materiales no utilizados.

Según la última evaluación, faltó la instalación de 5.883 metros lineales de tubería en la conducción principal. Faltaron los canales secundarios en tierra de los dos canales. Entre otras razones por las fallas en el diseño realizados por la firma CRA, la subestimación de cantidades y actividades en el presupuesto y a una inadecuada priorización de las actividades. Y para completar, las dificultades para ingresar a los predios del cabildo indígena.

 

Obras de drenaje

En la conducción principal (entre el kilómetro 5+950 y el kilómetro 8+950) a lo largo del tramo se ejecutaron algunas obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, canales y revestimientos en piedra) ante el vencimiento de los cierres ambientales. Sin embargo solo se ha realizado la explanación a nivel de rasante faltando todas las actividades de obra para la instalación de la tubería de acero reforzado de 54 pulgadas.

“Por deficiencias en la planeación de las obras de drenaje puede conllevar a la pérdida de la inversión cuando se reanuden las obras”, anotó el equipo auditor.

Según la CAM, debían construirse disipadores en concreto reforzado como los construidos. La ADR admitió que se cambiaron las especificaciones, lo que redujo la inversión en un 32,5%. Sin embargo aseguró que en desarrollo de las actividades pendientes, tendrá en cuenta las especificaciones técnicas para mitigar el desmonte de las estructuras.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción

La decisión fue ordenada por el contralor delegado, Eduardo José Pineda Arrieta

 

Permisos ambientales

A pesar de estar vigentes los permisos y licencias otorgados por la CAM el contratista volvió a tramitarlos, sin ninguna justificación técnica, incurriendo en mayores costos y en pérdida de tiempo. Entre otros, la concesión de aguas superficiales, ocupación de cauces, lechos, aprovechamiento forestal y compensaciones ambientales, sobre las mismas fuentes hídricas, para las mismas veredas y para los mismos usos.

La CAM había prorrogado la vigencia de los permisos ambientales por el término de duración del proyecto, lo que hacía innecesario el nuevo trámite.

En estos trámites se gastaron 593, 76 millones de pesos, lo que acrecentó el detrimento patrimonial. Si se hubiera asegurado el traspaso de esos permisos, como era lo procedente, se habría ahorrado la mencionada suma. Tampoco se hizo.

La entidad, admitió el hecho, pero advirtió que existían aspectos legales y jurídicos que implicaban un riesgo de asumir permisos con procesos sancionatorios abiertos no imputables al antiguo Incoder y a la actual Agencia de Desarrollo Rural que lo reemplazó.

 

Incertidumbre

En las actuales condiciones en que quedó el proyecto no es posible realizar ninguna prueba hidráulica en los tramos de la tubería instalados, como lo recomendó la Sociedad Colombiana de Ingenieros, confirmó la Agencia Nacional de Desarrollo. Esto  genera una inmensa incertidumbre. Los esfuerzos realizados hasta finales de sus mandatos por los alcaldes de Tesalia y Paicol, no lograron reactivar la iniciativa, bandera de sus administraciones.

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