La Nación
A juicio jóvenes de la ‘primera línea’ en Neiva 1 28 marzo, 2024
INVESTIGACIÓN

A juicio jóvenes de la ‘primera línea’ en Neiva

Rafael Rodríguez C.

rafael@lanacion.com.co

 

A juicio fueron llamados los jóvenes miembros de la denominada ‘primera línea’ en la ciudad de Neiva, quienes durante el paro, en los meses de mayo y junio de 2021, habrían vandalizado establecimientos comerciales, retenido personas y quemado vehículos de servicio público.

El Fiscal Cuarto Especializado de Neiva, en la acusación ante el Juez Quinto Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento, señaló que se trataba de una “estructura delincuencial al margen de la ley, que se dedica a la obstrucción de vías públicas, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial, planeación de hechos delictivos que alteraban la tranquilidad pública, aprovechando, y utilizando como fachada para ello, las manifestaciones de protesta social”.

El delegado del ente acusador manifestó que la investigación contra la ‘primera línea’ comenzó con la información aportada por fuentes que manifestaron que integrantes de la agrupación se dedican a la perturbación al servicio de transporte público colectivo, de vías públicas, incendio, constreñimiento ilegal e instigación a delinquir.

La acusación fue contra Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Anyi Carolina Cuellar Ospina, Pablo Fernando Vargas Lima, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Vanessa Sánchez Cabrera, Ignacio Sebastián Zambrano Rodríguez y Andrés Felipe Yara Vargas.

El grupo deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial, obstrucción a las vías públicas, incendio, constreñimiento ilegal e instigación a delinquir.

En la acusación el fiscal indicó que en desarrollo de la investigación se logró establecer cada uno de los roles ejercidos por los miembros de la agrupación y el líder de la misma. “Se conoció que Jhon German Pastrana Perdomo, alias ‘Jhon Enfermero o Mono’, es el líder y vocero de la organización delictiva…”.

El grupo, que había sido cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y que apeló la medida, fue beneficiado con la detención domiciliaria por el Juez Cuarto Penal del Circuito con Función de Garantías. “La medida carcelaria resulta innecesaria…”, dijo el togado.

Sostuvo el operador judicial que la medida privativa de la libertad en su lugar de residencia también garantiza “en forma idónea el fin constitucional para proteger a la comunidad…”.

El juez señaló que desde su residencia “no podrán a su albedrío vulnerar los bienes jurídicos tutelados y que presuntamente trasgredieron en el marco de las protestas sociales, con ocasión a los hechos que les fueron imputados”.

Indicó además que “máxime cuando el grupo delincuencial al que pertenecían fue desarticulado y su líder se encuentra fuera del país”.

 

Roles

El delegado del ente acusador sostuvo que cada uno de los integrantes de la agrupación delictiva desarrollaba un rol dentro de ella.

Señaló que García Mosquera, coordinaba la realización de actividades de protesta, manifestaciones, puntos de bloqueo; Herrera Pimentel, tenía el rol de vocero; Cuellar Ospina, vocera y coordinadora de “conductas delictivas”; Vargas Lima, vocero y coordinador, convocando gente para que se uniera a la participación de eventos vandálicos.

Además, indicó que Reyes Cuellar, vocero y representante del gremio de los camioneros, encargado de dar órdenes de obstrucción de vías; Sánchez Cabrera, apoya, coordina, organiza y brinda primeros auxilios a los integrantes de la primera línea; Zambrano Rodríguez, vocero y coordinador de las actividades delictivas dentro de la protesta social, tales como cierre de vías nacionales y municipales y puentes y Yara Vargas, fungió como comunicador, y entregaba información contraria a la realidad, utilizando para ello redes sociales, la cual usaba como medio “para incitar a la violencia de la ciudadanía contra entes del Estado y fuerza pública siendo vocero y coordinador”.

 

Secuestraron y quema de vehículos

El fiscal en la acusación señaló que las interceptaciones telefónicas permitieron establecer los hechos delincuenciales que perpetraron en el puente Santander, El Tizón y la Universidad Surcolombiana, además de la obstrucción de vías públicas.

Precisó además que en el desarrollo de las protestas, se evidenciaron la comisión de múltiples conductas delictivas, entre ellas el “secuestro del médico Elmer Julián Díaz López, el 3 de junio de 2021 a las 3:00 p.m, cuando se encontraba en la clínica Medilaser ubicada en la calle 26 #3w – 98 Andaquies”.

Además de la participación en la incineración del vehículo de servicio público de la empresa Autobuses, ocurrida en inmediaciones del intercambiador vial de la Universidad Surcolombiana (Usco), el 12 de mayo. También son investigados por la incineración y hurto de la estación de servicio Cootrasganadera, ocurrida el 17 de mayo.

Sostuvo el ente acusador que, además, estarían involucrados en hurtos y saqueos a supermercados; así como a la exigencia de dinero a un transportador de carga para permitirle pasar con mercancía, el 29 de mayo de 2021. “Hay elementos de prueba sobre el robo de un arma traumática a un hombre, a quien, supuestamente, agredieron y se apoderaron de sus pertenencias”.

Precisó que el día 3 de junio de 2021, habrían hurtado un revólver y retuvieron a su propietario, el conductor de un vehículo que transportaba medicamentos. Además, que estarían comprometidos en la incineración del tractocamión de la empresa de transporte de carga pesada Cemex y de un colectivo de la empresa Expreso Bolivariano, ocurridos también el 3 de junio.

Los miembros de la ‘primera línea’ son señalados de la vandalización, hurto y saqueo del establecimiento D1 el 17 de junio. Además, la destrucción del peaje de Neiva, el 17 de junio.

Fotografías, videos de cámaras de seguridad, testimonios de víctimas, interceptaciones telefónicas, y trabajo de inteligencia por parte de las autoridades, fueron claves para que un juez de garantías expidiera las órdenes de captura contra los ocho miembros de ‘Los Escuderos’.

 

Defensores pidieron nulidad de la acusación

Los defensores de los procesados solicitaron a la juez, el viernes pasado en la audiencia preparatoria, que se declarara la nulidad de la acusación, al señalar que no es precisa en cada uno de ellos.

“El escrito de acusación nos muestra una cantidad de hechos que no nos dice nada en concreto, habla de 10 eventos que resultan genéricos, no es posible realizar una acusación de la manera tan genérica que se está haciendo”, señaló uno de los defensores.

Agregaron que el fiscal no presentó de manera clara el hecho en que incurrieron los jóvenes. “Tenemos que acusar a cada persona por la conducta cometida…tiene que explicar que conductas, la forma como actuó”.

Sostuvieron que faltaron elementos y concretar los hechos jurídicamente relevantes. “Que la Fiscalía cumpla con la carga que le exige la Ley, no se ha podido precisar cuál es la conducta de cada uno de ellos”.

Precisaron que el escrito de acusación afecta el derecho a la defensa. “No podemos ejercer el principio de contradicción si no sabemos de qué nos están acusando, sobre qué hechos están respondiendo, no sabemos con claridad que tiene la fiscalía para acusar a los procesados”, indicó el abogado Sebastián González Cortés.

Sobre las observaciones que hicieron los abogados al escrito de acusación, la fiscal de apoyo señaló que no podía hacer un pronunciamiento al respecto y pidió la suspensión de la audiencia. “Esta delegada no es la titular de la investigación, por lo tanto, debe ser el fiscal titular quien debe estar en esta audiencia y pronunciarse ante la petición de la defensa, considero que es pertinente a suspensión de la misma para poder hacer el pronunciamiento de forma adecuada”.

La juez, ante la solicitud de la fiscal, suspendió la diligencia y fijó para el 22 de febrero la nueva fecha para continuar la audiencia, y darse a conocer la decisión sobre la petición de nulidad. “Que se garantice la presencia de un fiscal que si conozca y que intervenga para poder avanzar”.

 

Niegan libertad a ‘voceros de paz’

El pasado mes de diciembre, entre los jóvenes de la ‘primera línea’ en el país, que serán designados voceros de paz, se encuentran cuatro de la capital huilense.

El pasado mes de diciembre, el gobierno del presidente Gustavo Petro, manifestó que designaría como ‘voceros de paz’ a varios jóvenes de la primera línea en el país, entre los que se encontraban los neivanos, Andrés Felipe Yara, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes y Kevin David García.

A principios de este mes de enero, los jóvenes firmaron el acta de compromiso para que cumplan con las funciones que les asignaría el Gobierno, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, solicitó la suspensión de la medida de aseguramiento domiciliario que tenían.

El pasado jueves la Juez Cuarta penal Municipal de Neiva con Funciones de garantías negó la libertad de los cuatro procesados, al considerar improcedente la suspensión de las órdenes de captura, que no se encontraban vigentes.

La operadora judicial manifestó que mediante acta la Comisión Intersectorial recomendó al Presidente la República designar a los procesados como ‘voceros de paz’ por pertenecer a organizaciones sociales humanitarias, “tal documento nunca fue allegado para corroborar el cumplimiento de tales presupuestos…”

Agregó además que bajo el principio de reserva legal y en un estado democrático de derecho, la única instancia para producir normas es el legislador. “Esa es su función natural en efecto de garantizar la división de poderes, no es permitido para el operador judicial, en este caso un juez con control de garantías, bajo la premisa de una interpretación sistemática, suplir la labor del legislador y dotar a la norma de un contenido o alcance adicional para hacer los beneficiarios de una suspensión de una medida de aseguramiento, instituto que por el momento no existe en el imperio de la Ley 906 por una medida de sustitución no privativa de la libertad o de otorgar una libertad inmediata cuando el legislador no lo indicó de esa manera…”.

La togada ante el análisis de las normas decidió negar la libertad a los cuatro jóvenes de la ‘primera línea’ en Neiva. “El despacho no accederá a las peticiones elevadas por la defensa toda vez que resultan improcedentes, el juzgado niega por improcedentes la solicitud de libertad de los ciudadanos y niega por improcedente las peticiones de suspensión y sustitución de la medida de aseguramiento impuestas”.

La decisión de la jueza no fue apelada por los abogados defensores de los cuatro procesados.