RICARDO AREIZA
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Un prestamista ‘gota a gota’ irá a juicio oral por amenazar a una mujer, aparentemente morosa en el pago de las cuotas diarias que debía cancelarle. Ante los insultos e improperios de que era víctima, la dama de 60 años, decidió denunciarlo.
El operador de esos préstamos ‘pagadiario’ con altas tasas de usura, fue capturado el 24 de mayo de 2017 en el barrio Ullumbe en San Agustín. Los vecinos alertaron a la Policía por las intimidaciones y minutos después fue capturado en flagrancia.
El agiotista, Wilson Marín Murcia, de 35 años, fue sorprendido por una patrulla policial en el momento en que realizaban las agresiones. En ese procedimiento también fue detenido Jaider Correa Rubio. La ofendida María Enelia Calderón los denunció.
Correa Rubio fue dejado en libertad y desvinculado del proceso. El segundo permanece con detención domiciliaria.
El 21 de julio de 2017 la Fiscalía lo acusó formalmente por el delito de constreñimiento ilegal.
Según el Código Penal, sólo por el delito constreñimiento ilegal, sin que exista otro agravante, el imputado puede purgar entre 16 y 36 meses de prisión.
Preclusión
El caso fue estudiado sin objeciones, incluso en la audiencia preparatoria. El 16 de agosto pasado, fecha en la que estaba programada la iniciación del juicio oral, el apoderado solicitó inesperadamente la preclusión del proceso, en su criterio, porque el delito por el que fue acusado el prestamista, había desaparecido.
El argumento fue soportado con una declaración escrita, según las cuales, las víctimas aseguraban que no fueron agredidas ni física ni verbalmente. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito negó la petición.
La Fiscalía advirtió que el escrito resulta insuficiente para demostrar la inexistencia del delito de constreñimiento ilegal ya que los dos implicados fueron detenidos en flagrancia por los agentes de la Policía, testigos de los hechos. Además, aseguró que tiene todos los elementos probatorios que precisan las amenazas.
A juicio
“Esos medios probatorios en sede de juicio oral deben ser confrontados e incorporados con el respectivo testigo de acreditación, permitiendo todas las fases del interrogatorio y contrainterrogatorio para intentar esclarecer la verdad”, precisó el juez de conocimiento al respaldar la posición de la Fiscalía. La decisión fue impugnada.
Los dos policías que participaron en la diligencia reiteraron no solo las agresiones contra la anciana mujer, sino con las amenazas de llevarse el equipo de sonido, el microondas y otros elementos para pagar sólo la cuota de la semana.
Apelación
Según el Tribunal Superior de Neiva, la causal de preclusión, invocada con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, resultaba improcedente.
“La versión de los hechos vertida en la denuncia se ha mantenido intacta durante la etapa de investigación, siendo esta precisamente el origen de la misma y hasta tanto no sea desvirtuada legalmente la presunción de inocencia que le asiste al acusado”, expresó el magistrado ponente Álvaro Arce.
Gravedad
El caso no es el único. Hechos como éste son frecuentes en muchas regiones, sólo que no son denunciados.
Para los prestamistas, los inconvenientes para cancelar las altas cuotas, no son justificaciones y recurren a la violencia o las presiones para cobrar las deudas bajo amenazas.
Esta modalidad de préstamo informal, no regulado, se ha generalizado en sectores populares en muchas regiones del país.
El ‘gota a gota’, define la suma y el plazo, fija los intereses a cobrar, que superan en muchos casos el 15% mensual; es decir, 435% efectivo anual, según Asobancaria.
El ‘cliente’ recibe además del dinero, una factura. El prestamista se queda con un formulario que utiliza para cobrar diariamente la cuota.
Las autoridades, especialmente la Policía, vienen liderando campañas contra esta modalidad de préstamos, con intereses que superan considerablemente las tasas de usura.