La implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC sigue avanzando y eso significa una luz de esperanza para el país. No obstante, el paso lento de la implementación puede generar inconvenientes en el desarrollo de etapas decisivas como la entrega de armas o, incluso, la reinserción de los combatientes a la vida legal. El nerviosismo de las tropas aumenta con la demora en la construcción de campamentos adecuados, con los pocos equipamientos médicos con los que cuentan y, en general, con la precaria infraestructura para enfrentar un proceso de estas dimensiones.
Parece que los guerrilleros de las FARC ahora tienen que vérselas con el pesado muro burocrático del Estado colombiano el cual gracias a importantes dosis de corrupción se ha convertido en un enemigo duro de combatir. Las eternas filas para pedir o entregar cualquier documento, las infinitas horas de espera para una cita médica, las recetas llenas de acetaminofén, el robo del erario público, en fin, la corrupción generalizada dentro del Estado puede llegar a ser tan dañina como el mismo conflicto armado.
El problema de los cultivos de coca es otros de los retos con los que se va a encontrar la institucionalidad. A las comunidades que históricamente han subsistido del cultivo de la coca no se les puede llegar con el cuento, a secas, de que tienen que dejar de realizar esta actividad. Primero sería indispensable ofrecerles garantías reales por parte del Estado que les permita vivir con dignidad y con oportunidades para todo su núcleo familiar y social. Además de esto, el Estado colombiano, históricamente débil, no puede permitir que otros grupos armados ocupen los territorios que están dejando las FARC. Decir que el Estado tiene que llegar a todo el territorio parece una redundancia a la luz de la teoría política clásica. Sin embargo en Colombia, donde ya van más de veinte líderes sociales asesinados en lo que va corrido del año 2017, es necesario repetir las funciones simples de cualquier Estado que se considere moderno: proteger la vida de sus ciudadanos.
Lo del paso lento se puede ir ajustando en el camino siempre y cuando exista una verdadera voluntad política por parte del gobierno actual y de la comunidad internacional por llevar a buen término el proceso de paz. De lo contrario lo que se podrían generar son otros ciclos de violencias mucho más caóticas y difíciles de controlar. Ojalá el Gobierno se tome este proceso de una forma sincera de manera que cumpla con lo pactado. Ello garantizaría que la reconciliación, la disminución de la desigualdad, la reparación de las victimas junto a las garantías de no repetición y una apertura política fueran un hecho. No una ilusión.
