En Colombia, nos jactamos de ser la democracia más consolidada de América Latina. Está máxima responde entonces a que tendríamos una sociedad donde prevalece el respeto a la Constitución. En la que el equilibrio de poderes constituye una condición elemental de un régimen constitucional moderno. Pues esto, como es de conocimiento público en la actual coyuntura de aprobación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se pondría a prueba, dado que se inicia el debate y aprobación de reformas previstas por el presente gobierno y que se surtirán en el Congreso de la República y, también como se ha indicado, en las calles. A prueba porque los agentes políticos tendrán que demostrar su independencia en la coyuntura y las autoridades comprometidas con el Estado de Derecho actuar a la altura de la responsabilidad que exige el momento.
Está superado, al menos en Colombia, acceder y mantenerse en el poder mediante la fuerza, o la instauración de un régimen que perpetúe a un solo gobernante, o el que justifique la inspiración divina y permanezca gobernando hasta con sus herederos como fuera implantado en los egipcios, romanos, mogoles, incas y otras culturas más, incluido al lado de nuestro país. Si se intentara, sobran los referentes históricos de la revolución gloriosa (Inglaterra, 1688), independencia de las XIII Colonias (1776), revolución francesa (1789), al igual que ejemplos más recientes de sociedades inconformes que han impedido desequilibrar la balanza entre los tres poderes. La sociedad colombiana no será la excepción en impedirlo en estos tiempos. Es menester recordar este aspecto en particular porque absolutamente todos los actores sociales y políticos debemos participar y vigilar que el poder legislativo (Congreso de la República) con todos los senadores y representantes a la cámara respondan a las necesidades que se les exige con esta oleada de reformas. Ni pupitrazo en aprobación de leyes, ni coalición arrodillada, tampoco enmermelados o vendidos por burocracia, ni aplastando a las minorías, ni todos gobiernistas y mucho menos ajenos o de espaldas del clamor de las mayorías de los ciudadanos o del pueblo. Todos alertas y en primera línea como se aprendió, para realizar seguimiento a los trámites, discusión y aprobación de los proyectos por el cual fuera convocado a sesiones extraordinarias el congreso de la república mediante decreto presidencial.
La academia, movimientos políticos y todos los sectores en general a la carga. Esta será una legislatura definitiva que requiere nuestra mayor atención y seguimiento porque discutirá y aprobará no solo la agenda social del gobierno Petro, sino más de 30 proyectos, más las reformas de la salud, pensional y laboral que se presentarán en las sesiones que arranquen en marzo. Sin embargo, hay un punto o asunto que llama la atención y es el de mayor cuidado por no decir peligroso: la solicitud al congreso de 14 facultades extraordinarias para el presidente. ¿Quedará el congreso contando naranjas? Como le ocurre a la mayoría de concejos municipales en el país, cuando otorgan facultades plenas a los alcaldes. Se dan cuenta tarde. No a las improvisaciones en estas reformas. Los congresistas no se pueden dejar obnubilar ahora que hay plata o bonanza fiscal, pues curiosamente, y gracias al petróleo y carbón, se recaudó el año anterior (2022) cerca de 50 billones de pesos más. Se pasó de 173 a 228 billones.
Esto sin contar lo previsto en las dos reformas tributarias aprobadas incluida la de Petro. Prohibido malgastar ese dinero en esta coyuntura. Prohibidos congresistas, prestarse para ello. El gobierno que utilice esos recursos para disminuir el déficit fiscal, recuperar el grado de inversión y no aceitar una maquinaria política en estos momentos de reformas. “Pedagogía de reformas en marcha”. Fortalecimiento del equilibrio de poderes ¡arriba! No asomos de emperadores.