La reforma del Gobierno Nacional promete fortalecer la autonomía territorial de los departamentos, distritos y municipios, y los recursos del Sistema General de Participaciones. ¿Por qué el Banco de la República no lo ve con buenos ojos?
La comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Acto Legislativo que busca modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Se trata de una reforma al Sistema General de Participaciones que propende por fortalecer la autonomía territorial de los departamentos, distritos y municipios de Colombia, según ha recalcado el Gobierno Nacional.
Actualmente, los entes territoriales reciben poco más del 20% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), pero la reforma busca aumentar este porcentaje al 39,5%, lo que permitirá mejorar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento. Ayer, con 26 votos a favor, la comisión Primera permitió el avance, a octavo y último debate.
Durante la discusión, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que hay tres líneas claves para esta deliberación que fueron fijadas en una discusión interna y profunda al interior del Gobierno. Además, resaltó que responde a una demanda histórica de las regiones por mayor autonomía financiera y administrativa, y es crucial para que el Estado lleve sus recursos y programas directamente a los territorios.
“La primera es que este Acto Legislativo no entra en vigencia si no se aprueba una Ley de competencias en los próximos dos años. La segunda es que este esfuerzo tiene que contribuir al cierre de las brechas entre los territorios del país. Y tercero, que se va a aumentar significativamente la bolsa de Educación del Sistema General de Participaciones”, aseguró Cristo.
“En riesgo la sostenibilidad fiscal”
Pero desde el otro lado, un documento reciente elaborado por el grupo de análisis fiscal del Banco de la República, alerta que hay un riesgo fiscal y macroeconómico debido a este proyecto de ley.
Los expertos del emisor, realizaron una estimación cuantitativa del impacto fiscal y macroeconómico de la iniciativa, advirtiendo que de aprobarse, “la senda de la deuda pública sería creciente, con exigencias cada vez mayores para cumplir la regla fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
Además, que “el aumento de la deuda resultaría en aumentos en los costos de financiamiento de la economía y tendría impactos negativos significativos sobre la capacidad productiva de la economía”.
Detallan que el aumento en el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública es aún mayor si se tiene en cuenta la incertidumbre sobre los ingresos fiscales a futuro y que la economía es vulnerable a choques adversos. “La capacidad de respuesta contracíclica de la política fiscal y de la política monetaria a estos choques se vería reducida por el muy probable aumento de la deuda y la inflexibilidad del gasto que implica el proyecto de ley”.
El proyecto pasa ahora a su octavo y último debate.
