La Nación
Abren desacato por ocupación de pasaje peatonal 1 18 agosto, 2022
INVESTIGACIÓN

Abren desacato por ocupación de pasaje peatonal

A pesar de un incidente por desatender un fallo judicial, la administración reasignó las casetas del pasaje ‘José Eustasio Rivera’.   En los próximos días  se decidirá una medida cautelar por la ocupación de este espacio público.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El Tribunal Administrativo del Huila abrió formalmente un nuevo incidente de desacato por la renuencia de las autoridades locales para desmontar las improvisadas casetas ubicadas en el pasaje peatonal ‘José Eustasio Rivera’.

Adicionalmente inició el trámite de una medida cautelar para impedir que esos módulos puedan reactivarse durante la temporada sampedrina que comienza el próximo viernes.

El tercer incidente fue propuesto por Álvaro Díaz Zambrano, administrador del Edificio Sevilla y residentes del sector, exponiendo razones de inseguridad, contaminación auditiva e ilegal ocupación del espacio público.

La ubicación de las casetas en ese sector fue restringida por una acción popular fallada hace 19 años.

Por el uso indebido del suelo en este pasaje peatonal, el Tribunal Administrativo del Huila tramitó  en el pasado otros dos incidentes de desacato que terminaron con sanciones.

El primero fue resuelto mediante auto de mayo 20 de 2009. El segundo fue admitido en abril de 2010 y terminó con una sanción  a la Alcaldía de Neiva y a la Gobernación del Huila por incumplir con el fallo judicial.

Las dos entidades fueron condenadas a pagar una multa de diez millones de pesos con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos

Incumplimiento

Sin embargo, contrariando esa orden judicial, la administración municipal decidió ubicar esos módulos comerciales con carácter provisional mientras se entregaban los locales del pasaje comercial en el ‘Malecón del Magdalena’.

Sin embargo, a pesar de haberlos entregado, la administración decidió reasignar las casetas durante la temporada sampedrina.

Ese anuncio provocó la solicitud de una medida cautelar para que se prohíba la reactivación durante esta época.

El magistrado Enrique Dussán Cabrera, quien tramita el incidente, requirió a la administración la presentación de todos los soportes  y los actos administrativos que se hayan expedidos  y que regulen el uso del suelo en este sector; las condiciones en que se entregaron las casetas, las certificaciones de paz y salvo y pago de impuestos de los adjudicatarios sobre el uso de estos espacios públicos.

Y además, las certificaciones sobre los derechos de conexión de los servicios públicos.

La administración no entregó estos documentos, lo que reactivó el incidente de desacato.

Reactivación

A pesar de la polémica Lina Fernanda González, directora de espacio público, confirmó que los módulos fueron readjudicados durante la temporada, acatando lo dispuesto el pacto de cumplimiento.

“Las personas a quienes se les adjudique el respectivo permiso no podrán vender ni comidas; ni bebidas.  Tampoco podrán utilizar música a altos niveles. Lo anterior para el apoyo a las actividades eventos culturales de la fiesta sampedrina”, precisó la funcionaria en un oficio remitido el 27 de mayo.

La funcionaria admitió el estado de abandono obligó a reasignarlos.

“Es importante manifestar que una vez pasada la temporada sampedrina que inicia el 10 de junio y termina el 4 de julio del presente año, los módulos se someterán a reubicación bajo la Direccion de Ordenamiento Territorial”. El anuncio calentó aún más la controversia.

La polémica

“Los artesanos y comerciantes no recibieron esas casetas por la inseguridad, por carencia de servicios sanitarios y falta de servicios públicos”, recordó Álvaro Díaz Zambrano, administrador del conjunto Sevilla.

Sin embargo, la Alcaldía en el desespero para justificar el gastos de construcción e instalación de las casetas, las ofreció  indiscriminadamente sin tener en cuenta su destinación lo que significa que se podían utilizar cualquier tipo de negocios”, precisó. Pero además, sin contar con los servicio públicos, ni sanitarios.

“Ahora se pretende reasignarlas durante las fiesta de San Pedro sin tener en cuenta la falta de servicios públicos, vías de acceso y sitios de parqueo, pero con la intención de ser permanentes”, subrayó.

El incidentalista argumentó que el recinto ferial, ubicado a un lado del centro de convenciones, es un sitio construido y dotados para prestar esos servicios.

Ante esa situación, en un escrito por separado, solicitó que se decrete la medida cautelar para evitar que esos módulos puedan ser reasignados.

Confirmación

La abogada Doris Manrique se opuso a la medida cautelar, argumentando que la solicitud no reúne los requisitos legales. Además, confirmó que los módulos serán ocupados respetando las restricciones contenidas en la acción popular.

“Es importante manifestar que una vez pasada la temporadas Sampedrina que inicia el 10 de junio y terminará el 4 de julio del presente año, los módulos se someterán a reubicación bajo la Dirección de Ordenamiento Territorial”, reconfirmó la directora de Espacio Público.

De hecho, estando en trámite el incidente de desacato, la administración municipal reasignó los módulos.

Escampadero

El pasaje peatonal fue creado en 1975 como un paseo urbanístico, para peatones,  para el uso y disfrute del espacio público y no como un escampadero con fines comerciales. El pasaje peatonal fue adoquinado en el 2008 con la peatonalización de la Carrera Quinta y el ‘Camellón de la 14’, para uso y disfrute de peatones.

Hace dos años fue convertido en  un improvisado albergue temporal, supuestamente, para reubicar a los artesanos desplazados del Malecón.

Sin embargo, los comerciantes se negaron a ocuparlos por las deficiencias encontradas y hoy están abandonos, convertidos en nuevos focos de inseguridad.

El mobiliario fue instalado en junio de 2020 cuando comenzó la reconstrucción del ‘Malecón’ sobre la margen derecha del río Magdalena, para ventas informales.

Aunque el renovado mobiliario fue entregado recientemente por la Alcaldía, los módulos del pasaje peatonal se convertirán en albergues estacionarios.

 “Además, en sus alrededores la alcaldía autorizó la apertura de tres bares, de propiedad de personas cercanas a la administración municipal. Estos gastrobares laboran hasta altas horas de la noche, siendo fuentes de escándalos y música estridente”,  sostuvo Díaz Zambrano durante la audiencia de verificación presidida por el magistrado Enrique Dussán Cabrera.

Pacto incumplido

El fallo que aprobó el pacto de cumplimiento fue firmado el 27 de agosto de 2003. La sentencia aprobatoria prohibió el uso del espacio público que corresponde al sector comprendido entre el Centro de convenciones y sus alrededores incluidos el pasaje José Eustasio Rivera, para la ubicación de casetas destinadas al expendio de bebidas alcohólicas y/o alimentos.

La Gobernación del Huila se comprometió a reglamentar el uso del espacio público correspondiente a la plazoleta y entorno del Centro de convenciones José Eustasio Rivera a más tardar el 26 de agosto de 2003. Nunca lo hizo.

Según el pacto, este espacio no sería utilizado para orquestas, animación de verbenas públicas, fiestas, destinación de casetas para expendio de licor o comidas.

De igual forma la Alcaldía de Neiva se comprometió a prohibir el uso indebido del espacio público en este mismo sector y a ejercer los debidos controles para impedir un uso distinto como la ubicación de casetas, carpas, canecas, destinadas a la distribución o expendio de bebidas alcohólicas y/o de alimentos y deberá controlar de manera efectiva dichas ventas ambulantes a través de la Policía Nacional.

El procurador judicial David de La Torre, demandó de las autoridades competentes el acopio de la información sobre el estado del cumplimiento y demandó de la comunidad las evidencias sobre el incumplimiento.

El magistrado Enrique Dussán Cabrera ordenó a la administración municipal y a la Gobernación del Huila, el reporte sobre el cumplimiento y reglamentación de la zona, exigió de la Policía las medidas de control, para determinar si amerita la apertura del tercer incidente de desacato por incumplir el fallo judicial y por lo tanto el desmonte del improvisado mobiliario.