Empiezan a crecer las voces que muestran su preocupación ante el alarmante incremento de hechos de violencia contra excombatientes de las Farc y sus familiares que se encuentran en proceso de reincorporación política, social y económica en el Huila y varias regiones del país. Una de esas voces es la de la Procuraduría General de la Nación, que está llamando la atención del Gobierno Nacional para que se articulen e implementen acciones “urgentes” para frenar los homicidios, atentados y amenazas en municipios como Pitalito y Algeciras.
De acuerdo con la Misión de Observación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc se han presentado 212 asesinatos de excombatientes en proceso de reincorporación, así como 48 intentos de homicidios y 15 desapariciones.
En efecto, el país asiste impávidamente a la ola de violencia contra firmantes del acuerdo de paz. Lo que debería ocurrir, como respuesta, es el fortalecimiento de las medidas de prevención, protección y seguridad necesarias para garantizar por parte del Estado una actuación oportuna en caso de presentarse algún hecho de violencia contra la población de excombatientes, tal como lo está reclamando la Procuraduría.
Y sobre los municipios en donde se concentra un buen número de excombatientes, como Algeciras, en donde la semana pasada hubo una masacre que dejó cuatro personas muertas y dos más heridas, las autoridades están obligadas a concentrar todos sus esfuerzos para evitar nuevos hechos de violencia.
Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, Algeciras requiere de una intervención integral por parte del Estado que incluya ambiciosas inversiones de índole social. Desafortunadamente, los algecireños se quedaron esperando del Gobierno Nacional los famosos ‘dineros de la paz’.