El ex concejal José Armando Acuña demandó al Estado por no haberle ofrecido las garantías, en calidad de persona protegida, lo que facilitó el secuestro que se prolongó durante 22 meses. En trámite conciliación prejudicial. El ex concejal José Armando Acuña demandó al Estado por no haberle ofrecido las garantías, en calidad de persona protegida, lo que facilitó el secuestro que se prolongó durante 22 meses. En trámite conciliación prejudicial. HUMBERTO SOSA LA NACION, GARZON Una indemnización estimada en unos 3.035 millones de pesos, reclamó el ex concejal de Garzón José Armando Acuña Molina, por los perjuicios morales y materiales producidos por su secuestro perpetrado por las Farc, el 29 de mayo de 2009. El dirigente político fue sacado del recinto del Concejo de Garzón, en plena sesión por un comando armado de la columna móvil Teófilo Forero Castro que dejó tres muertos. La liberación se produjo el 11 de febrero de 2011 tras 22 meses de cautiverio. La acción de reparación fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Huila y se encuentra en trámite para la conciliación prejudicial. Acuña demandó junto con su esposa Nubia Segura Losada, actual concejal de Garzón, estimando que el Estado fue responsable del plagio, por no haberle ofrecido la protección adecuada, tratándose de una persona protegida por su calidad de Concejal. La acción judicial fue presentada a través de su abogado Carlos Vidal González. A conciliación A la conciliación prejudicial fueron citados el Ministerio del Interior representado en la actualidad por el titular Germán Vargas Lleras; el Ministerio de Defensa en cabeza del titular Juan Carlos Pinzón; el director de la Policía Nacional, el comandante de las Fuerzas Militares, la gobernadora Cielo González Villa y el alcalde Delio González Carvajal. La acción de reparación fue notificada a las partes y se suma a las reclamaciones que han presentado la mayoría de los secuestrados, cuyas pretensiones ascienden a más de 30.000 millones de pesos. Otras demandas La más significativa la presentó Gloria Polanco, secuestrada el 26 de julio del 2001 en el edificio Miraflores de Neiva (Huila) reclama 12.530 millones de pesos. También demandaron otros secuestrados del edificio Torres de Miraflores. El senador Jorge Eduardo Géchem, plagiado el 20 de febrero del 2002 en un vuelo de Aires, pide 7.380 millones. El ex congresista Orlando Beltrán, plagiado el 28 de agosto del 2001 cerca del municipio de Gigante, Huila, reclama 7.895 millones de pesos. La ex congresista Consuelo González, secuestrada el 10 de septiembre del 2001reclama 800 millones de pesos por perjuicios morales.