La Policía uruguaya ya ha recibido nuevas denuncias de muertes sospechosas tras el procesamiento con prisión de dos enfermeros por el homicidio de 16 pacientes, mientras las autoridades anunciaron investigaciones administrativas en los centros donde ocurrieron los asesinatos. MONTEVIDEO (AFP) La Policía uruguaya ya ha recibido nuevas denuncias de muertes sospechosas tras el procesamiento con prisión de dos enfermeros por el homicidio de 16 pacientes, mientras las autoridades anunciaron investigaciones administrativas en los centros donde ocurrieron los asesinatos. “Ya están llegando más denuncias, se irán trabajando concretamente de a una”, dijo a la AFP el comisario Angel Rosas, de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, a cargo de la investigación. “Esto genera mucha conmoción pública y personas que tuvieron dudas sobre el fallecimiento de alguno de sus familiares en estos centros de salud se inquietan y se acercan a la Policía”, añadió. El caso de dos enfermeros procesados por el homicidio de al menos 16 pacientes y de una enfermera como cómplice, horrorizó a la sociedad uruguaya -donde no hay antecedentes de casos de este tipo- y conmocionó al sector médico, especialmente en las dos instituciones donde ocurrieron las muertes. Uno de los aspectos llamativos del caso es que hasta ahora no se ha comprobado que los imputados -uno de los cuales confesó 11 asesinatos y el otro cinco- ejecutaran a sus víctimas en forma coordinada. De todas formas, “los dos enfermeros y la enfermera en un centro de salud trabajaban todos juntos, así que se conocían”, dijo Rosas. Según reveló el juez de la causa, Rolando Vomero, los acusados indicaron que actuaron “porque no querían ver sufrir a la gente”, algo ratificado por los abogados defensores. Sin embargo, tanto la Policía como las autoridades sanitarias descartaron de plano esa intención. “Para nosotros son conductas criminales. La hipótesis de piedad cae sobre su peso cuando en el caso que detonó todo la persona ya estaba dada de alta y falleció a raíz de las actuaciones de una de las personas”, enfatizó Rosas. Si bien la primera denuncia fue en enero, el caso que aceleró las investigaciones ocurrió la semana pasada, con el fallecimiento de Santa Gladys Lemos, una mujer diabética de 74 años que había sido dada de alta tras 12 días de hospitalización. “Nos dijeron que había fallecido de un infarto. Pero con la autopsia no fue un infarto, fue una trombosis”, relató su hija Miriam Rodríguez a medios de prensa. La familia fue informada que el fallecimiento de la mujer se debió a una inyección de lidocaína (anestésico). Esa muerte ocurrió “en un turno de una de las personas a las que se les estaba haciendo un seguimiento por parte de la Policía”, explicó Rosas, lo que incrementó las sospechas de los investigadores. Mientras los medios de prensa afirman que los involucrados podrían ser responsables de decenas o incluso cientos de muertes, ni las autoridades sanitarias ni la Policía quiere manejar cifras sobre la cantidad de casos sospechosos o desde hace cuánto tiempo ocurrirían los asesinatos. Por lo pronto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció investigaciones administrativas en los dos sanatorios donde ocurrieron las muertes y convocará a un experto extranjero que lo asesore en materia de controles, para lo cual inició consultas con la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hemos dispuesto una investigación administrativa en ambas instituciones”, una pública y una privada, dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Jorge Venegas, quien calificó a los enfermeros involucrados de “asesinos seriales”. El MSP iniciará además en los próximos días una serie de inspecciones en el sector privado y público de todas las unidades de cuidados especiales mientras que la Comisión de Seguridad del Paciente trabajará en el incremento de los controles en el sector y en la elaboración de una guía práctica para actuar ante los casos de muertes “sin diagnóstico claro”. Los casos se produjeron en un CTI neuroquirúrgico privado y en una unidad de cuidados intermedios (cardiología) de un hospital público. El viceministro de Salud, Leonel Briozzo, explicó que “las dos situaciones son completamente distintas”, ya que en el primer caso se trata de una unidad “donde hay pacientes muy críticos y donde es dable esperar un desenlace fatal en ellos”, mientras que en el segundo es una unidad donde se atienden pacientes de menor complejidad y no es esperable un deceso. El viceministro aseguró que en ninguna de las unidades los controles habituales habían detectado un incremento de los decesos fuera de lo normal. Briozzo destacó que tras la denuncia inicial los investigadores lograron atrapar a los presuntos asesinos “en un plazo muy breve”, comparado con casos similares a nivel internacional.